PP y PSOE miran hacia otro lado y guardan silencio sobre el supuesto fraude fiscal y el cobro de comisiones del padre del rey

El Partido Popular y el PSOE volvieron este viernes a guardar silencio sobre las grabaciones difundidas por Elespañol y Okdiario que señalan al rey emérito, Juan Carlos de Barbón, como propietario de dinero en cuentas suizas y comisionista de contratos en el extranjero, actividades tipificadas en el Código Penal y castigadas con penas graves. Ambas formaciones han optado, de momento, por sumarse a la Casa del Rey y mirar para otro lado a pesar de que el padre del actual monarca ya no goza de impunidad constitucional y puede ser acusado ante el Tribunal Supremo.

Hace apenas un mes, con ocasión de la entrada en prisión del cuñado de Felipe de Borbón, el presidente Pedro Sánchez y su ministra de Justicia, Dolores Delgado, subrayaron que “la ley es igual para todos” y que “no hay nadie por encima de la ley”. Este viernes, sin embargo, la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Celaá, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, prefirieron seguir otro guión a la vista de las informaciones que apuntan a la comisión de posibles delitos por parte de Juan Carlos I.

Celaá se limitó a afirmar que, “afortunadamente” las grabaciones de Zu Sayn-Wittgenstein no afectan al actual jefe del Estado. El Gobierno no considera su contenido, señaló sin más explicaciones, pese a que afectan gravemente al padre del rey, porque son “grabaciones antiguas”.

La titular de Hacienda, por su parte, se negó a aclarar si se ha abierto una investigación fiscal a Juan Carlos de Borbón. “La Agencia Tributaria, por ley, no habla de contribuyentes, de expedientes, ni investigaciones”, zanjó. Como tampoco revelará los nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal del anterior ministro, Cristóbal Montero, pese a las promesas que el ahora presidente, Pedro Sánchez, hizo cuando estaba en la oposición, porque no existe “capacidad jurídica” para hacerlo.

En 2015 Sánchez defendía que los ciudadanos “se merecen” saber “exactamente cuáles son los nombres y apellidos de esas personasdefendía que se han acogido a esa amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular”. De acuerdo a las informaciones basadas en las grabaciones hechas a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, entre los beneficiados por esa regularización está el rey emérito.

A pesar de no querer decir ni una palabra sobre los indicios que apuntan a Juan Carlos de Borbón como autor de un delito fiscal, Montero no tuvo inconveniente en subrayar que el Gobierno va “a intensificar la lucha contra el fraude fiscal” y va “a incorporar la publicación no sólo ya de los morosos sino de terceras personas que ayudan o participan en esas actividades” para que “se enfrenten a lo que significa que su nombre esté expuesto”.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda sí pidieron a la Agencia Tributaria, a través de su sindicato —Gestha— la apertura de una investigación para demostrar que no existen “escudos fiscales” que protejan a la familia real. El rey emérito, advirtieron, puede ser investigado por fraude fiscal y blanqueo si se acredita la veracidad de las afirmaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Juan Carlos de Borbón estaba obligado desde 2013 a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720. Si se acredita que el padre del rey es el verdadero titular del terreno de Marrakech y de las cuentas en Suiza y no las ha declarado, el valor de dichos bienes es "imprescriptible" y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha, como una ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del 51,5% al tener su residencia en Madrid.

Los mismos técnicos remarcan también que, en este supuesto, el antiguo monarca podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves e incluso, si el valor de los bienes en el extranjero no declarados supera los 233.010 euros, podría estar incurso en un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014. Podría haber, además, un posible delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza paga a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

PP y PSOE no van a tener más remedio que pronunciarse sobre este asunto después de que el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea decidiese retar a los demás partidos a promover conjuntamente la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

“No puede haber espacios de impunidad”

El responsable de Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, y el diputado de En Comú Podem Joan Mena comparecieron en la Cámara baja para animar al resto de partidos a impulsar juntos esta iniciativa desde el convencimento de que “en una democracia, no puede haber espacios de impunidad”.

Unidos Podemos empezó este viernes a recabar los primeros apoyos para pedir la comisión y, de momento, ya cuenta con la firma de los nueve diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu. Con estos apoyos se superan ya las 70 firmas necesarias para pedir que se ponga en marcha una investigación. Los promotores de la iniciativa van a dar aún unos días de margen antes de registrar la propuesta por si se quiere sumar alguno más y para que “se retraten” los que crean que el Congreso no debe entrar en este asunto.

“Si alguien cree que debe haber espacios de impunidad, que lo diga”, señaló Mayoral, recalcando que “nadie puede estar por encima de la ley, se llame como se llame” y que ”los Borbones también tienen que responder por sus conductas”.

Los precedentes, sin embargo, no juegan a favor de la trasparencia que pide Unidos Podemos. De forma recurrente, la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno de la Cámara, ha ido vetando la tramitación de preguntas parlamentarias sobre aspectos relacionados con la Casa del Rey. Habitualmente, el argumento que justifica el rechazo es que la figura del monarca es inviolable según la Constitución o que se trata de consultas "no sometidas al control parlamentario de la Cámara”, aunque el rey emérito ya no es inviolable por los hechos cometidos tras su abdicación, aunque sí está aforado ante el Supremo.

A lo largo de los años PP y PSOE han sumado fuerzas para evitar que el Gobierno se vea obligado a informar sobre asuntos como el supuesto pago de cantidades millonarias a la vedette Bárbara Rey para que guardase silencio sobre su relación con Juan Carlos de Borbón o sobre las circunstancias en que se produjo el accidente que protagonizó el monarca en Botsuana cuando participaba en una cacería de elefantes en compañía de Zu Sayn-Wittgenstein.

La actitud de los partidos mayoritarios, así como la tibieza de Ciudadanos, que hace dos días se pronunció en contra de tratar este asunto en el Congreso —su portavoz económico, Toni Roldán, consideró que es la Justicia quien tiene que dar “una respuesta” y “no los políticos”—, abona el pesimismo de otras fuerzas en torno al recorrido que este asunto pueda tener en la Cámara, como es el caso de Esquerra Republicana. Su portavoz adjunto en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que las revelaciones sobre el padre de Felipe de Barbón y pieza clave de la política española durante los últimos cuarenta años “desgraciadamente no tendrá consecuencias” porque en España “la Corona está protegida por los poderes fácticos“.

El diputado republicano subrayó que las grabaciones demuestran que “en España ha habido gente que durante muchos años se creía que podía hacer lo que le diera la gana sufragado por los ciudadanos”. Si Felipe de Borbón fuera “tan bueno”, estuviera “tan preparado” y fuera “tan listo” como lo pintan, lo que debería hacer, a su juicio, es “presentarse a unas elecciones”. “Las ganará seguro”, concluyó.

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La supuesta testaferro del rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, apunta a Juan Carlos I como beneficiario de la amnistía fiscal de 2012 promovida por el exministro Cristóbal Montoro y puesta en marcha por el PP cuanto tenía mayoría absoluta. Según las grabaciones, en las que la antigua aristócrata, a la que se atribuye una relación sentimental ya finalizada con el antiguo monarca, conversa con el excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, el rey emérito se acogió a la amnistía para traer a España parte de la fortuna que amasó durante su reinado y que hasta entonces permanecía en cuentas suizas.

En la grabación, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que en la actualidad trabaja para una hija del Príncipe Alberto de Mónaco, apunta que sólo una parte del dinero del padre del rey permaneció en un banco suizo a nombre de su primo Álvaro de Orleans, que con el abogado suizo Dante Canonica completaría el aparato de testaferros de Juan Carlos de Borbón para ocultar las cuentas y el patrimonio acumulado durante años.

La que fuera “amiga especial” del rey asegura que “ahora están tratando que yo pase esas cosas [las cuentas suizas que no volvieron con la amnistía] a Álvaro a través de Dante. Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito”.