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El 'caso Villarejo'

El juez del 'caso Villarejo' archiva la investigación contra el excomisario jefe de Barajas

  • Según el juez De Egea, la imputación de Carlos Salamanca tenía una “leve cimentación”, pues estaba basada en la declaración “contradictoria” de otro investigado, Francisco Menéndez Rubio
  • A Salamanca se le investigaba por haber facilitado presuntamente la entrada ilegal de empresarios guineanos a España y por entregar visados a cambio de regalos

Publicada el 18/07/2018 a las 19:33 Actualizada el 18/07/2018 a las 20:18
Sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

E.P.
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea archivó este miércoles la investigación contra el excomisario jefe de Barajas, Carlos Salamanca, su mujer y su hijo por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y contra los ciudadanos extranjeros, en el marco de la causa abierta contra el excomisario José Manuel Villarejo.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera en su auto que no existen “indicios racionales y objetivos” que determinen la participación en estos delitos tanto de Salamanca como de su mujer y de su hijo.

En lo que respecta a la organización criminal, De Egea afirma que, después de todas las diligencias practicadas, no se puede deducir la existencia de ningún elemento que vincule a Salamanca con Villarejo –en prisión provisional desde el pasado noviembre–, “a la vista de que no se han probado ninguno de los elementos” que definen este tipo de delito, informa Europa Press.

A Salamanca también se le investigaba por haber facilitado presuntamente la entrada ilegal en territorio español de empresarios guineanos a cambio de regalos durante sus años como comisario jefe del Puesto Fronterizo del aeropuerto de Barajas, en el que estuvo destinado entre junio de 2006 y enero de 2015.

Contradicciones y suposiciones

Pues bien, el juez cree que la imputación se sostenía en una “leve cimentación” que fue la declaración de otro investigado, Francisco Menéndez Rubio, y asegura que no hay “indicios racionales” para dicha investigación, debido a que “no consta la identidad de ninguno de esos ciudadanos extranjeros que pudieran haber puesto de manifiesto tales hechos” y tampoco hay “prueba documental sobre la expedición de visados en frontera sin el cumplimiento de los protocolos reglamentarios para la concesión”.

Según el magistrado instructor, la declaración de Menéndez Rubio incurre en “importantes contradicciones” y “suposiciones”, sobre todo en lo que respecta a esos supuestos regalos que habría recibido Salamanca a cambio de los visados y que no han sido “ni mucho menos” probados.

Además, el auto destaca que tanto Salamanca como Menéndez Rubio han reconocido en sede judicial que son muy amigos desde 2011, lo cual, para el juez, justificaría las “dádivas o presentes que entre ellos y de forma recíproca se pudieron realizar, pero en ningún caso caben deducirse de los favores fronterizos” que el primero pudiera conceder.

Un procedimiento de visados “muy reglado”

De Egea también subraya en su auto que, tal y como relató Salamanca en su declaración en la Audiencia Nacional, los visados de frontera son “muy específicos” y los trámites de expedición están “muy reglados”, siendo un superior a él, el comisario general, el que debía otorgar la autorización final.

Así pues, el magistrado insiste en que no existen “elementos racionales de imputación suficientes que determinen que las potenciales dádivas o regalos entregados a Carlos Salamanca lo fueran en consideración a su función policial o para la realización por parte de éste de un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo”.

“Tampoco ha quedado ni indiciariamente demostrado que Carlos Salamanca, en atención a su puesto de trabajo, permitiera el circuito económico ilegal español de introducción en territorio nacional de fondos desconocidos de Guinea Ecuatorial, debido a que en ningún momento se ha identificado a persona extranjera que portara esos fondos dinerarios y que por el puesto fronterizo de responsabilidad de Salamanca les hiciera entrar en territorio nacional”, explica.

Por tanto, al no existir los delitos anteriormente mencionados, el juez considera que tampoco se dan “indicios racionales y objetivos” de que los investigados hayan incurrido en “pautas de actuación con instrumentos y herramientas empleados para generar, ocultar y blanquear activos que procederían de actividades ilícitas en el extranjero así como elementos de una organización empleados para manejar una estructura societaria”.
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