El Gobierno promete favorecer el empleo de los jóvenes pero no aclara si permitirá que los becarios sigan trabajando gratis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes en el Congreso la puesta en marcha de un plan de choque para favorecer la inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes, que es el colectivo más afectado por la temporalidad y, en consecuencia, por la incertidumbre ante el futuro laboral.

Aunque no concretó el sentido concreto de esos cambios, desveló que se "revisarán y promoverán" los contratos de relevo, que son los que permiten que un empleado sustituya a un jubilado parcial en la parte de su jornada laboral que ya no realiza; y los de prácticas, a través de los que se incentiva la inserción laboral de los recién titulados con bonificaciones para las empresas. Ambas figuras consagran relaciones laborales regidas por un contrato escrito y sometidas al Estatuto de los Trabajadores.

Cosa aparte son los becarios que, en general, son estudiantes, universitarios o no, que completan su formación en una empresa. La ley no obliga a que las prácticas, curriculares o extracurriculares, sean remuneradas. Pero sí exige un tutor en la empresa y otro en la universidad, además de la firma de un "convenio de cooperación educativa" entre ambas partes que regule las condiciones de las prácticas.

Pues bien, respecto a ellos, Sánchez reveló que se desarrollará "una nueva regulación" de las prácticas no laborales que se formalizan a través de convenios con los Servicios Públicos de Empleo y que están destinados a personas tituladas pero con ninguna o muy escasa experiencia laboral; que se eliminarán las prácticas extracurriculares, que son las que no forman parte de los planes de estudios; y que se creará el estatuto del becario, del que tampoco avanzó qué medidas concretas contemplará. 

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo no se refirió a la posibilidad de acabar con las prácticas no remuneradas.Los becarios que no reciben retribución económica alguna por las tareas que llevan a cabo son sin duda los más vulnerables. Para empezar, porque ni siquiera es posible saber cuántos son. A preguntas de infoLibre, un portavoz del Ministerio de Trabajo explica que se tomarán medidas para incrementar la protección de la figura del becario, aunque no puede confirmar, por el momento, si la remuneración será obligatoria. Admitió, además, que se trata de propuestas "muy incipientes" que se empezarán a abordar "en los próximos meses". 

A partir de 2013 los registros oficiales empezaron a incluir datos estadísticos sobre el número de personas que llevan a cabo prácticas externas, aunque sólo de aquellos que reciben algún tipo de remuneración económica y que, por tanto, tienen derecho a cotizar a la Seguridad Social. En febrero de este año, de cuando son las últimas cifras disponibles, había 81.387 becarios en esta situación. Los que no cobran y, por tanto, no cotizan, permanecen ocultos a esos registros. 

En todo caso, la obligación para las empresas de cotizar por los becarios a los que retribuyen económicamente sólo incluye contingencias comunes y profesionales y excluye la cotización para el desempleo, la Formación Profesional y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La cuota, por tanto, es mínima: 38,06 euros los abona la empresa y 6,67 euros, el becario. Es más, en el caso de las prácticas curriculares, el becario le sale gratis a la empresa en lo que a cotizaciones se refiere: la Seguridad Social se la bonifica al 100%.

Pese a lo que parecen condiciones más que ventajosas, las empresas, e incluso las universidades, han sido muy reacias a permitir esa pequeña protección para los becarios. De hecho, sólo cotizan desde 2013, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo y tras superar la oposición del Ministerio de Educación, que decía hacerse eco del rechazo expresado por las universidades. El departamento entonces dirigido por José Ignacio Wert llegó incluso a redactar un decreto-ley para impedir que los becarios cotizaran.

Remuneración 

En noviembre del año pasado, el PSOE votó a favor de la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos que contemplaba el derecho de todos los jóvenes que estuvieran realizando prácticas curriculares a recibir una retribución económica mensual de una cuantía mínima no inferior al Salario Mínimo Interprofesional calculado en proporción a la duración horaria de las prácticas. Esa iniciativa permanece bloqueada desde entonces en la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno de la Cámara, por PP y Ciudadanos, según afirmó este martes en su cuenta de Twitter uno de los diputados de la formación morada que la promovió, Segundo González.  

Según una encuesta que elaboró en 2013 la Comisión Europea, sólo el 42% de los becarios españoles recibía una contraprestación económica. Y de ellos, únicamente el 29% decía que esa retribución le permitía mantenerse. Otro estudio realizado en 2015 por el portal especializado en búsqueda de empleo Infojobs destapaba que el 52% de los becarios mayores de 30 años no percibía compensación alguna. De hecho, las becas no remuneradas son la norma incluso en los ministerios e instituciones públicas, si bien recientemente el Parlamento Europeo anunció que los estudiantes que realicen prácticas con eurodiputados en la institución dejarían de hacerlo gratis. 

Carlos Gutiérrez, Secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato CCOO, cree que es importante que el nuevo estatuto del becario dote de estabilidad a las prácticas no laborales curriculares y que se cree un marco de calidad que garantice un "apoyo económico" a los estudiantes que van a realizarlas. En todo caso, pone en valor el anuncio del presidente del Gobierno de que se eliminarán las prácticas extracurriculares, a su juicio, el principal "pozo sin fondo donde se cometen los abusos y el fraude porque, en muchos casos, se encubre una relación laboral". "Celebramos que Pedro Sánchez se haya pronunciado en este sentido, aunque habrá que ir a la concreción", subraya. 

Respecto a las prácticas extracurriculares, Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), también ve relevante su prohibición, pues cree que se ha "abusado" de una práctica que es utilizada de forma recurrente para la sustitución de puestos de trabajo estructurales. "Por ejemplo, me he encontrado a jóvenes encargándose solos del trabajo de recepción de hoteles realizando las funciones de recepcionistas a través de prácticas extracurriculares mientras estaban estudiando el grado de Turismo. No creo que esa sea la manera más positiva de adquirir experiencia", subraya. 

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A su juicio, la inserción laboral debe propiciarse a través de los contratos enprácticas, que establecen para los trabajadores una retribución que no puede ser inferior al 60% el primer año y el 75% el segundo de lo que marca el convenio colectivo y que, para las empresas, incluye reducciones del 50% de la cuota a la Seguridad Social por contingencias comunes. "La solución es promover los contratos en prácticas, tal y como ha anunciado el presidente", mantiene Yébenes. 

El portavoz de la UPIT asegura que la Inspección de Trabajo realiza de forma habitual campañas en empresas para cazar irregularidades en el uso de becarios. De esta forma, por ejemplo, se descubrieron las llamadas fábricas de becarios, compañías que se encargan de ofrecer todo tipo de cursos –desde cocina y guitarra hasta yoga, programas informático, jardinería o atención telefónica– para favorecer la realización de convenios con empresas que, de esta forma, aprovechan para tener en sus plantillas trabajadores a precio low cost.

Por eso Yébenes también ve oportuno que se cree el estatuto del becario al que ha aludido Sánchez. "No está de más una regulación específica de la figura del becario, no para abusar de ella sino para delimitarla y establecer las diferencias claras respecto al contrato de trabajo", sentencia.