Futuro de la monarquía
Robles rechaza que se investigue si el rey emérito tiene dinero en Suiza y cobró comisiones en otros países
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ve con "normalidad" la comparecencia en el Congreso del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, para explicar las actuaciones del servicio de inteligencia en relación con la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, aunque ha rechazado la formación de una comisión de investigación parlamentaria al existir acciones judiciales en marcha.
Así lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha evaluado la comparecencia de Sanz Roldán en el Congreso de los Diputados, en la que el director del CNI declarará en ámbito de secreto oficial, habida cuenta de las últimas informaciones sobre la empresaria Corinna y el rey emérito Juan Carlos I.
En este sentido, la ministra cree que es "muy positivo" que estas explicaciones se den en ámbito privado y ha afirmado que no sabe cómo se han obtenido las grabaciones en las que revelan las supuestas irregularidades fiscales cometidas por Juan Carlos I.
El juez De Gea abre una investigación sobre las grabaciones que acusan a Juan Carlos I de tener cuentas en Suiza y cobrar comisiones
Ver más
No obstante, Robles ha asegurado, en relación a la posibilidad de constituir una comisión de investigación para este asunto, que "tiene poco sentido" que existan actuaciones parlamentarias cuando hay actuaciones judiciales.
"Cualquier persona que esté sometida a un proceso judicial no tiene obligación de declarar ni tiene obligación de decir la verdad y sí que lo tienen en el ámbito parlamentario. Estamos viendo que, cuando hay comisiones parlamentarias y al mismo tiempo judiciales, a nadie se le puede obligar a declarar. Por lo tanto esa comisión saldría con un lastre", ha sentenciado.
Al ser preguntada por si las grabaciones a Corinna son un chantaje al Estado por parte del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión, la ministra ha defendido que "nadie puede chantajear al Estado" y ha añadido que "si se demuestra que alguien usó su cargo público para provecho propio, caerá el peso de la ley y habrá que asumir responsabilidades políticas".
