JxCat y Esquerra ahondan sus discrepancias, chocan en público sobre Puigdemont y paralizan el Parlament

La decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de suspender en sus funciones a los seis parlamentarios procesados por rebelión ha acabado por dividir a los dos bloques que polarizan la vida política catalana. De un lado, al independentismo, roto por tres posiciones aparentemente irreconciliables en torno a la aplicación de esta medida. Del otro, los constitucionalistas, separados por dos maneras radicalmente opuestas de resolver el problema planteado por la decisión judicial.

Sin acuerdo posible, y enfrentados al riesgo de celebrar un Pleno en minoría o, en su caso, desatendiendo las instrucciones del Supremo —lo que implicaría, por primera vez en esta legislatura, desafiar el orden constitucional—, el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, optó por proponer la suspensión de la sesión que había convocado para este miércoles y jueves. Indefinidamente y hasta que haya un acuerdo entre los grupos sobre la aplicación de las suspensiones dictadas por Supremo.

Cuando un diputado es suspendido, por decisión judicial o de una Asamblea legislativa, sólo caben dos opciones: o su escaño permanece vacío o el afectado renuncia y es sustituido por el siguiente en la candidatura. Sin los seis diputados afectados —Carles Puigdmeont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez—, los grupos independentistas en el Parlamento solo suman 64 votos (30 de Junts per Catalunya, 30 de Esquerra y cuatro de la CUP), lo que significa que tienen uno menos que la suma de Cs (36), PSC (17), Catalunya en Comú (8) y PP (4).

Para que los afectados no tengan que renunciar a sus escaños —que sería la opción más sencilla para garantizar una mayoría independentista en la Cámara—, el Parlament buscó la manera de hacer posible su sustitución mientras siga en vigor la suspensión provisional dictada por Llarena. Y para hacerlo posible, los letrados de la Cámara catalana aprobaron un dictamen ad hoc en el que proponen que los afectados sean sustituidos por otros diputados de su propio grupo en el hemiciclo.

Esta salida fue defendida este miércoles en la Mesa del Parlament por Esquerra y por el PSC, pero no por JxCat, que la acepta para el resto de casos pero que se niega a aplicársela a Carles Puigdemont después de que la justicia alemana haya rechazado entregar al expresident a España para ser juzgado por rebelión. Ni por Ciudadanos, pero en este caso porque la considera ilegal: sostienen que los diputados, cuando son suspendidos por orden judicial, sólo pueden ser sustituidos si renuncian al escaño. Los dos representantes de JxCat votaron de forma diferente —uno de ellos se abstuvo y el otro votó en contra— lo que provocó un empate y, a la postre, impidió aplicar la solución propuesta por los letrados.

La disparidad de criterios dentro del independentismo y del constitucionalismo se hizo patente en la reunión conjunta de la Mesa del Parlamento y de la Junta de portavoces que suspendió el Pleno con los votos de JxCat, ERC, PSC, Comuns, PP y el rechazo de la CUP y de Cs, informa Europa Press.

La discrepancia en torno a la suspensión de Puigdemont, que JxCat considera una “línea roja” que no piensa traspasar es lo que, en última instancia, dinamitó la unidad de acción de los independentistas. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, acusó al grupo del expresident de “mentir de manera descarada” por afirmar que había un acuerdo par excluir de la suspensión a Puigdemont, que permanece en Berlín a la espera de que la justicia alemana decida su futuro.

Sabrià consideró intolerable que JxCat intente trasladar a los republicanos la responsabilidad de una discrepancia que, aseguró, está en su propio seno: “Si tienen un fin de semana difícil no es nuestro problema ni se lo podemos resolver”, subrayó, en referencia al congreso que celebrará el PDeCAT para escoger su nueva ejecutiva y al que ha precedido la presentación de una plataforma política impulsada por el propio Puigdemont.

“Hoy teníamos una propuesta que permitía preservar los derechos de estos diputados, que mantenía la mayoría independentista, que era reversible, que evitaba el objetivo de Llarena de alterar mayorías, que preservaba los derechos de Puigdemont y le permitía ser investido en Cataluña. Y una parte de JxCat se ha opuesto”, ha reprochado con dureza.

“Línea rojísima”

Frente a la postura de los republicanos, el portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, dejó claro que su grupo nunca aceptará la suspensión o la sustitución como diputado de Carles Puigdemont: esta es una “línea rojísima”.

Las desavenencias entre ambas formaciones ya no se disimulan. Eduard Pujol, portavoz adjunto del mismo grupo, acusó a Torrent de haberse saltado los pactos entre ambas formaciones para priorizar un acuerdo con el PSC y le pidió que aclare si “defiende la dignidad de los diputados del Parlament o blanquea al PSC del 155”. JxCat llegó incluso a acusar a Esquerra, a través de un comunicado, de estar obsesionada con suspender a Puigdemont.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, salvó de hecho a la posición de Esquerra, con quienes coincidieron en las votaciones, y culpó a Cs de “ponerse de acuerdo con JxCat” para “impedir el normal funcionamiento del Parlament” al impedir la aplicación de un acuerdo que, en su opinión, permitía “acatar una decisión judicial que planteaba una solución temporal para recuperar la actividad en el Parlament”. “Hay partidos que tienen miedo a los cambios, como el de abrir un nuevo camino de diálogo y acuerdo”, lamentó.

Paradójicamente, en contra de la solución de los letrados se alinearon la CUP, Cs y el PP. Los anticapitalistas porque se niegan aceptar la autoridad del Tribunal Supremo y por tanto rechazan considerar siquiera la posibilidad de suspender a los diputados que han sido procesados por rebelión. Ciudadanos y el PP porque reivindican la aplicación sin matices de la suspensión dictada por el juez Llarena, de manera que si los seis afectados no dimiten el independentismo quedaría en minoría dentro de la Cámara.

La ocasión, además, dio pie a los líderes de Cs y del PP en Cataluña para criticar al PSC, por haber respaldado el informe de los letrados que avala la sustitución temporal de los diputados suspendidos.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, acusó a Iceta de haberse “alineado con ERC” y su homólogo en el PP catalán, Xavier García Albiol, denunció “la irresponsabilidad de los socialistas”, que según él “rompe la unidad de acción entre partidos constitucionalistas y defiende a Carles Puigdemont a cambio de mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno”. Esto “marcará un antes y un después en la política catalana y nacional, porque muestra el camino que quiere seguir el PSC en Cataluña: ponerse del lado de los independentistas y de Puigdemont”, pronosticó.

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El bloqueo político consecuencia de la suspensión del Pleno fue duramente criticado por el líder de Catalunya en Comú, Xabier Domenech, que denunció la “desorientación absoluta y el caos” de los partidos que apoyan el Govern, JxCat y ERC. Domenech es partidario de la solución de los letrados —la sustitución provisional de los diputados suspendidos— pero exigió que el Parlament permanezca activo y que se busquen acuerdos en la Mesa para permitir la actividad parlamentaria: “Necesitamos que las instituciones actúen y tomen la iniciativa porque están al servicio de la gente”, argumentó.

Lo ocurrido evidencia la debilidad del bloque independentista, formado por tres partidos con estrategias bien distintas, en uno de los cuales —JxCat— conviven a su vez posiciones muy diferentes, en función de la disposición de sus miembros a desafiar la legalidad constitucional. Pero las discrepancias en el lado contrario, en el que el PSC ha buscado una salida al problema planteado por la suspensión de los procesados de común acuerdo con Esquerra, también se ha hecho visible. Todo ello en plenas negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear las relaciones entre la Generalitat y la Moncloa y cuando está en juego el reparto del dinero que las Comunidades Autónomas recibirán el próximo año.

Así las cosas, tras la bronca política desatada entre JxCat y Esquerra, no falta quien ya especula con la posibilidad de un nuevo adelanto electoral. Serían las quintas en ocho años.