De los kikos al prior falangista: así se ha reciclado el gen ultra de la Iglesia

La extrema derecha no es simplemente un virus de la Iglesia española que provoca brotes infecciosos en miembros de la institución católica, sino que forma parte consustancial de la identidad de significativos sectores de la misma, especialmente de su jerarquía. Está en su ADN, determinado por su secular ultraconservadurismo y por la obsesión por el control social y moral de España, entendida como un "pueblo de Dios" en el que patria y cruz conforman la identidad esencial de la nación. Está grabada a fuego en su historia desde el abrazo contrarreformista de la Corona y la Iglesia bajo la luz de Trento (1545). Está consagrada en su pacto con el franquismo nacionalcatólico, retocado pero jamás derogado por la democracia, que continúa inspirando sus privilegios económicos, educativos y simbólicos. Y está aquilatada por el triunfo ideológico en la cúspide eclesial de los postulados retrógrados de Juan Pablo II, que marginó el legado aperturista de Vicente Enrique y Tarancón y situó el socialismo como principal enemigo interno –Teología de la Liberación– y externo. No cabe interpretar la candidatura del prior de la abadía del Valle de los Caídos en los 90 por Falange Española Independiente, desvelada por infoLibre, como una simple raya en el agua. Forma parte de un océano.

La adhesión falangista del prior Santiago Cantera, que intenta torpedear la exhumación de Franco, no es una excentricidad. "Hoy en España hay algunos partidos políticos que quieren ser fieles a la doctrina social de la Iglesia en su totalidad, como por ejemplo Comunión Tradicionalista Católica, Alternativa Española, Tercio Católico de Acción Política, Falange Española de las JONS", afirmaba en mayo de 2007, a las puertas de las elecciones municipales, el entonces arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. Los grandes partidos, afirmaba, "son todos aconfesionales", por lo que las fuerzas de extrema derecha le parecían "dignas de apoyo". Resulta llamativo que Sebastián, prestigioso teórico claretiano, fuese en los albores democráticos tenido por partidario del aggiornamiento del Concilio Vaticano II. Con el transcurso de las décadas se acabó situando el irrendentismo ideológico pilotado por el cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal de 1999 a 2005 y de 2008 a 2014 y arzobispo de Madrid de 1994 a 2014, el hombre de confianza en España de Juan Pablo II y Benedicto XVI, sin duda el alto clérigo más influyente del país en el presente siglo. Los grandes actos de masas que preparaba en las visitas de los papas, así como sus multitudinarias misas públicas de la familia, tenían la marca de Rouco, tan dado a la escenografía grandilocuente y el discurso apocalíptico de una "Iglesia sin complejos".

Fue el propio Rouco el que rompió un tabú democrático en la antesala de las elecciones de 2011, cuando la CEE publicó una nota para la orientación del voto tan crítica con las políticas del PSOE en materias sagradas para la Iglesia –aborto, matrimonio, educación, eutanasia–, y que de forma tan elocuente animaba votar "en conciencia", que en la práctica era un llamamiento a votar lo más a la derecha posible. Desde Rouco, y a pesar de los llamamientos del papa Francisco a formar una Iglesia "pobre y para los pobres" y a combatir con tanto denuedo la penuria del pueblo como el aborto, la jerarquía española ha alentado un modelo de cristiandad como militancia beligerante, que exige firmeza para defenderse del diablo engañoso del buenismo progresista. Un discurso que encarta a la perfección con lo que representan sectores del PP –ahora dominantes con Pablo Casado al frente– y Ciudadanos, pero también del reaccionario y esencialista Vox y de otros partidos más minoritarios de extrema derecha.

Retroceso ideológico

La evolución –o retroceso– de monseñor Sebastián ilustra la curva ideológica trazada en democracia por el grueso de la jerarquía católica, que ha elevado la "ideología de género", el "homosexualismo" y el relativismo a la categoría de amenazas a la civilización occidental, responsables además del "genocidio" abortista. Este relato alimenta a su vez otro: el del victimismo, el de "la Iglesia perseguida y acosada" por una supuesta izquierda anticlerical hasta la médula. Resulta paradójico, porque la Iglesia y sus organizaciones reciben del Estado miles de millones de euros para su funcionamiento cotidiano (vía IRPF), su educación "en valores" (vía conciertos), el mantenimiento de sus templos (vía planes nacionales), el sueldo de sus profesores (vía presupuestaria) o los proyectos de sus entidades benéficas (vía subvenciones y casilla social de la renta).

Los prelados españoles no ciñen sus consignas extremistas a materias tocantes a las políticas de moral y familia, donde pueden explicarse por una lectura dogmática de la doctrina eclesial. Son abundantes las manifestaciones que conectan el discurso de los obispos con las tesis reaccionarias en asuntos de actualidad política y social. El propio Rouco Varela y el obispo de Huesca, Jesús Sanz, han alimentado públicamente la teoría de la conspiración sobre el 11-M. El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se preguntó en 2015 si en "esta invasión de refugiados es todo trigo limpio", una declaración que suscribirían los prebostes del Frente Nacional en Francia, de la Liga Norte en Italia, de Vlaams Belang en Bélgica o del Partido de la Libertad en Holanda.

Apostolados integristas

La Iglesia española es una organización plural. Hay una amplia base que entiende la práctica del cristianismo de modo distinto a los puntales del conservadurismo eclesiástico encarnado por los prelados Juan José Asenjo (Sevilla), Braulio Rodríguez (Toledo), Javier Martínez (Granada), José Ignacio Munilla (San Sebastián), Reig Pla (Alcalá de Henares) o Demetrio Fernández (Córdoba). Hay más de 200 grupos e iniciativas integradas en Redes Cristianas que impugnan los postulados de la llamada Iglesia teocón, cristalizada como respuesta a las políticas de Zapatero en la década pasada. No obstante, el rumbo de la institución sigue marcado por el reaccionarismo.

Frente al decaimiento de las congregaciones históricas, caso de los jesuitas, ganan fuerza en España nuevos movimientos apostolares secretistas e interesados en el proselitismo, la educación y la formación de élites, con estructuras verticalizadas y una adhesión a valores identificables como de extrema derecha: Camino Neocatecumenal (los Kikos), Comunión y Liberación... "¡Matan a los ancianos con eutanasias en Holanda y hay homosexuales por todas partes, los jóvenes se suicidan, hay 300 millones de abortos en China y los padres tienen dos hijos, cuando, por la paternidad responsable que dicen los curas, deberían tener once", ha proclamado Kiko Argüello, que lidera a los Kikos con un estilo de telepredicador estadounidense.

Tanto el Camino Neocatecumenal como la Legión de Cristo, que trata de reponerse del mazazo que supuso el desvelamiento de las aberraciones de su fundador, controlan sendas universidades en España, la Católica de Murcia y la Francisco de Vitoria. No obstante, su poderío universitario palidece ante el de la Compañía de Jesús y el Opus Dei. La Obra, una de las organizaciones más influyentes de la Iglesia en el mundo, es ideológicamente caso aparte. Es ultraconservadora en el orden social, no en vano su fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer, dejó escrita su defensa de una espiritualidad "que no saca a nadie de su sitio", una defensa absoluta de la impermeabilidad entre clases. Y es aún más conservadora en el orden moral y de familia, campo en el que actúa como avanzadilla.

Sus vínculos con el franquismo son inocultables. Hubo al menos ocho ministros del Opus Dei entre los 50 y los 70, entre los más destacados Alberto Ullastres, Mariano Navarro, Gregorio López Bravo y Laureano López Rodó. El Opus como tal no apoya a ningún partido, pero sí anima a sus miembros a trasladar el influjo de La Obra a todos los ámbitos de la sociedad. Con los gobiernos del José María Aznar sus miembros alcanzaron elevadas cotas de poder ministerial, como detalla Mariano Soler en Las sotanas del PP. El pacto entre la Iglesia y la derecha española. No obstante, los principales cotos de influencia se encuentran en los ámbitos universitario y judicial."Un tercio del colectivo judicial es del Opus Dei", dijo en 2012 el juez Santiago Pedraz.

El aroma nacionalcatólico es también fácil de percibir en medios como Infovaticana, de corte integrista. En su estela hay toda una miríada de medios digitales, en unas ocasiones de extrema derecha y que se reivindican guardianes la esencial católica española, en otras con ideología menos identificable políticamente pero obsesionados con la "ideología de género" y el discurso victimista. Por separado carecen de importancia, pero sumados constituyen un pequeño submundo mediático ultramontano que aspira a condicionar el rumbo de la Iglesia y que tiene en los obispos aperturistas, e incluso en el papa, su principal diana.

Aliada de la dictadura

La línea dura de la Iglesia, a pesar de los esfuerzos de Francisco, continúa incrustada en la cúpula, donde el papa sí cuenta con la sintonía del presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, su lugarteniente José María Gil Tamayo y los arzobispos de Madrid, Carlos Osoro, y Barcelona, Juan José Omella. La dificultad para que prospere una mentalidad aperturista en el alto clero español tiene causas históricas profundas. El papado de León XIII, de gran calado en la conformación de la ideología eclesial en España, identificó al socialismo, y hasta cierto punto a la democracia de partidos, como una grave amenaza para la existencia del catolicismo.

Durante todo el siglo XX, la jerarquía eclesiástica se ha aliado con las dictaduras, primero de Miguel Primo de Rivera y después de Franco. El único periodo de reducción drástica de sus privilegios llegó con la Segunda República, en cuyo debilitamiento la Iglesia desempeñó un papel destacado. Partidos católicos como la CEDA, Renovación Española o Comunión Tradicionalista o periódicos como El Debate o ABC encarnaron una feroz oposición a la República. José María Gil Robles, líder de la CEDA, que en las elecciones de 1936 había contado con el apoyo de la jerarquía española y la Santa Sede, aportó medio millón de pesetas al general Mola unas semanas antes del golpe, y con posteridad puso a su formación al servicio del bando nacional, como expone Gonzalo Redondo en su Historia de la Iglesia en España (1931-1939).

La adhesión de la Iglesia a la rebelión, elevada al rango de "cruzada", fue tan marcada como su rechazo a la República. "España será católica o no será", proclamó el cardenal Isidro Gomá durante la guerra. José Manuel Gallegos, canónigo de la Catedral de Córdoba, fue suspendido en 1937 por su defensa del Gobierno. La Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero, publicada un año después de iniciada la guerra, mostraba el apoyo sin vacilaciones a Franco y su bando. El papa Pío XII celebró sin disimulo el triunfo de Franco. Durante la dictadura la Iglesia recuperó y aumentó los privilegios perdidos durante la República, que había establecido la prohibición a las órdenes de dedicarse "a la industria, el comercio o la enseñanza", así como el fin de la financiación pública de la institución. Si Franco acabó imponiéndose a sus aliados de guerra, monárquicos y falangistas, a la Iglesia la mimó, a cambio de lo cual obtuvo el reconocimiento del Vaticano. Las fricciones del oficialismo franquista con los seguidores de José Antonio Primo de Rivera no minaron las coincidencias de fondo de la Iglesia con los joseantonianos: fe, tradición, familia, altar y patria.

Arrepentimiento y coherencia

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Los obispos españoles ni siquiera pidieron oficialmente el voto favorable a la Constitución. "Tras saludar positivamente los valores contenidos en el texto, mostraban sus reservas respecto a los artículos reservados a la enseñanza y el matrimonio", explica Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea. Aunque había en la Transición significativos sectores de la Iglesia de base implicados en la democratización, y satisfechos con los logros de Tarancón en la negociación constitucional, también había sectores bunkerizados. Los inmovilistas del conocido como Grupo de Don Marcelo rechazaron una Constitución "sin dios" y pidieron el no sin rodeos. Esas dos almas de la Iglesia aún persisten.

La ligazón de la Iglesia con el régimen dictatorial, cuyos nostálgicos son hoy formalmente minoritarios pero que sobrevive en forma de "franquismo sociológico", ha impedido hasta ahora a la jerarquía un reconocimiento de la ilegitimidad del régimen. Tiene lógica. Los privilegios de la Iglesia se derivan de unos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 que reformaban el Concordato de 1953. Una condena del régimen, una asunción de culpa por el mismo, debilitaría la coherencia de la propia posición de la institución.

La Iglesia ha hecho público un "acto de arrepentimiento" por su insensibilidad ante el nazismo. El papa Francisco ha pedido perdón a los evangelistas pentecostales por su persecución durante el fascismo en Italia. En Argentina la Iglesia ha pedido perdón por sus papel durante la dictadura de Videla. En España el arrepentimiento y la disculpa siguen pendientes, mientras cada 20 de noviembre se ofician misas por la memoria del dictador. Hoy un religioso, excandidato de la extrema derecha, quiere evitar que Franco salga de debajo de la cruz. Algo hay de metáfora en ello.