El juez que se opuso a declarar al PP beneficiario de la 'Gürtel' y que debía juzgar los 'papeles de Bárcenas' pide su traslado

Ángel Hurtado, el juez que se quedó solo en su intento por impedir que el PP fuese declarado beneficiario económico de Gürtel y a quien la Audiencia Nacional había encomendado redactar la sentencia en el futuro juicio de los papeles de Bárcenas, acaba de pedir su traslado. Adscrito al sector conservador, el magistrado pretende mudarse a otra sección de la Audiencia Nacional –la Primera– distinta a aquella -la Segunda- en la que se integra ahora y que es la que tiene encargados los juicios de Gürtel.

Su petición para emigrar a la Sección Primera, donde en septiembre quedará una vacante por jubilación, aparece fechada este miércoles 25 de julio. Es decir, un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pulverizase sus esperanzas de verse aupado al Tribunal Supremo, al que aspiraba a incorporarse desde que finalizó el largo y decisivo juicio de la pieza troncal de Gürtel, el de la llamada Época I. 

Presidente de la sala y ponente de la sentencia, Hurtado sufrió su primera gran derrota cuando trató de evitar la declaración de Mariano Rajoy como testigo. Y volvió a quedarse definitivamente solo frente a los otros dos miembros del tribunal -Julio de Diego y José Ricardo de Prada- cuando llegó la hora de dictar una resolución que en teoría debía redactar él mismo y cuyo contenido terminó siendo el detonante de la moción de censura que derribó al PP. Hurtado plasmó sus discrepancias en un voto particular.

El plan de Hurtado para hacerse con otro destino representa el último movimiento de una larga serie nucleada en torno al caso Gürtel y se produce cuando las aguas de la polémica siguen removidas. Una vez conocida la sentencia de Época 1, el progresista José Ricardo de Prada, ahora en servicios especiales fuera de España, se vio desalojado del tribunal por el CGPJ bajo argumentos administrativos cuando llegó el trámite de decidir si la mujer de Luis Bárcenas debía mantenerse en prisión provisional hasta que el Supremo revise la sentencia o quedar en libertad bajo fianza. Tras aquel episodio, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusó a De Prada de estar "en sintonía" con los proetarras. El CGPJ rechazó salir en defensa del juez.

El otro magistrado firmante de la sentencia, Julio de Diego, vio hace una semana cómo el mismo CGPJ le denegaba su petición de amparo después de que uno de los principales condenados, el exalcalde del PP Guillermo Ortega, le acusara de quedarse dormido en varias sesiones del juicio. Ortega ha tardado un año en concluir que De Diego se durmió. Pero el Poder Judicial ha admitido su denuncia y ha decidido investigar a De Diego.

Si Hurtado logra la plaza libre de la Sección Primera, quedará bajo el mando directo de una de las más destacadas integrantes del sector conservador de la judicatura: Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Espejel es una de los tres jueces que desde 2015 ha ido apartando del caso Gürtel la Audiencia Nacional siempre por el mismo motivo: su cercanía al PP y el riesgo que esa proximidad implica no para su independencia pero sí para su apariencia de imparcialidad. Enrique López y Juan Pablo González son los dos otros recusados.

Para cubrir el puesto que la jubilación de Nicolás Poveda dejará en la Sección Primera de la Audiencia, Hurtado deberá competir con otros jueces en un concurso interno. Aún no es posible saber si algún otro con mayor antigüedad podrá hacerse con la plaza. Pero algo es seguro: si  consigue emigrar y librarse por tanto de los juicios de Gürtel, quien lo sustituya tendrá la responsabilidad de redactar la sentencia de los papeles de Bárcenas cuando por fin se celebre el juicio, para el que ni siquiera hay fecha aún.

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Una parte de esa pieza, centrada en la contabilidad B del PP, volvió a reabrirse tras la confesión de Francisco Correa sobre las mordidas que distintos empresarios pagaban para obtener contratos públicos. Este jueves, el antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, se ratificó como testigo en lo que ya había admitido meses atrás: que el partido se nutrió de fondos opacos y de otros aportados por empresarios que, según la Policía -Costa citó de forma expresa ese informe–, se hicieron con 600 millones en contratos públicos.

Como adelantó infoLibre, el exdirigente conservador ha pedido protección al juez que investiga el caso, a quien ha relatado las amenazas recibidas desde que confesó la financiación ilegal. Aunque no ha trascendido la decisión que adoptará el magistrado José de la Mata, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que cuando un testigo denuncia amenazas "la justicia no mira hacia otro lado". En otras palabras, las citadas fuentes dan por seguro que el juez brindará algún tipo de protección al exdirigente conservador. Según Costa -y así lo aseguran personas presentes en su declaración-, este mismo miércoles fue amenazado por un individuo en un establecimiento de restauración muy próximo a la Audiencia Nacional, cuya sede se localiza frente al cuartel general del PP en la madrileña calle de Génova.