Fomento estudia cómo eliminar de forma legal licencias VTC concedidas en sentencia firme por los tribunales

La crisis del taxi evoluciona, pero su solución no parece inmediata. Este lunes, las principales asociaciones que representan al gremio se reunieron con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, que se comprometió a aprobar el próximo septiembre un paquete de medidas para intentar garantizar (como reclaman los taxistas) que únicamente pueda circular un vehículo VTC –la licencia que utilizan apps como Cabify o Uber– por cada 30 taxis. No obstante, fuentes jurídicas aseguran que es muy complicado alcanzar esta proporción teniendo en cuenta que actualmente operan unos nueve taxis por cada VTC, y aunque Fomento también se mostró dispuesto ante los representantes de los taxistas a traspasar a las autonomías las competencias para regular la prestación de estos servicios, esta medida tampoco supondría una solución inmediata del problema.

El éxito de la huelga que sostienen desde hace varios días los taxistas de Madrid y Barcelona es total, y de hecho este lunes el gremio bloqueó un tramo del madrileño Paseo de la Castellana para hacer visibles sus reivindicaciones. Fundamentalmente, los taxistas exigen dos cosas: que se respete una proporción de un vehículo VTC por cada 30 taxis a la hora de circular y que Fomento descentralice sus competencias para que sean las comunidades o los ayuntamientos los que tengan la capacidad de regular la prestación de los servicios de transporte en sus ámbitos territoriales. Esta cesión de competencias podría facilitar, según la versión de los taxistas, que comunidades o ayuntamientos pudieran exigir a las VTC un permiso específico para ejercer su actividad, lo que en la práctica les daría la capacidad para reducir el número de VTC en circulación.

Aunque los representantes de los taxistas valoraron como positiva la reunión que mantuvieron este lunes con Fomento, el encuentro no sirvió para desconvocar la huelga, ya que el gremio exige garantías de que sus reivindicaciones se van a cumplir. No obstante, Saura dio por buenas las dos principales reclamaciones del sector, y este martes, tiene previsto reunirse con Unauto, la asociación que representa mayoritariamente a los VTC. Asimismo, el miércoles está convocada la Conferencia Nacional del Transporte, un órgano que agrupa al Ministerio y a los consejeros de Transporte de las 17 comunidades autónomas y en el que se tratará la posible cesión de competencias a las autonomías reclamada por los taxistas.

Sin embargo, más allá de mostrar su voluntad de acceder a las reivindicaciones de los taxistas, Saura no detalló las medidas que puede incluir la normativa que aprobará el Gobierno para conseguir que, en la práctica, opere un VTC por cada 30 taxis. Actualmente, la ley prohíbe otorgar nuevas licencias VTC cuando se sobrepase dicha ratio, aunque no hace referencia a las licencias ya adjudicadas. Y el problema es que, incluso sin que ahora mismo se estén concediendo nuevas licencias, en la actualidad la proporción es de 1 a 9 en favor del taxi: hay 7.058 VTC y 64.217 taxis –una proporción que es incluso más baja en ciudades como Madrid o Barcelona– debido en parte a que muchas de las licencias VTC se otorgaron entre 2009 y 2015, años en los que el sector estuvo desregulado.

El presidente de Antaxi, Julio Sanz, aseguró tras la reunión con Fomento que está encima de la mesa la posibilidad de se puedan "inhabilitar o dejar en suspenso" licencias de VTC si en el momento de la renovación que tienen que pasar cada dos años la cuota de 1 a 30 está –como actualmente– sobrepasada. Pero expertos en Derecho Administrativo consultados por infoLibre sostienen que no es ni mucho menos sencillo desactivar unas licencias que, en algunos casos, han sido concedidas por la justicia en sentencias firmes tras ganar sus titulares reclamaciones ante los tribunales.

Expropiar licencias VTC, un camino lleno de obstáculos

Estas fuentes son muy escépticas con respecto a las posibilidades reales que existen de volver a la ratio de un VTC por cada 30 taxis. Para ello, aseguran, solo hay dos opciones: o incrementar notablemente el número de taxis –algo a lo que el propio gremio se opone– o la reducción de los vehículos VTC a través de la expropiación de sus licencias. Y "expropiar licencias de VTC obtenidas a través de resoluciones judiciales firmes es complicadísimo y tiene unos requisitos muy severos", además de que supondría, en cualquier caso, que los titulares de dichas licencias VTC tendrían que ser indemnizados, explican.

Algunas administraciones han tratado de sortear estas trabas, aunque por ahora sin éxito. Es el caso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el ente que agrupa a Barcelona y a más de una treintena de municipios colindantes con la capital catalana, que hace unos meses aprobó un reglamento en el que establecía la necesidad de contar con un permiso adicional expedido por la propia AMB para poder prestar servicios de transporte en este área. Este reglamento establecía que la concesión de estos permisos estaría limitada a un VTC por cada 30 taxis, y prohibía a dichos vehículos realizar trayectos que tuvieran tanto el origen como el destino dentro de Barcelona y sus alrededores, con el fin de evitar que el servicio de plataformas como Uber y Cabify se solapara con el de los taxis.

En la práctica, dicho reglamento serviría para obstaculizar notablemente el desempeño de buena parte de los VTC, que no perderían la licencia –que otorga Fomento, no la AMB– pero que, pese a contar con ella, no podrían llevar a cabo traslados dentro de Barcelona y sus alrededores. No obstante, el pasado 19 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió provisionalmente esta normativa a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al entender que su aprobación invadía competencias estatales porque supondría revocar, en la práctica, licencias VTC ya concedidas a través de la limitación de sus derechos. La justicia ratificó hace apenas unos días su decisión.

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Ese es el motivo por el que los taxistas reclaman a Fomento que descentralice las competencias para regular la prestación de los servicios de transporte: intentar que dicho traspaso de competencias a las comunidades sirva para que la justicia no bloquee reglamentos como el desarrollado en Barcelona. No obstante, incluso aunque Fomento está dispuesto a ceder en esta cuestión, no está garantizado que eso sirva para satisfacer las demandas del gremio del taxi.

El primer foco de potenciales problemas es que quedaría en manos de las comunidades poner en marcha leyes autonómicas para garantizar la ratio de un VTC por cada 30 taxis, lo que podría redundar en que terminase habiendo 17 regulaciones distintas. En este sentido, tras la reunión con Fomento, Miguel Ángel Leal, portavoz de la asociación Fedetaxi, planteó la necesidad que el Gobierno exija a las comunidades que regulen en la misma línea que lo hizo el Área Metropolitana de Barcelona. "Si no es así, tendríamos arreglado el problema en Barcelona, pero podríamos tener otros 16 problemas diferentes", señalaba Leal.

Pero es que, además, existe otro potencial problema, y es que reglamentos similares al barcelonés también supondrían limitar los derechos de unas licencias VTC que ya están concedidas, lo que abriría la puerta a que los titulares de esas licencias reclamasen ante los tribunales. Así lo aseguran los expertos en Derecho Administrativo consultados por infoLibre, que consideran que reglamentos como el del Área Metropolitana de Barcelona no pueden inutilizar de facto las condiciones con las que fueron concedidas las licencias de VTC, y se muestran convencidas de que de ser así los tribunales darían la razón a los propietarios de dichas licencias.