Polémica

Aznar y Rajoy son los presidentes que más usaron el decreto ley y Sánchez prometió limitar su uso a causas excepcionales

Mariano Rajoy junto a José María Aznar.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado una inminente reforma de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de blindar la promesa de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La fórmula elegida para llevar a cabo la iniciativa toma forma de real decreto ley –reservado según el artículo 86 de la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad–, que saldrá este viernes del Consejo de Ministros. Ante su anunciada aprobación, el PP ha revelado ya la que será su estrategia para intentar tumbar esta y otras medidas. El secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, afirmó este miércoles que su partido recurrirá todos aquellos decretos leyes "que no tengan carácter de urgencia". El PP que ahora planta cara a esta figura es, sin embargo, el mismo que batió récords respecto a su aprobación, durante la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000) y la también primera de Mariano Rajoy (2011-2016).

Con la llegada de Aznar al Gobierno, en la VI Legislatura, pasaron por la Cámara Baja un total de 85 decretos leyes, alcanzando así una cifra récord en cuanto al uso de la figura. El frenético impulso de los decretos leyes en la primera etapa de Aznar –de 1996 a 2000– se produjo en un contexto de minoría parlamentaria, completada con el apoyo de Jordi Pujol. Precisamente carecer de una mayoría holgada fue para el entonces líder del PP un inconveniente a la hora de sacar adelante medidas que tuvieran que pasar por la mirada crítica de la oposición, pero no para aprobar decretos leyes. Ya en su segundo mandato, el expresidente conservador redujo considerablemente su tendencia a legislar a golpe de decreto, con un total de 42. Algunos de los decretos aprobados entonces atendían a una mejora del mercado laboral y el fomento de la contratación indefinida; el impulso de medidas fiscales sobre incentivos a la internacionalización de las empresas o al estímulo del ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.

Durante su mandato, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó medio centenar de decretos por legislatura. Concretamente, el Congreso vio pasar un total de 52 decretos en la primera etapa del líder socialista (2004-2008) y otros 56 en la segunda (2008-2011). A través del real decreto ley, Zapatero decidió sobre cuestiones como los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco; la reforma de la negociación colectiva o respecto a la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo. 

De nuevo con el PP en el Gobierno, la figura del real decreto ley volvió a tener un lugar privilegiado, especialmente en la X Legislatura (2011-2016). Mariano Rajoy logró aprobar entonces un total de 76 decretos leyes, a los que sumó uno más durante la breve XI Legislatura y otros 30 en la XII Legislatura, hasta que la moción de censura articulada por el PSOE lo desbancó de su posición. Refugiándose en la figura de urgente necesidad del real decreto, y pese a gobernar con mayoría, Mariano Rajoy aprobó la concesión de créditos extraordinarios al Ministerio de Defensa para abordar cuestiones armamentísticas, además de dar luz verde a la reforma del mercado laboral o mejorar la aclamada gestión y protección social en el Sistema Especial para empleadas del hogar.

Sánchez prometió limitar su uso

Con el anuncio del real decreto ley respecto a la exhumación del dictador, Pedro Sánchez sumará ya un total de siete. Los otros seis fueron sobre el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente; la adaptación de la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos; una oferta de empleo público extraordinaria y adicional dirigida a asilados y refugiados; la recuperación del acceso universal a la sanidad; la modificación del real decreto ley de Mariano Rajoy sobre el Programa de Activación para el Empleo y un último para desarrollar algunas de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Cuando estaba en la oposición, Pedro Sánchez había protagonizado una crítica férrea hacia el uso excesivo de los decretos leyes. A juicio del dirigente socialista, abusar de ellos para gobernar suponía "menospreciar" al Parlamento. Así lo afirmó en noviembre de 2015, fecha en la que Sánchez asumió el compromiso de "limitar" el uso de la figura a las "circunstancias indicadas para ello" cuando llegase al poder.

"Un 34% de sus decisiones legislativas [las de Mariano Rajoy] se han hecho por decreto ley", decía entonces Sánchez, "convirtiendo en consecuencia una figura prevista para situaciones excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales su función". El socialista agregaba que, en caso de llegar al Gobierno, daría "al Parlamento la centralidad que merece", limitando el empleo de dicha acción.

Recursos ante el Constitucional

Valerio defiende que el Gobierno usa el Real Decreto para "recuperar derechos" y PP los usaba para "recortar derechos"

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La pretensión del PP de recurrir todos aquellos decretos leyes que no respondan a una situación urgente no se configura como un hecho excepcional. Los grupos parlamentarios han recurrido al Tribunal Constitucional la puesta en marcha de decretos leyes en diversas ocasiones. El Grupo Socialista acudió al TC para recurrir el Real Decreto Ley 5/2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. El recurso fue estimado parcialmente por el Alto Tribunal, que no acertó a entrever una "situación de naturaleza excepcional" ni una "necesidad urgente" en parte de las medidas propuestas, de modo que entendió que su tramitación podía seguir "el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida". El fallo se conoció el pasado 7 de junio.

La estimación del recurso por parte del TC derivó en la consecuente anulación de parte de aquel real decreto, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ocurrió lo mismo respecto al recurso interpuesto, una vez más por el Grupo Socialista, en lo que atañe al artículo primero del Real Decreto Ley 15/2012 de modificación del régimen de Administración de la Corporación de RTVE, también estimado –y por tanto anulado– parcialmente en 2017. La primera disposición adicional del Real Decreto Ley 12/2012 de medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público fue también recurrida por los socialistas y estimada, esta vez totalmente, por al Alto Tribunal. El órgano subrayaba que no podía "introducirse al ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional" que supone un real decreto ley.

El 6 de octubre de 2016 el TC le dio la razón una vez más al Grupo Socialista respecto al recurso contra el artículo 1.1 del Real Decreto Ley 7/2015 por el que se concedían créditos extraordinarios al Ministerio de Defensa, para atender al pago de programas de armamento. El artículo fue declarado inconstitucional y nulo por el tribunal, argumentando exactamente lo mismo que ya había expuesto meses antes, el 7 de julio, a raíz del recurso registrado por los Grupos Socialista, IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural y UPyD, también sobre el artículo 2.1 del real decreto que concedía créditos extraordinarios a los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa y Agricultura. El TC expuso, en ambos casos, que era necesaria una "justificación adicional" por parte del Gobierno para explicitar "las razones en virtud de las cuales el pago de una obligación adquiere tal gravedad". Estos mismos grupos también interpusieron un recurso contra el Real Decreto 8/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que fue declarado parcialmente inconstitucional por el tribunal. 

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