Casado pide la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso por el "desamparo" a Llarena

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha solicitado este domingo la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados para que explique el "desamparo" en el que, a su juicio, ha dejado el Gobierno al magistrado Pablo Llarena, encargado de enjuiciar el procés catalán. El juez fue citado el próximo 4 de septiembre por la Justicia belga a instancias del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien le acusó de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

En este marco, Pablo Casado también reclama que el Gobierno se persone en el procedimiento penal "para alegar y garantizar la inmunidad e integridad de la jurisdicción española", ha señalado el conservador en su cuenta de Twitter.
 

Solicitamos la comparecencia de la Ministra de Justicia en el Congreso para que responda del desamparo al Juez Llarena, y requerimos al Gobierno la inmediata personación en el procedimiento de Bélgica para alegar y garantizar la inmunidad e integridad de la jurisdicción española.

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de agosto de 2018

A lo largo del sábado, el presidente del PP ya había solicitado una reunión a las asociaciones de jueces y fiscales para plantear la oposición de su partido a la "indefensión" que, a su juicio, sufre el juez; un alegato también enarbolado por Ciudadanos.

Esta solicitud de comparecencia de la ministra se produce después de que todas estas asociaciones –con la excepción de las progresistas Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales– se adhiriesen el viernes a un comunicado conjunto para instar al Ejecutivo a ejercer "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española".

El mensaje, elaborado inicialmente por la APM –Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenece el juez Llarena–, fue firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Por su parte, un informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre cómo actuar ante la demanda civil en Bélgica defiende que concurren los requisitos para que España se persone en el procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia.

El PP, que apoya todas estas declaraciones, registrará además este lunes en el Senado una moción –para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia– para exigir al Gobierno que defienda "sin reservas" al juez Llarena "y a la soberanía española". La iniciativa de los conservadores pide al Ejecutivo de Sánchez que cumpla las solicitudes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para amparar al magistrado y –a iniciativa propia del partido– a asumir su defensa en los tribunales.

De esta forma, Casado asume que "el Gobierno de Sánchez se pone al lado de los golpistas" y que su "dejación de funciones" está afectando a la independencia de la Justicia, por lo que cree que la mejor solución será inmiscuirse en el proceso.

Jueces y fiscales, del lado de Llarena

Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se adhirieron el viernes al comunicado en defensa de Llarena, en el que advirtieron que –según el ordenamiento belga–, si no se inadmitía la demanda, España no podría personarse a posteriori. No obstante, y a pesar de no firmar el mensaje conjunto, tanto JpD como UPF se han posicionado a favor de que el Ejecutivo intervenga en favor del juez.

Así, Jueces para la Democracia expresó en un comunicado a parte su "rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones", destacando "su compromiso en defensa de la soberanía e integridad de la jurisdicción española".

Del mismo modo, la UPF ha pedido que el Estado se persone en el procedimiento penal, al que ha calificado de "absolutamente inasumible" por intentar enjuiciar la labor del magistrado tribunales extranjeros.