El PP utilizará el Senado como ariete político contra Sánchez

Culminado a finales del pasado julio el proceso de renovación del Partido Popular tras la marcha de Mariano Rajoy, los conservadores están fijando estos días las prioridades para el nuevo curso político. El equipo de Pablo Casado tiene el reto de construir un PP en la oposición tras casi siete años en La Moncloa. El papel del Congreso como "sede principal" para llevar a cabo este proyecto, añaden, es fundamental. Pero advierten de que no hay que perder de vista al Senado, la Cámara de representación territorial. "Va a dar mucho juego", resumen las fuentes del partido consultadas.

La clave es que los conservadores tienen mayoría absoluta en el Senado. En el Congreso son la fuerza mayoritaria, pero tienen muy complicado articular mayorías. Los 166 diputados que suman los parlamentarios de PP y Ciudadanos (134 y 32, respectivamente) están a diez de la mayoría absoluta. Y, en plena competición por ser la formación de referencia del centroderecha a menos de un año de las europeas, autonómicas y municipales, las formaciones lideradas por Casado y Albert Rivera intentan marcar distancias.

"Políticamente, la relevancia política que tiene el Senado en esta etapa no la ha tenido nunca. No hay que perder de vista que en esa Cámara hay una mayoría diferente a la del partido del Gobierno", valora un miembro de la dirección del Partido Popular. 

"Es política. Las mayorías son las que son y tenemos en nuestra mano dar al Senado la relevancia política que siempre se le pide. Es legítimo que reforcemos nuestras iniciativas en el Congreso con medidas o preguntas en el Senado", sostiene un diputado.

En esta línea de dar relevancia al Senado se entiende que este martes la Cámara Alta haya sido elegida por la dirección del partido como sede de la reunión de los Consejos de Dirección de los Grupos Parlamentarios del PP de Congreso y Senado.

Explicaciones sobre el trato a Llarena y la contratación de la mujer del presidente

También en ese contexto encajan dos de las últimas iniciativas anunciadas por los conservadores. Por un lado, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una moción, para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, en la que exige al Gobierno "defender sin reservas al juez Llarena y a la soberanía española". La moción llega después de que el Ejecutivo informase el domingo de que había iniciado "los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo".

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta ha registrado una batería de preguntas para que el Ejecutivo "clarifique la contratación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un postgrado dependiente de la Universidad Complutense de Madrid y, también, por el Instituto de Empresa".

De forma paralela, este miércoles, 29 de agosto, la Diputación Permanente del Senado, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, se reunirá para decidir sobre la comparecencia del Presidente del Gobierno "para informar sobre la crisis migratoria que sufre España". La mayoría absoluta de los conservadores garantiza que la iniciativa salga adelante.

El PP dirige ahora la mirada al Senado en un momento en el que ve peligrar una de la facultades que, en su calidad de partido que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara Baja, le otorga la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fue el pasado viernes cuando PSOE, Podemos, ERC y Compromís registraron una proposición de ley en el Congreso para eliminar el derecho a veto que atribuye la citada ley al Senado. El texto que ahora se pretende cambiar por el procedimiento de urgencia fue introducido en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando gozaba de mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Dos meses para levantar el veto

Esta ley supone una excepción en el proceso legislativo que reserva para el Senado el papel de Cámara de segunda lectura. De hecho, como norma general, cuando la Cámara Alta impone su veto a una iniciativa que le llega del Congreso –es necesaria mayoría absoluta–, la Cámara Baja puede levantarlo con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados o por mayoría simple transcurridos dos meses de la fecha del veto.

Este lunes, al tiempo que informaba de que el PP se abstendrá en la votación del real decreto para la exhumación del dictador Francisco Franco, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, advirtió de que su partido vigilará cada vez que el Ejecutivo califique algo como urgente y no lo sea para presentar "los recursos necesarios para defender el papel del Congreso y del Senado, no por el fondo, sino por la forma".

Una "cacicada"

"Vamos evaluar esta cacicada que ya hicieron en otras latitudes, que cuando uno no tiene mayoría en la Cámara intentan vaciarla de contenido", dijo al tiempo que exigió a la portavoz del socialista en el Congreso que rectifique y no menosprecie las funciones democráticas del Senado.

El PP y Ciudadanos conservan mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear las iniciativas parlamentarias que han de ser calificadas. "En la práctica, como mucho, se consigue retrasarlas. Es complicado que Cs y PP se vayan a poner de acuerdo en todo y, además, también es complicado justificar los bloqueos", explican fuentes parlamentarias. Las mismas fuentes admiten que estos retrasos, estos aplazamientos, también se consiguen prorrogando los plazos de enmiendas, algo para lo que también es necesario que se ponga de acuerdo la mayoría del órgano de gobierno de la Cámara.

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El precedente de la Comisión de investigación sobre la corrupción

El pasado curso político, los conservadores recurrieron al Senado para poner el foco en la financiación del resto de partidos en una comisión de investigación. Era la respuesta a la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular aprobada en el Congreso de los Diputados y por la que ya han pasado exdirigentes o excargos conservadores como Cristina Cifuentes, Ana Mato, Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Francisco Granados o Luis Bárcenas. La idea de los grupos parlamentarios era citar a Mariano Rajoy en las sesiones finales, antes de hacer públicas las conclusiones.

Entre otros asuntos, la del Senado ha puesto el foco en la financiación del PSOE en la Comunitat Valenciana y en las cuentas de Ciudadanos.