El conflicto catalán

La guerra de los lazos reactiva la tensión entre la Fiscalía y la Generalitat

Un hombre coloca lazos amarillos en la verja del Parc de la Ciutadella, en el Paseo de Lluís Companys de Barcelona, muy cerca del Parlament de Cataluña.

La guerra de los lazos amarillos, convertidos en símbolo del secesionismo catalán y de la reivindicación de libertad para los líderes independentistas encarcelados, reactivó este lunes la tensión entre la Fiscalía y la Generalitat. Casi a punto de cumplirse un año de la denuncia por el papel de la Policía autonómica catalana en el referéndum del 1 de octubre, la tensión se disparó después de que el ministerio público anunciara por la mañana la apertura de una investigación a los Mossos d'Esquadra para averiguar por qué las noches del 17 de agosto y del viernes pasado identificaron a personas que estaban retirando las controvertidas cintas y qué "pautas o criterios" guían el comportamiento de los agentes. La Generalitat dice que en ningún momento ha impartido a los Mossos ninguna orden de ese cariz.

Articulada a través de un decreto de la Fiscalía Superior de Cataluña, la investigación se produce tras la denuncia del presidente de la asociación Impulso Ciudadano, José Domingo, uno de los fundadores iniciales de Ciudadanos y dirigente de Sociedad Civil Catalana (SCC). Presentada el 22 de agosto, la denuncia alude a declaraciones públicas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre la necesidad de multar a quienes retiran los lazos por "daños al dominio público" y en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, la ley mordaza.

En su escrito, el teniente fiscal de Cataluña, en funciones de fiscal superior, requiere al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra que explique "los concretos motivos" por los que se identificó a diversos ciudadanos por retirar lazos. Y le reclama que en menos de 15 días remita un informe en el que se identifique a los agentes que actuaron en las identificaciones y explique los "motivos que llevaron a la intervención realizada, las diligencias practicadas y, en su caso, si las mismas dieron lugar a la remisión de denuncia" o sanción. En ambos casos, los identificados se arriesgan a sanciones administrativas de carácter económico.

En la primera de las dos actuaciones que centran las pesquisas de la Fiscalía, la de la noche del 17 de agosto, los Mossos identificaron a 14 personas, entre ellas un guardia civil, en las localidades tarraconenses de Móra la Nova, Tivissa y Vandellós. En la segunda, la del viernes pasado, fue la Policía Local de L'Ametlla de Mar, también en Tarragona, la que identificó y denunció por "daños en el mobiliario urbano" a un grupo en el que participaba el periodista Arcadi Espada cuando pintaba una bandera de España sobre un gran lazo amarillo colocado en la rotonda de entrada al municipio. El alcalde de l'Ametlla, de ERC, tildó de "bichos" a Espada y sus siete acompañantes.

La Generalitat, cuyo presidente, Quim Torra, acusó a la Fiscalía de querer involucrar al cuerpo policial en "un conflicto político", niega que haya impartido ninguna orden para identificar a quienes se han sumado a la campaña de retirada de lazos. Los agentes, dijo Torra por la tarde, "hacían su trabajo correctamente, porque delante de un grupo que actúa de noche, con armas blancas, cualquier policía del mundo actuaría así", añadió.

"Palos y armas blancas"

El dirigente catalán se refería a las 14 personas a quienes los Mossos identificaron hace dos semanas y contra las que la Generalitat abrió un expediente administrativo. "Se les identificó –asegura una portavoz de la Conselleria de Interior– no porque estuvieran retirando lazos sino porque se recibió un aviso de que había un grupo de gente que iba con la cara tapada y que llevaban palos y armas blancas que, por supuesto, se les incautaron".

El decreto de apertura de diligencias informativas, de cuyo resultado dependerá que la Fiscalía archive las actuaciones o prosiga con la interposición de una denuncia penal, involucra a los Mossos en los dos operativos reseñados. La Generalitat niega de plano que sus agentes interviniesen en el de l'Ametlla. Es más, el Ejecutivo catalán niega incluso la mayor: "No hay ninguna orden de identificar a quienes retiran lazos amarillos por el hecho de retirarlos", asegura una portavoz de la Conselleria de Interior.

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Fuentes sindicales de los Mossos coinciden en que no tienen "constancia alguna" de tal directriz y diagnostican la escalada de tensión política como una guerra política "con dos bandos que se retroalimentan por intereses electorales" y que sitúa de nuevo al cuerpo policial autonómico en el centro del escenario. 

La información difundida por el Gobierno catalán hace dos semanas sobre el operativo de Móra la Nova, Tivissa y Vandellós señalaba que tras el registro de los vehículos en que viajaba el grupo los agentes habían localizado "cúteres, palos, linternas y mapas de los recorridos que seguirían para retirar la simbología secesionista". Un reportaje publicado este fin de semana por el diario El Mundo describía así a los miembros de las llamadas brigadas de limpieza de lazos amarillos:  "Se tapan las caras con pasamontañas y gorras. Temen que los CDR [los autodenominados Comités de Defensa de la República] los identifiquen y tomen represalias".

 

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