Solo Rajoy en 2017 no presentó los Presupuestos en el plazo que dicta la Constitución

El Gobierno se enfrenta a una carrera contrarreloj para presentar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La Constitución establece que la fecha tope para llevar las cuentas del año que viene al Congreso es el 30 de septiembre, un plazo que el Ejecutivo tiene muy complicado cumplir, dado que su idea es reformar previamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quitar al Senado la capacidad de vetar su programa de estabilidad. De no presentar un proyecto de Presupuestos antes de esa fecha, el Gobierno estaría faltando deliberadamente a un mandato de la Carta Magna, y se uniría así a una práctica que solo tiene un precedente en la democracia: el del presidente Mariano Rajoy, que retrasó nada menos que medio año la presentación de las cuentas para 2018.

En la reunión que mantuvieron el pasado 22 de agosto el Ministerio de Hacienda y representantes de Podemos, ambas partes se mostraron de acuerdo en la necesidad de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quitar al Senado –y, por ende, al PP– la capacidad de vetar con su mayoría un proyecto de senda de estabilidad presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso. Dicha senda supone el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado e incluye, por ejemplo, la cifra máxima de inversión pública que puede sumar el proyecto de Presupuestos, así como el objetivo de déficit para 2019. Por ello, Unidos Podemos aseguró públicamente que sólo se sentará a discutir las cuentas con el Gobierno una vez se reforme la norma y, posteriormente, se apruebe la senda de estabilidad.

Inicialmente, se barajó la posibilidad de que la reforma se canalizara a través de un decreto, si bien el Gobierno ha descartado la posibilidad porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria tiene carácter orgánico y no puede ser remozada sin la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. El Ejecutivo tratará de utilizar todas las herramientas a su alcance para acometer la reforma en el menor tiempo posible, pero incluso así es prácticamente una quimera que, para el 30 de septiembre, la ley pueda estar reformada y la senda de déficit aprobada. Y eso implica que el Gobierno no presentará, salvo sorpresa, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el plazo en el que la Constitución le obliga a hacerlo.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique –cuyo partido es clave para sacar adelante los Presupuestos–, ya dejó entrever esta posibilidad nada más reunirse con el Ministerio de Hacienda. Al ser preguntado por la fecha tope del 30 de septiembre, Echenique admitió que la ley obliga al Ejecutivo a presentar un proyecto de cuentas antes de esa fecha y aseguró que su grupo presionará para que se cumplan los plazos, pero también recordó que "no hay mecanismos coercitivos que impidan que se pueda llevar más adelante". "Ese requisito para tener los Presupuestos antes de esa fecha está enunciado en nuestras leyes, pero no hay manera de implementarlo de manera coercitiva, como de hecho hemos visto en los años anteriores cuando los Presupuestos se han traído, básicamente, en la fecha al que al Gobierno le ha apetecido traerlos", planteó Echenique.

Rajoy se saltó la ley el año pasado

Lo cierto es que el dirigente de Podemos tiene razón: pese a que la ley es muy clara al respecto, el Ejecutivo de Rajoy retrasó medio año la presentación del último proyecto de cuentas. La Constitución deja claro que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", pero en 2018 Rajoy dilató hasta abril la presentación de su proyecto de cuentas para ese mismo año. De hecho, para cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el pasado julio, ni siquiera se habían aprobado los Presupuestos de este año, y el recién elegido presidente tuvo que comprometerse a respetar el acuerdo alcanzado por PP y PNV para asegurarse los votos de los nacionalistas vascos en la moción de censura que lo aupó al poder.

En un principio, la intención del Gobierno de Rajoy era presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 antes del 30 de septiembre de 2017, es decir, cumplir con la ley. No obstante, esa misma semana, el Ejecutivo comenzó a recular públicamente, hasta que el 26 de septiembre, apenas cuatro días antes de vencer el plazo, la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno no presentaría las cuentas hasta que no viera "avances" en la negociación con el resto de partidos que permitieran "vislumbrar" su aprobación. Ese mismo día, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, trató de quitar importancia a la fecha tope que establece la Constitución y aseguró que no era "necesario marcarse una fecha porque lo importante es que [los Presupuestos] lleguen con acuerdo político y social suficiente" a la Cámara baja.

Hernando señaló que lo conveniente era tener "aprobado el presupuesto antes del 31 de diciembre", mientras el PSOE, entonces primer partido de la oposición, apenas protestó: la entonces portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, únicamente tachó de "preocupante" la incapacidad del Gobierno a la hora de presentar los Presupuestos. Apenas unos días después, el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, la polémica respuesta policial de ese día y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución en la comunidad llevaron el foco mediático a otros asuntos y sacaron de la agenda las cuentas. Finalmente, el Gobierno se decidió a presentar su proyecto el 3 de abril, y el PNV –clave para la aprobación de los Presupuestos– pactó con el Gobierno a finales de mes, pese a que se había negado a negociar mientras el 155 estuviera en vigor en Cataluña.

Las cuentas de 2012, 1990 y 1983

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Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 también se presentaron en abril del mismo año en el que entraron en vigor, es decir, seis meses más tarde del 30 de septiembre de 2016. No obstante, este retraso sí está justificado: por aquellas fechas, el Ejecutivo de Rajoy llevaba nueve meses en funciones, y esa situación de interinidad se mantuvo hasta el 29 de octubre de 2016, cuando el entonces presidente del Gobierno fue reelegido para el cargo con la abstención de la mayoría de los diputados del PSOE. La ley establece que un Ejecutivo en funciones tiene vetada la facultad de aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y, de hecho, de presentar al Congreso cualquier tipo de proyecto de ley.

Los Presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016 fueron aprobados cómodamente con la mayoría absoluta de la que dispuso el PP durante esa legislatura. Las cuentas de 2012 también llevaron el sello de los conservadores, y aunque fueron presentadas en abril de ese mismo año, ese retraso tiene justificación. El anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió adelantar las elecciones al 20 de noviembre de 2011, y disolvió las Cortes el 26 de septiembre de ese año; meses antes, el mandatario había renunciado expresamente a presentar un proyecto de cuentas para el año siguiente.  Desde la aprobación de la Constitución, otros dos Presupuestos Generales del Estado se han presentado ante el Congreso con retraso por el mismo motivo –que a 30 de septiembre del año anterior las Cortes estuvieran disueltas–: los de 1983 (se presentaron en febrero de ese año) y 1990 (el Gobierno presentó su proyecto en marzo de ese mismo año).

Por su parte, las cuentas de 1985 se presentaron al Congreso el 2 de octubre del año anterior, un par de días después de vencido el plazo. Sin contar el de los Presupuestos de 2018, se trata del único precedente de retraso injustificado, y le valió al Gobierno de Felipe González –que se encontraba aún en su primera legislatura– un duro rapapolvo en forma de editorial del diario El País, que criticó que el Ejecutivo hubiera "incumplido, lisa y llanamente, un auténtico mandato constitucional". "En un sistema democrático, el poder ejecutivo debe cuidar hasta el escrúpulo su respeto por las normas, y no privilegiar sus propios incumplimientos con la aplicación de la ley del embudo o la despectiva alusión al formalismo de los procedimientos", denunciaba el texto.