Torra cumple 100 días como president con el Parlament 'cerrado' y la amenaza de elecciones anticipadas

El president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no ha querido nunca presentarse como el máximo mandatario de la comunidad, un puesto que asegura que sigue correspondiendo al expresident Carles Puigdemont. Pero lo cierto es que, el pasado domingo, el dirigente cumplió 100 días al frente de la Generalitat en mitad de un panorama que, si bien ha dejado atrás los momentos más tensos de 2017, no está ni de lejos normalizado: el Parlament ya ha iniciado el nuevo periodo de sesiones, pero los independentistas lo tendrán bloqueado al menos hasta octubre, y no está para nada claro que el secesionismo logre una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos para el año que viene. Y sin presupuestos, Torra ya ha avisado de que se planteará seriamente la posibilidad de adelantar las elecciones.

La situación ha cambiado mucho desde el año pasado por estas fechas. En agosto de 2017, el independentismo necesitaba tiempo para tramitar y aprobar las leyes de transitoriedad jurídica y de referéndum, a través de las que intentó dar soporte legal a la consulta del 1 de octubre, y por ello no dudó en reformar el reglamento del Parlament para acortar las vacaciones de verano y establecer el inicio del curso político el 16 de agosto. Por ello, la cámara autonómica debería llevar ya más de una semana en funcionamiento, y más con la cantidad de trabajo que –según denuncia la oposición– hay acumulada. Pero la realidad es que el primer pleno está convocado para el 2 de octubre.

Hace unos días, el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, restó importancia a la paralización de la actividad en el Parlament. Sabrià recordó que todos los grupos estuvieron de acuerdo en retrasar el inicio del curso parlamentario hasta la primera semana de septiembre, y sostuvo que "el Parlament funcionará a pleno rendimiento" a partir de entonces. "Ya hay comisiones programadas, como la de Economia", subrayaba entonces el portavoz. Pero la falta de plenos evitará que se pongan en marcha cientos de iniciativas, y además supondrá que el Gobierno de Torra estará todo un mes sin ser objeto de control parlamentario.

La decisión de no convocar plenos hasta octubre es fruto de los desencuentros de la mayoría independentista en los órganos de gobierno del Parlament y se remonta a julio, cuando la Mesa y la Junta de Portavoces certificaron el cierre de la cámara hasta dentro de un mes. No es la primera vez que la oposición denuncia el "cierre" del Parlament: en septiembre de 2017, la decisión de suspender el pleno inmediatamente anterior al referéndum del 1 de octubre también generó polémica. Pero sí que es la primera vez que el cierre parlamentario se produce por el choque entre Junts per Catalunya y ERC, las dos principales patas del independentismo.

Las desavenencias entre ambas formaciones están causadas por sus diferentes posturas sobre cómo reaccionar a la decisión del juez Pablo Llarena de suspender la capacidad de ejercer un cargo público al expresident Puigdemont y a los otros cinco diputados independentistas procesados por rebelión –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez–. La suspensión de estos seis parlamentarios dejaría al independentismo en minoría en el Parlament y, aunque Junts per Catalunya y ERC están de acuerdo en la necesidad de evitar perder la mayoría, discrepan en el modo de hacerlo.

JxC se niega a sustituir a Puigdemont

Cuando un diputado es suspendido, por decisión judicial o de una Asamblea legislativa, sólo caben dos opciones: o su escaño permanece vacío o el afectado renuncia y es sustituido por el siguiente en la candidatura. Para que los afectados no tengan que renunciar a sus escaños —que sería la opción más sencilla para garantizar una mayoría independentista en el Parlament—, la cámara buscó la manera de hacer posible su sustitución mientras siga en vigor la suspensión provisional dictada por Llarena. Y los letrados del Parlament aprobaron un dictamen ad hoc en el que proponen que los afectados sean sustituidos por otros diputados de su propio grupo en el hemiciclo sin que eso implique su renuncia total al escaño.

Esa salida es la que defiende ERC y también grupos como el PSC. Pero Junts per Catalunya únicamente la acepta en cinco de los seis casos: la formación se niega a aplicársela a Carles Puigdemont después de que la justicia alemana haya rechazado entregar al expresident a España para ser juzgado por rebelión. Los dos representantes de Junts per Catalunya se negaron a apoyar esta solución en la reunión de la Mesa del Parlament del pasado julio en la que se discutió el asunto, una negativa que impidió aplicar la solución propuesta por los letrados. La formación de Puigdemont dejó claro que su grupo nunca aceptará la suspensión o la sustitución como diputado del expresident, y aseguró que esa es una "línea rojísima" que no están dispuestos a traspasar.

Después de un duro cruce de declaraciones en el que ERC acusó a los posconvergentes de "mentir de manera descarada" y Junts per Catalunya se preguntó públicamente si los republicanos defienden "la dignidad de los diputados del Parlament o blanquean al PSC del 155", el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió suspender los plenos hasta octubre para evitar el riesgo de que el independentismo se enfrente a una votación en minoría. Y en septiembre, esa será la tarea a la que tendrán que enfrentarse Junts per Catalunya y ERC: llegar a un acuerdo que les permita reabrir el Parlament manteniendo su colchón de escaños.

La CUP es clave para aprobar los presupuestos

Del entendimiento o no de los partidos independentistas puede depender el resto de la legislatura. Los próximos meses son cruciales porque en ellos el Parlament debería aprobar el presupuesto de la Generalitat para 2019, y Torra dejó entrever a principios de agosto que se plantea renunciar a su cargo de president si las cuentas no salen adelante. "Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia", señaló el dirigente el 3 de agosto. Y apenas un día después, el vicepresident Pere Aragonès (de ERC) trataba de calmar las aguas asegurando que "no hará falta que Torra se plantee dimitir porque habrá presupuesto".

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Pero aprobar las cuentas no es tan fácil, especialmente si Junts per Catalunya y ERC no alcanzan un acuerdo para sustituir a los seis diputados suspendidos de sus funciones por Llarena. Sin esos seis parlamentarios, ambas formaciones únicamente sumarían 60 votos favorables, cuando la mayoría absoluta está en 68. Aunque ni siquiera sustituirlos supondría que el secesionismo tuviera la seguridad de que va a sacar los presupuestos adelante: es cierto que tendría 66 votos a favor por 65 que suman Ciudadanos, PSC, Catalunya En Comú Podem y el PP, pero la llave quedaría en manos de los cuatro parlamentarios de la CUP, que como mínimo tendrían que abstenerse para que las cuentas fueran aprobadas.

El problema para los independentistas es que su ala anticapitalista no comparte en absoluto la estrategia que están manteniendo Junts per Catalunya y ERC. Hace apenas unos días, el portavoz de la CUP en el Parlament, Carles Riera, aseguraba que su formación "no volverá a caer en la misma trampa del chantaje" con respecto a los presupuestos, e insistió en que lo necesario es acometer unilateralmente la ruptura tantas veces anunciada por la Generalitat de manera retórica.

 "Para romper con el Estado y hacer efectiva la independencia no nos hace falta un presupuesto autonómico. Que no nos quieran volver a enredar. Este chantaje de o nos dais apoyo a los presupuestos o no podemos sacar adelante la independencia es mentira", denunció Riera, que dejó claro que no tiene pensado colaborar "con ningún instrumento que tenga la finalidad de facilitar la gobernabilidad autonómica". "O ruptura primero o hacer unos presupuestos que en sí mismos sean un elemento de ruptura y de desobediencia", planteó como únicas opciones el portavoz de la CUP.