El destino del dinero público

Aena adjudica un contrato de 12 millones a una empresa controlada por uno de los principales imputados en 'Lezo'

Ildefonso de Miguel, en una imagen de archivo.

12.664.097 euros. Esa es la cantidad exacta, impuestos incluidos, de la adjudicación que acaba de realizar Aena a la empresa Servicios Aeronáuticos, Control y Navegación (Saerco), controlada por Ildefonso de Miguel, uno de los principales imputados en el escándalo de corrupción conocido como caso Lezo. De Miguel fue la mano derecha de Ignacio González –expresidente madrileño y presunto cabecilla de la trama criminal– en el Canal de Isabel II. Los investigadores de la trama corrupta atribuyen también un papel relevante a De Miguel en una operación para cobrar una comisión ilegal de más de un millón de euros por la adjudicación de una línea de tren a la localidad de Navalcarnero. En sus declaraciones ante el juez, él ha negado cualquier actividad ilegal. Detenido en abril de 2017, salió de la cárcel bajo fianza de 100.000 euros.

Aena, sociedad mercantil estatal en la que el Estado es propietaria del 51% de las acciones, gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos en España. Hace mes y medio, el 16 de julio de 2018, Maurici Lucena fue nombrado presidente de Aena por el nuevo Gobierno socialista. Lucena sustituyó en el cargo a Jaime García-Legaz.

La adjudicación del contrato público a Saerco se produjo en el consejo de administración celebrado por Aena el 24 de julio, es decir, cuando Maurici Lucena llevaba ocho días en el cargo. El objeto del contrato es la prestación de un “servicio de información de vuelo en los aeropuertos de La Gomera, Burgos y Huesca y un servicio combinado de control e información de vuelo en El Hierro”. El plazo de ejecución es de siete años.

En el consejo de administración que acordó la adjudicación a Saerco, además de Lucena, se sentaban otros dos miembros recién incorporados, en representación del Ministerio de Fomento (Francisco Ferrer y Angélica Martínez). Los otros 12 consejeros siguen de la etapa de García-Legaz, un destacado político del PP que había llegado a la presidencia de Aena en febrero de este año. García-Legaz fue diputado en Cortes, asesor económico de Aznar y secretario de Estado de Comercio en el Ejecutivo de Rajoy, entre otros cargos. En el consejo de Aena se sientan otras personas conocidas como el exministro Josep Piqué o el empresario Amancio López Seijas, uno de los mejores amigos de Rajoy.

El anuncio de licitación se publicó en el BOE el pasado 27 de marzo. El procedimiento utilizado fue el de negociado con publicidad, en el que el órgano contratante puede cursar invitaciones a participar, aunque también se pueden presentar otros empresarios en concurrencia.

En este caso, según explicó Aena a infoLibre, sólo dos empresas presentaron ofertas: Saerco y Ferronats (una compañía en la que participa el grupo Ferrovial). La diferencia entre ambas fue mínima: Ferronats presentó una oferta de 10,52 millones de euros y Saerco de 10,46 millones, ambas cifras sin impuestos (el importe con IVA supera los 12,6 millones). La apertura de propuestas económicas se llevó a cabo el 13 de junio y la propuesta de adjudicación, por parte de la Mesa de Contratación, se produjo el 19 de julio. Cinco días más tarde, el consejo adoptó el acuerdo.

Aena, a preguntas de este periódico, destaca la legalidad de la adjudicación: “Aena sigue escrupulosamente las normas que rigen la contratación, no pudiendo arbitrariamente descartar a licitadores. Saerco presentó declaración responsable de no estar incursa en ninguna prohibición de contratar, tal y como recoge el artículo 140 de la Ley 9/2017, y por lo tanto, puede concurrir a cualquier licitación que considere”. Además, añadió una portavoz de la sociedad estatal, Saerco “presentó la mejor oferta económica tras la correspondiente subasta, único criterio utilizado para proponer la adjudicación de entre las dos ofertas presentadas que superaron la evaluación técnica elaborada”.

El negocio de la privatización aeropuertaria

La adjudicataria del contrato, Saerco, es una empresa que inició sus operaciones en abril de 2010 y que está controlada desde entonces por Ildefonso de Miguel.

De Miguel había sido la persona de confianza de Ignacio González en el Canal de Isabel II, la principal empresa pública madrileña, entre finales de 2003 y julio de 2009. En esa fecha dimitió como gerente del Canal, en plena polémica por una adjudicación de un contrato de 24 millones de euros, que finalmente no se ejecutó. El Canal de Isabel II, según los investigadores del caso Lezo, es una de las compañías que fue saqueada por Ignacio González, su familia y alguno de sus colaboradores.

La apuesta de Ildefonso de Miguel por el sector aeroportuario tuvo una rápida recompensa. En septiembre de 2011, aún con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Aena decidió privatizar el servicio de control de torre en 13 aeropuertos españoles. Diez fueron para Ferronats y tres para Saerco (las torres de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma).

En febrero de 2012 recibió la adjudicación para controlar el aeropuerto de Castellón, tal y como desveló en su día infoLibre. Esa infraestructura estuvo años sin recibir vuelos, por lo que era conocido como el aeropuerto sin aviones. Este aeropuerto no forma parte de la red de Aena, sino que está gestionado por una empresa pública de Castellón, que en el momento de la adjudicación controlaba el PP.

La expansión de Saerco ha sido más que acelerada en estos pocos años de vida. Además de las cuatro torres de control mencionadas, presta servicios de información de vuelo en La Seu de Urgell, de verificación de vuelo en varios aeropuertos nacionales y, desde mayo de 2017, de dirección en plataforma en el aeropuerto de Barajas. En las cuentas de 2016, últimas presentadas en el Registro Mercantil, declaró que el importe neto de su cifra de negocios era de 6,3 millones de euros.

La estructura empresarial

En cuanto al capital social, el 80% está controlado directa o indirectamente por Ildefonso de Miguel y el 20% restante por la empresa estatal de la República Checa que gestiona el tráfico aéreo en aquel país. De Miguel tuvo que buscar un socio internacional para participar en los concursos de adjudicación de las torres, ya que era una condición legal.

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El 80% controlado por De Miguel se divide de la siguiente forma: el 69,8% está en manos de la sociedad Spanish Airways SL, el 7% es de la empresa Zubenelgenubi SL y el 3,2% pertenece a Pablo de Miguel, hermano de Ildefonso, ingeniero de profesión y desde hace 16 meses administrador único de la compañía. Spanish Airways es una instrumental, sin actividad más allá de controlar acciones de otras sociedades. Y Zubenelgenubi, cuya primera sede social estuvo en el domicilio particular de Ildefonso de Miguel, es la sociedad que utiliza formalmente para la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría e intermediación.

El relevo en la administración de la empresa se acordó precipitadamente el viernes 21 de abril de 2017, dos días después de que fuese detenido Ignacio González y la Guardia Civil pusiera así en marcha la operación Lezo. La sede de las empresas de Ildefonso de Miguel había sido registrada por agentes de la UCO el mismo día de la detención de González, así que era fácil imaginar lo que le venía encima. El lunes 24 de abril el detenido fue él, aunque pudo eludir la prisión tras depositar la fianza de 100.000 euros fijada por el juez Eloy Velasco.

Fuentes oficiales de Saerco aseguraron a infoLibre que Ildefonso de Miguel “ya no es propietario” de ningún porcentaje del capital de la compañía, porque le vendió las acciones que tenía “a su hermano Pablo”, obligado por “el daño reputacional” que estaba sufriendo la compañía por el caso Lezo. Más allá de quien sea el propietario formal de las acciones, el control sobre la compañía lo sigue ejerciendo de forma efectiva Ildefonso de Miguel.

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