Las razones por las que el trabajo social es clave en la lucha contra la violencia de género

A principios del mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La aprobación llevó aparejados importantes cambios en la estrategia para combatir la violencia machista. Una de las medidas que más ha resonado en el debate político plantea una ampliación respecto a la acreditación de las situaciones de violencia de género, más allá de sentencia o resolución judicial. Se trata de reconocer los derechos de las víctimas no sólo mediante pruebas jurídicas, sino también a través de un informe de los servicios sociales, los servicios especializados o los de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

De las 51 víctimas mortales por violencia de género registradas oficialmente en el año 2017, un total de 39 no había presentado denuncia, es decir, el 76,5%. En lo que va de año, 23 de las 29 mujeres asesinadas tampoco había denunciado a su agresor, el 79,3%. De ahí que la presentación de denuncia y la existencia de una sentencia dejen de ser requisitos fundamentales para acreditar la condición de víctima de malos tratos. Las expertas entienden como positiva esta decisión y elogian la labor de las trabajadoras sociales, elemento clave en la prevención, detección y acompañamiento. ¿Qué papel cumplen estas trabajadoras en su interlocución con las mujeres víctimas de violencia?

Lo explica en conversación con infoLibre María Cánovas, profesora asociada de Filosofía y Trabajo Social en la Universitat de les Illes Balears (UIB). La función principal, dice, de la trabajadora social que trata con una mujer víctima de violencia de género es ayudar a que se "empodere para que sea capaz de hacer frente a las situaciones complicadas que pueda vivir y que sea capaz de tomar una decisión". Es básico, además, "acompañarla en todo el proceso" sin que ello implique "obligarla a que tome decisiones que no sea capaz de tomar". En general, detecta Cánovas, "las mujeres tienen mucho miedo, les cuesta mucho tomar decisiones" y en ocasiones su entorno no tiene conocimiento o minimiza la situación. "Culturalmente aún cuesta", lamenta.

Las trabajadoras de los dos puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género con los que cuenta Madrid responden también a preguntas de este diario. La labor social de las trabajadoras, explican, consiste en realizar "una valoración general de la situación", en lo que se refiere a cuestiones como el empleo, la vivienda, la unidad de convivencia o el apoyo familiar, social e institucional. Pero también llevan a cabo una radiografía de la situación de violencia: características del agresor, valoración del riesgo y manifestaciones de violencia.

Las trabajadoras, asimismo, se hacen cargo de las necesidades de cada víctima y detectan factores de protección y vulnerabilidad. Las labores de acompañamiento en la toma de decisiones, la orientación, derivación y apoyo en las tramitaciones son igualmente fundamentales. Todas estas tareas articuladas por las trabajadoras sociales contribuyen "a la recuperación integral de la mujer y de su núcleo familiar mediante el trabajo coordinado en red con los diferentes agentes sociales, sanitarios, judiciales y policiales que intervienen". Para ello, añaden, "es necesario tener formación especializada, perspectiva de género y cierta experiencia que te permita conocer la problemática y poder identificar indicadores de violencia de género en el relato de la mujer".

Prevención, detección, acompañamiento

Iolanda Cirer matiza que la intervención depende también del territorio en que se lleve a cabo. Ella trabaja en la atención primaria de una mancomunidad de Mallorca. Con ella trabajan otras cuatro trabajadoras para una población de 35.000 habitantes de zona rural y cada una atiende a tres municipios distintos. La baza más importante de su trabajo, comenta, atañe directamente a la información y asesoramiento. En función de cada caso, continúa, las trabajadoras proporcionan información, realizan acompañamientos y coordinan sus labores con los servicios especializados. Si una mujer víctima de violencia reconoce serlo desde un primer momento, las trabajadoras activan un protocolo específico, pero si de una primera toma de contacto no surge una denuncia explícita, conviene "seguir trabajando y acompañar" a la víctima. Se trata, en esencia, de estar "codo con codo con ellas".

Ana Lima preside el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) y es profesora de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En conversación con este diario, recuerda que los puntos municipales constituyen una "referencia" al ser "la primera atención a cualquier caso". Su importancia, dice, radica en que son la puerta de acceso al sistema y eso les sitúa en una "posición privilegiada" para detectar incluso "situaciones de violencia que la mujer ni ha expresado". 

La demanda que llega a las trabajadoras en servicios municipales, asevera, puede no ser explícita, "entonces ahí es clave la detección, que también es prevención". Una vez abordada esta primera necesidad, la segunda fase apunta a la orientación. La trabajadora social guía a la víctima respecto a los recursos que tiene en su mano y las opciones que más se ajustan a su situación particular. Entra entonces en juego el acompañamiento. Lima relata que el apoyo de la trabajadora social no atiende a condiciones y permanece firme independientemente de la decisión que vaya a tomar la víctima. "Nuestra intervención nunca va a ser imposición", detalla.

La trabajadora social puede entonces derivar el caso al servicio especializado, una vez ya se haya definido y acreditado la situación de violencia. "Es un servicio social específico, con un equipo multidisciplinar integrado por abogadas, psicólogas y también trabajadoras sociales", continúa Lima. Normalmente, añade, los ayuntamientos grandes cuentan con uno y si no es la comunidad de quien dependen.

El siguiente paso incluye a los servicios de acogida, cuando no hay alternativa habitacional. La acogida permite una residencia con dirección secreta y temporal hasta que la víctima cuente con una vivienda propia o pueda acceder a un piso tutelado. "Ahí la trabajadora acompaña en todo el proceso y trabaja en la reintegración", agrega Lima. Este paso resulta igualmente esencial para salir de la violencia. La víctima tiene que "buscar un trabajo, rehacer su vida entera" para alcanzar una inclusión social, de modo que la trabajadora tiene la tarea de "acompañar, ayudar y mantener las prestaciones si las sigue necesitando, hasta que consiga tener una vida autónoma".

Denuncias y recursos

Pese a reconocer su condición de víctimas, las mujeres que sufren violencia de género no siempre se inclinan por denunciar. "Cuando una víctima es víctima y no hay denuncia interpuesta, la información no fluye de manera natural", explica Cánovas. "En ese momento te das cuenta de que aquí está ocurriendo algo", añade. En ese contexto, "es muy importante, y propio de la profesión, la relación de ayuda con las mujeres" porque será lo que refuerce la confianza entre ambas partes.

Cirer estima que, en caso de no existir denuncia de por medio, resulta fundamental hacer una valoración del riesgo que pueda sufrir cada víctima. "Luego está la autonomía de la persona a la hora de decidir" acudir al entramado judicial. Si no da el paso adelante, relata, las trabajadoras sociales intentan articular una red "con la policía y las amistades, para realizar un poco de seguimiento". Lo básico, dice, "es que esté acompañada y arropada, porque no es una situación fácil".

Las trabajadoras que operan en Madrid coinciden en que "es importante respetar el ritmo y la situación concreta de cada mujer", porque no todas "están en condiciones de iniciar un proceso judicial ni desean hacerlo". En el proceso de intervención social, recuerdan, "el fin último no es la denuncia, por ello las profesionales trabajarán para que la mujer sea consciente de la violencia que ha vivido, de los riesgos que conlleva y sea capaz de romper la relación con su pareja maltratadora". Todo ello, añaden, "favoreciendo siempre su autonomía y toma de decisiones dentro de un marco de seguridad".

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En esta labor, reiteran, urge "establecer con la mujer una relación de ayuda y crear un vínculo de confianza de forma que se sienta segura, que sienta que las administraciones y los profesionales dan credibilidad a su relato". De nuevo las trabajadoras recuperan el concepto empoderamiento: "Es una forma de sostener a la víctima en momentos de mayor dificultad y favorecer su empoderamiento, sin que se sienta juzgada". Incluso, relatan, forma parte del día a día la posibilidad de que "en algún momento la mujer quiera abandonar la intervención o incluso reanudar la relación con el agresor". Es fundamental, en ese punto, "respetar sus tiempos y dejarle abiertas las puertas para cuando ella lo considere oportuno".

Uno de los principales obstáculos a la hora de abordar este tipo de situaciones plagadas de complejidades, sostiene Cánovas, es "la falta de herramientas y recursos". Especialmente en el caso de las "casas de acogida y viviendas supervisadas", claves para el "proceso de emancipación" de las víctimas. También Cirer detecta un problema que salpica directamente al ámbito de la vivienda. "El acceso al centro de acogida no presenta problemas, esté o no saturado", comenta, "pero es temporal, así que luego la persona tiene que darse de alta y vivir en comunidad". Es ahí, subraya, donde se dan las dificultades, especialmente a nivel económico o en lo que incumbe a las listas de espera.

Lima cree que el presupuesto destinado a comunidades y ayuntamientos, acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, debe invertirse en servicios sociales. Desde la crisis, lamenta, están "saturados" porque se produjo un aumento de la demanda que cifra en el 75% aproximadamente. Las trabajadoras sociales, dice, están "capacitadas para dar una respuesta rápida, pero necesitan apoyo".