Los próximos Presupuestos

La reforma fiscal aparece como el principal escollo para sumar a PDeCAT y PNV a los Presupuestos de 2019

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron el jueves en la Moncloa.

El Gobierno ha elegido como socio preferente para las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene a Unidos Podemos, pero solo con la unión de los votos morados y los del PSOE al Ejecutivo no le dan las cuentas. El presidente Pedro Sánchez necesita, al menos, el apoyo de PDeCAT, ERC y PNV para sacar adelante su proyecto de Presupuestos, pero aún no ha comenzado a conversar con ellos, y la negociación estará muy condicionada por cómo se desarrollen los hechos en los próximos meses en Cataluña en lo relativo a la crisis territorial. Además, el PDeCAT ya ha mostrado su rechazo a la reforma del IRPF que plantean el Gobierno y Unidos Podemos, mientras el PNV quiere tener la capacidad de gestionar la tasa a la banca –que Sánchez ha descartado pero que la coalición morada insiste en implantar– en Euskadi, en el caso de que se aplique.

Sánchez se reunió este jueves con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Moncloa para tomar las riendas de la negociación de los Presupuestos del año que viene, iniciada por sus equipos hace ya algunas semanas. Iglesias compareció tras el encuentro y aseguró que su intención es que el "acuerdo global" con el Gobierno sobre las cuentas esté cerrado para el próximo mes de octubre, una fecha que concuerda con las intenciones del Ejecutivo, que quiere presentar el día 15 de ese mes el proyecto a Bruselas.

El secretario general de Podemos desgranó tras la reunión varios de los acuerdos alcanzados con Sánchez, entre los cuáles destacan las medidas de carácter social, como son la derogación del decreto de 2012 que estableció los recortes en educación, la puesta en marcha de un sistema de préstamo de libros de texto, la reducción del IVA a productos de primera necesidad o la eliminación del copago farmacéutico a quienes ganen menos de 18.000 euros anuales. Asimismo, también hubo sintonía Gobierno-Unidos Podemos en lo referente a la memoria histórica, y Sánchez e Iglesias pactaron retirar la medalla y el complemento en su pensión al torturador franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, poner en marcha un "museo estatal de la memoria" e impulsar las búsquedas de los restos de represaliados por la dictadura.

No obstante, la reforma fiscal necesaria para pagar algunas de las medidas que quieren impulsar el Gobierno y Unidos Podemos sigue atascada, aunque Iglesias anunciara este jueves un acuerdo con el Gobierno para hacer que la cuota de los autónomos sea progresiva y tenga un mínimo de ingresos exento de tributación e insistiera en el "principio" de pacto que anunció el lunes sobre la subida de los tipos en el IRPF para quienes ingresen más de 140.000 euros anuales. Sánchez e Iglesias no se ponen de acuerdo en lo referente a impuestos a la banca y las transacciones financieras, y también tienen diferencias –aunque de menor calado– en lo referente a la reforma del impuesto de sociedades.

Y si las dos principales fuerzas de la izquierda no han cerrado por el momento un acuerdo para llevar a cabo la reforma fiscal, menos aún lo han hecho con los partidos nacionalistas de los que depende la aprobación de los Presupuestos: PNV, ERC y PDeCAT. Fuentes de Unidos Podemos explican que, ahora mismo, las conversaciones son bilaterales porque la idea es pactar un proyecto conjunto que presentar posteriormente a los grupos catalanes y vascos –con los que hay contactos informales– para su negociación, pero admiten que su apoyo estará condicionado a cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos meses y a la reforma impositiva que planteen.

"Esforzarse y ceder" con los nacionalistas

El propio Iglesias admitió este viernes en la Cadena Ser que, una vez se alcance el pacto Gobierno-Unidos Podemos, tendrán que "sentarse con el PNV, con ERC, con el PDECat y con Compromís y esforzarse y ceder en algunas cosas". Y entre esas cosas, los impuestos son la principal: el PDeCAT ya tachó hace unos días de "dispersa e inconexa" la "política fiscal" que están planteando los dos principales partidos de la izquierda, y su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, señaló que su formación no es partidaria de subir impuestos y que, en vez de propuestas "simbólicas" como la de elevar el IRPF a las rentas más altas, el PDeCAT prefiere reforzar la lucha contra el fraude fiscal porque "en España hay demasiados ricos que no pagan y demasiada económica sumergida".

Por su parte, el PNV se muestra reticente a implantar el impuesto a la banca que el Gobierno descarta pese a haberlo prometido en la oposición pero que continúa exigiendo Unidos Podemos. En julio, los nacionalistas vascos ya avisaron de que exigirían la cesión a su comunidad de los nuevos tributos que se instauren, lo que le conferiría capacidad de variar los tipos de un eventual impuesto a la banca que afectaría a entidades con sede en Euskadi, como son Kutxabank, Laboral Kutxa o BBVA. "Nuestro grupo va a ser partidario de colaborar en cuantos debates y decisiones de reformas del sistema tributario se produzcan, pero desde el principio básico del estricto respecto a nuestro autogobierno fiscal con capacidad normativa", avisó en julio la diputada Idoia Sagastizabal a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

ERC, por su parte, no se ha pronunciado sobre las reformas impositivas que negocian el Gobierno y Unidos Podemos, si bien a nivel económico está presumiblemente mucho más cerca de sus planteamientos. Consultadas por infoLibre, fuentes republicanas se limitaron a afirmar que tomarán posición "cuando se plasmen por escrito los acuerdos", si bien hace unos días ERC supeditó su apoyo a los Presupuestos a un cambio de criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la causa judicial abierta contra los líderes independentistas encarcelados. "No tiene mucho sentido que por un lado se le esté pidiendo a ERC que vote las cuentas y por otro se avale la prisión de su líder", afirmó el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Y es que la evolución de la situación en Cataluña en los próximos meses será clave para la aprobación de los Presupuestos, ya que lo que ocurra en la comunidad será determinante a la hora de adoptar una posición. Así lo asumen fuentes de Unidos Podemos, que se muestran convencidas de que el voto de los partidos catalanes "depende de cómo puedan vender en Barcelona" su decisión. "Es verdad que el PDeCAT se ha mostrado algo más reticente a hablar del tema fiscal, pero no creo que pidan algo económico", sino que sus exigencias serán en materia territorial, afirma un dirigente morado, que no obstante señala que la "estrategia" de Unidos Podemos pasa por seguir negociando en solitario con el Gobierno, habida cuenta de que es muy complicado aventurar cómo evolucionará la situación en Cataluña.

Acuerdo en algunas de las medidas pactadas

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En lo que parece haber mucha más sintonía con los nacionalistas es en algunas de las medidas pactadas por Iglesias y Sánchez para poner en marcha una vez aprobados los Presupuestos. El pasado mes de abril, el Congreso aprobó por práctica unanimidad –aunque con la abstención del PNV– una proposición no de ley exigiendo "tramitar con celeridad una proposición de ley, consensuada por una mayoría de grupos [...] para suprimir el sistema de voto rogado", y apenas unos meses antes la Cámara baja había aprobado también instar al Gobierno a establecer de forma progresiva la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

La derogación de la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP también cuenta con una potencial mayoría de votos en el Congreso, como demostró la proposición no de ley que aprobó la Cámara baja en diciembre de 2016 instando al Ejecutivo a ello. La iniciativa, entonces promovida por el PSOE, sumó los votos de Unidos Podemos, ERC, PNV, Compromís y EH Bildu, mientras Ciudadanos y el PDeCAT se abstuvieron y el PP votó en contra. Y es muy probable que los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles sean aprobados en los próximos meses: en junio, la proposición de ley de Unidos Podemos fue admitida a trámite por unanimidad.

Iglesias y Sánchez también pactaron volver a vincular las pensiones al IPC, y la comisión del Pacto de Toledo del Congreso tiene previsto votar el próximo miércoles precisamente que sea ese indicador el fundamental para actualizar las prestaciones, aunque aún hay diferencias entre los grupos que pueden hacer descarrilar el acuerdo. Incluso el PP ha aceptado que se vuelva a utilizar la inflación como indicador "troncal" para revalorizar las pensiones, pero apuesta por "matizarlo" con otros parámetros, como los salarios o el PIB. Y es esta última parte la que Unidos Podemos rechaza, ya que la coalición morada pide el IPC "puro y duro", sin gradaciones.

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