El Congreso aprueba sacar a Franco del Valle de los Caídos con la abstención de PP y Cs

El Congreso dio este jueves un nuevo paso adelante hacia la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Apenas tres semanas después de que el Gobierno aprobase el real decreto para exhumar al general golpista de su tumba en el monumento, la Cámara baja convalidó sin ningún voto en contra la norma, que sirve para reformar la Ley de Memoria Histórica y prohibir que reposen en el Valle de los Caídos los restos de cualquier persona no caída en la Guerra Civil desatada tras el golpe de Estado de 1936.

El Congreso aprobó el real decreto con 176 votos a favor -de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Coalición Canaria-, 165 abstenciones -PP y Ciudadanos- y dos votos en contra -de Jesús Posada y José Ignacio Llorens (PP), por error- en una votación que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, calificó de "histórica" y ante la que, aseguró, "cada uno va a quedar retratado consigo mismo". La reforma de Ley de Memoria Histórica quedó, por tanto, aprobada, pero la norma seguirá tramitándose en el Congreso como proposición de ley para que los grupos parlamentarios puedan discutir y aprobar nuevos cambios en la legislación.

En la presentación del decreto, Calvo afirmó que la medida corrige "una anomalía extraordinaria" para una "democracia madura", la de "tener al dictador en un mausoleo de Estado". "Cada cual ha de verse interrogado a sí mismo como demócrata ante esta atroz anomalía", insistió la vicepresidenta del Gobierno, mientras la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, pidió repetidas veces durante su intervención a PP y Ciudadanos que corrigieran su posición y votasen a favor de la exhumación de Franco en lugar de abstenerse. "No pueden abstenerse de la democracia, de la dignidad, de la reparación. ¿De verdad se sienten cómodos teniendo a 20 km de Madrid un monumento a un dictador? ¿Se imaginan a 20 km de Berlín un monumento a Hitler?", se preguntó Lastra.

No obstante, no hubo sorpresas y los dos principales partidos de la derecha mantuvieron su abstención. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el encargado de defender la posición del PP, que basó su oposición al decreto en argumentar, precisamente, que se trata de un decreto utilizado para un asunto que no es urgente y que, por tanto, su utilización es irregular. "La calidad de una democracia se mide por el respeto a los procedimientos", y "usted parece entender que la forma es una liturgia, porque lo que importa es el fondo", echó en cara Fernández Díaz a Calvo, para después asegurar que "la forma es una exigencia y una garantía ante la arbitrariedad de los poderes públicos".

"Tengan un respeto al sentido común", exigió igualmente el exministro, que argumentó que la exhumación del dictador del Valle de los Caídos no es urgente porque no se ha levado a cabo en "40 años de democracia madura". Y esa misma idea fue la que vertebró el discurso de Ciudadanos, cuyo secretario general, José Manuel Villegas, coincidió en que "una democracia como la nuestra no puede tener un monumento que exalta la dictadura", pero a la vez defendió que "después de 40 años, sacar el cadáver de Franco no es urgente, pero Sánchez necesita echar una cortina de humo que tape las vergüenzas de su Gobierno".

"Ustedes nos traen un decreto que no busca los consensos, sino una solución rápida para que Sánchez tape sus problemas", denunció en este sentido Villegas, que tachó la iniciativa de  "solución parcial, insuficiente y con un instrumento que no es el adecuado". Igualmente, el secretario general de Ciudadanos sostuvo que la intención el Gobierno es camuflar "su incapacidad para parar a los separatistas", "para gestionar la economía", "para aprobar un techo de gasto" o "para hacer frente al problema de la inmigración ilegal".

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Por el contrario, Unidos Podemos dio apoyo a la convalidación de un decreto que supone, en palabras de la diputada de IU Eva García Sempere, "el fin de una infamia". No obstante, tanto Sempere como el parlamentario de En Marea Antón Gómez-Reino -los dos portavoces que intervinieron en nombre del grupo- fueron críticos con una reforma que consideraron insuficiente y "dolorosamente inexacta", según la calificó Gómez-Reino. Sempere, por ejemplo, exigió que en la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Memoria Histórica se aborde también la exhumación del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera o "dejar claro que, si se exhuma a Franco, es porque fue un genocida".

Por su parte, para En Marea, la redacción del decreto es imprecisa porque cae en el error de hablar de "contienda" para hablar de la Guerra Civil. "No hubo una contienda, hubo un golpe de Estado antesala de una salvaje represión y de 40 años de dictadura", denunció Gómez-Reino, que aseguró que Unidos Podemos no va a "caer en la mentira de los dos bandos". "Ningún estado democrático puede igualar a sus asesinos con sus victimas, no es lo mismo un dictador golpista que los legítimos defensores de la democracia", sostuvo el parlamentario, que acusó a PP de "flirtear" con el "fascismo" y a Ciudadanos, directamente, de aliarse con él. 

Los nacionalistas periféricos también prestaron sus votos para convalidar el decreto, aunque la mayor parte de ellos deslizaron algunas reivindicaciones que se negociarán en la tramitación de la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Fue el caso, por ejemplo, de ERC y PDeCAT, que mostraron su plena confianza en que el Gobierno acepte su propuesta de anular las sentencias dictadas contra represaliados en la guerra y la dictadura por los tribunales franquistas. "El compromiso de la vicepresidenta es que durante el trámite trabajaríamos para conseguir la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, y aun cuando llega tarde, estamos aliviados de haber conseguido este acuerdo con ustedes", señaló el portavoz republicano Joan Tardà.