Marlaska realiza el primer acercamiento de dos presos de ETA a las cárceles de Zaragoza y de Logroño

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado este jueves el traslado desde la cárcel de Almería a la de Zaragoza del etarra Kepa Arronategui Azurmendi, condenado por intentar atentar en 1997 contra el rey Juan Carlos I en la inauguración del Museo Guggenheim. Además, la también presa de ETA Marta Igarriz Iceta será trasladada del Centro Penitenciario Castellón I al de Logroño, informa Europa Press.

Los traslados de estos dos etarras que cumplen condenas por delitos de terrorismo a centros cercanos al País Vasco se aprueban tras los informes favorables de las juntas de tratamientos, según ha informado Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La junta de tratamiento de Almería propuso el pasado mes de junio el traslado de Arronategui "por razones amparadas en la actual normativa de Protección de Datos", según Prisiones. Este etarra sufre una patología psicótica grave, por lo que se le aplica el protocolo para evitar suicidios.

Arronategui está condenado por el intento de atentado contra el rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim en Bilbao en octubre de 1997. En pleno juicio a la mesa nacional de HB, tres pistoleros de ETA asesinaron el 13 de octubre de 1997 al ertzaina que frustró dicho atentado en el acto de apertura del museo, que contó con la asistencia del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y el lehendakari José Antonio Ardanza.

Dos centenares de personas participaron en 2017 en el Guggenheim en el acto de recuerdo a Txema Aguirre, el ertzaina asesinado por ETA 20 años atrás cuando frustró esta acción criminal para sabotear el acto de inauguración del museo.

Arronategui ingresó en prisión el 17 de octubre de 1997 y cumple una condena de 158 años, 8 meses y 20 días por asesinatos, tenencia de explosivos, daños, pertenencia a banda armada y atentado a la autoridad. Según Instituciones Penitenciarias, aún no se le ha aplicado la acumulación jurídica de la pena que supondrá una condena efectiva de 30 años.

La otra etarra acercada al País Vasco es Marta Igarriz Iceta. Será trasladada del Centro Penitenciario Castellón I al de Logroño después de que la junta de tratamiento propusiera el pasado mes de agosto el acercamiento atendiendo a su evolución y por su vinculación familiar.

La interna ingresó en prisión el 11 de abril de 2005 y cumple una condena de 15 años y seis meses por tenencia de explosivos y colaboración con banda armada. Ha cumplido las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2016 y, según Prisiones, ha admitido la legalidad penitenciaria al recurrir su clasificación. En julio de 2018, el juez central de Vigilancia Penitenciaria le concedió el segundo grado.

Primer acercamiento de Marlaska

Se trata del primer acercamiento autorizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su comparecencia del pasado 29 de agosto en el Congreso explicó que estos acercamientos serían generalizados y criticó al PP por "inyectar odio" utilizando la política penitenciaria como arma política.

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El ministro recordó que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy. También recordó que 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplen condena actualmente en primer grado, el régimen cerrado y más estricto de la legislación penitenciaria.

Este mismo jueves por la mañana la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha informado de que ha celebrado una reunión "fructífera" con el ministro Marlaska en la que se les ha explicado que los acercamientos de presos de ETA serán "puntuales" y para quienes no tengan delitos de sangre y, además, cuenten con la mayor parte de la condena ya cumplida. El titular del Interior ha explicado que esta será la norma "salvo excepciones".

Las asociaciones de víctimas y algunos partidos políticos, principalmente PP y Ciudadanos, pidieron explicaciones al Gobierno después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara cambios en la política penitenciaria tras triunfar la moción de censura que le llevó a la Moncloa. En un principio, Sánchez comentó que su intención era acercar al País Vasco a los etarras enfermos y mayores de 70 años.