Sánchez impulsará una reforma constitucional para acabar con los aforamientos

El Gobierno propondrá al Congreso una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Así lo anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia para valorar sus primeros 100 días en la Moncloa. Sánchez aprovechó su anuncio para pedir "el respaldo del conjunto de la Cámara", habida cuenta de que necesita al menos el apoyo de tres quintos del Congreso y de otros tres quintos del Senado para que la reforma salga adelante, lo que implica recabar inexcusablemente el respaldo, al menos, del PP.

Sánchez hizo pública su propuesta en la Casa de América de Madrid, donde pronunció un amplio discurso de balance de sus primeros 100 de Gobierno. El presidente aseguró que, en este "cambio de época", la sociedad demanda "igualdad" tanto social como entre representantes y representados. Y, habida cuenta de que la ciudadanía –señaló Sánchez– "no entiende la existencia de preceptos que han perdido toda razón de ser", será el Ejecutivo el que propondrá a través del Consejo de Ministros un cambio en la Carta Magna. El Gobierno aspira, según señaló el presidente, a que la reforma constitucional esté en vigor "en tan sólo 60 días desde que se anuncie su tramitación en el Congreso de los Diputados".

El aforamiento es una figura que faculta a quienes están sujetos a ella a ser juzgados, en caso de procesamiento, por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad, en función del cargo que ocupen. En la actualidad, en España hay casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto –17.603– pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (diputados, senadores, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.).

La decisión de Sánchez supone la rectificación de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que el mes pasado defendió que los aforamientos no son un "privilegio" pese a que puedan ser percibidos como tal por los ciudadanos. "Hacen falta unos consensos enormes, exigentes, para abordar una reforma de la Constitución", señalaba entonces Batet, si bien el PSOE, en su programa electoral de 2016, sí abogaba por "limitar" los aforamientos como una de las medidas necesarias para "poder contar con instituciones que sirvan a todos los españoles y no a quienes las gobiernan".

El acto en el que Pedro Sánchez ha anunciado su propuesta ha tenido como lema 'Avanzamos' y ha sido diseñado para exponer el balance de los primeros cien días de gobierno desde la moción de censura y para que el jefe del Ejecutivo lanzara un mensaje hacia el futuro. A la convocatoria asistió el Gobierno en pleno, a excepción de las ministras de Defensa y de Transición Ecológica (por problemas de agenda), así como presidentes de varias empresas del Ibex como José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola), José Manuel Entrecanales (Acciona) o Florentino Pérez (ACS), representantes del mundo de la cultura y del tercer sector y responsables de los principales medios de comunicación.

El anuncio de Sánchez se produjo tras una semana complicada para el Gobierno, iniciada con las revelaciones sobre el máster de la exministra Carmen Montón que terminaron con su dimisión. El Ejecutivo, además, ha visto cómo en los últimos días también se ha puesto en cuestión la autenticidad de la tesis doctoral del propio Sánchez, así como la composición del tribunal que la evaluó, lo que obligó al presidente a hacer público el trabajo de investigación. Sánchez no se refirió directamente en su discurso a estas cuestiones, pero sí alabó la capacidad de su Gobierno de "asumir responsabilidades", cuando en los anteriores seis años "no se conjugaba el verbo dimitir", y criticó las "fake news de las que hemos sido testigos esta semana".

El PSOE se muestra en contra de revisar la inviolabilidad del rey y el aforamiento de su familia

Ver más

El presidente del Gobierno repasó las medidas ya tomadas en estos cien días, reiteró su confianza en que "habrá Presupuestos a finales de noviembre o primeros de diciembre", confirmó su intención de derogar la Ley Mordaza, denunció la "ingeniería fiscal" practicada por grandes empresas y multinacionales y anunció un próximo paquete de medidas para "luchar contra la pobreza energética". Se refirió en varias ocasiones, a lo largo de su discurso, a la "agenda del cambio ligada a los objetivos 2030" y apeló a toda la sociedad civil para "ganar juntos una década para la justicia social tras una década perdida en la que además ha habido retrocesos en términos de igualdad y de progreso".

La primera reacción al anuncio de Sánchez para la reforma de la Constitución fue la de Podemos, que aseguró que respaldará la propuesta pero exigió que, una vez abierto el melón de la reforma constitucional, ésta sea "más profunda" y aborde más asuntos, entre ellos los relacionados con los derechos sociales. Asimismo, el partido morado exigió que la reforma constitucional sirva para retirar la inviolabilidad del rey. "No queremos privilegios, todo el mundo tiene que ser juzgado por igual y estamos en contra de los aforamientos. Pero además habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio de su reinado, si hubo casos relacionados con la corrupción", aseguró la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera.

Ciudadanos, a priori, también está a favor de la reforma. De hecho, este martes está previsto que el pleno del Congreso debata una moción –sin efectos jurídicos– promovida por el partido naranja para urgir al Gobierno a que ponga en marcha una reforma constitucional para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y ministros. Ciudadanos quiere exigir que el Ejecutivo proceda, "en el plazo máximo de tres meses, a la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objeto de promover la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno". Esa medida también afectaría a parlamentarios y miembros de Gobiernos autonómicos.