La PAH llega al Congreso en plena situación de "emergencia habitacional"

Emergencia habitacional. Es el diagnóstico que hacen las plataformas antidesahucios de la situación actual en materia de vivienda. Es, también, el nombre que lleva por título la ley [consultar en este enlace] elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que llega este martes al Congreso para ser debatida. El proyecto de ley será defendido por Lucía Martín, diputada de En Comú Podem.

La iniciativa quedó registrada en enero por Unidos Podemos junto a ERC, Compromís y EH-Bildu, pero el veto del Gobierno de Mariano Rajoy obstaculizó su recorrido. En abril de este año, no obstante, el Tribunal Constitucional dio un impulso a la norma a través de su fallo contra los vetos a la oposición, después de que el Grupo Socialista propusiera sin éxito paralizar la tramitación de la Lomce. "La sentencia del Tribunal Constitucional se pronunciaba sobre el veto a la Lomce, no nos afectaba directamente pero aclaraba que había sido fraudulento". Habla Francisco Morote, portavoz de la PAH. En conversación con infoLibre, el activista recuerda que entonces se volvió a registrar y "cuando iba a vencer el plazo de posible veto, hubo un cambio de Gobierno". El Ejecutivo de Pedro Sánchez "cumplió su compromiso y no la vetó", así que, reconoce, "las expectativas son mayores".

La aritmética parlamentaria parece estar de parte de los promotores de la norma. Tienen garantizado el apoyo de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu, así como "el compromiso del PDeCAT, el PNV y el PSOE", señala Morote, que hace apenas una semana se reunió con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Si bien el PP tratará de impedir su puesta en marcha, la incógnita de Ciudadanos la despeja el activista, con cierta cautela, al afirmar que el partido "se comprometió a que si sus votos fueran imprescindibles votarían a favor". Morote dice intuir "que no deberían votar en contra" y prevé que, "como máximo, podrían abstenerse". Este diario ha contactado con la formación naranja para aclarar su postura al respecto. Aunque fuentes del partido aseguraron que durante la tarde del lunes decidirían el sentido de su voto, este periódico no obtuvo respuesta alguna a lo largo del día.

"Hacer justicia"

"Lo que vamos a conseguir cuando se discuta la ley es hacer justicia con lo que pasó en 2013". La diputada Lucía Martín se refiere a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la PAH trató de llevar al Congreso hace ahora cinco años y que reunió cerca de un millón y medio de firmas. La iniciativa contenía "prácticamente las mismas medidas y si se hubieran aprobado, otra cosa diferente se habría conseguido", sostiene Martín. El PP, prosigue, "se había resistido a discutirla y finalmente accedió, pero tergiversó el contenido y se acabó retirando".

Ahora, reitera la parlamentaria, es "el momento de hacer justicia y los diferentes grupos se van a tener que retratar, no sólo en la toma en consideración, que es la primera prueba del algodón", sino en todo el proceso posterior. "Existen mecanismos internos para bloquear o dificultar el progreso de la iniciativa, como la ampliación del plazo de enmiendas al infinito", advierte. Por eso, estima, los grupos tendrán que "comprometerse con el contenido" y para ello es fundamental la "presión de la ciudadanía organizada, que en el fondo es la promotora de la proposición".

Martín coincide en que el PDeCAT se ha comprometido a votar a favor de su admisión a trámite, pero "el PP y Ciudadanos está claro", lamenta, "que no defienden los intereses de la ciudadanía, sino de los fondos de inversión, las entidades financieras y las grandes eléctricas".

Cambio de discurso

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de mostrar su compromiso ante la situación de emergencia habitacional que existe en el país, y así lo ha percibido tanto la oposición como la sociedad civil. "El cambio de discurso es muy notable y es de agradecer", estima Martín. También Morote cree que el equipo socialista "es mucho más sensible al problema de la vivienda" y aunque por el momento sólo hay sobre la mesa "declaraciones de intenciones", la plataforma confía en que no entorpecerá el impulso de la norma.

La diputada coincide en que "de los gestos hay que pasar en las concreciones" y el momento es ahora. En Comú Podem, dice, ya ha manifestado que no dará su apoyo a los Presupuestos de 2019 si no hay un cambio legislativo en torno a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que permita contratos más largos, con garantías para las personas arrendatarias y que facilite que los municipios puedan limitar los incrementos abusivos del alquiler.

La condición, insiste, está motivada por el hecho de que el PSOE ha votado hasta en dos ocasiones a favor de esas medidas, que además han logrado mayorías tanto en Comisión como en Pleno. "Hay mayorías recientes que están de acuerdo en aprobar esas medidas", de manera que no hacerlo "no sólo sería un desprestigio de la política institucional, sino faltar a un compromiso político que el PSOE asumió cuando hace pocos meses estaba en la oposición".

Lo cierto es que Pedro Sánchez ha anunciado diversas medidas relacionadas con el problema de la vivienda. En julio, el Gobierno socialista propuso la puesta en marcha de un paquete de medidas para hacer frente a la burbuja del alquiler, a través de la construcción de 20.000 viviendas de alquiler social y la ampliación de los contratos a cinco años de duración. Ya en septiembre, y después de haberse reunido con Unidos Podemos, el líder del Ejecutivo anunció su intención de desarrollar una ley de vivienda capaz de "poner fin a la venta de vivienda pública a los fondos buitre".

Ante su más reciente anuncio, IU ha instado a Sánchez a apoyar la ley de la PAH que aterriza este martes en el Congreso. "Aquí tenemos una ley estupenda y el martes tendrá la oportunidad de, si quiere, tener esa ley de vivienda anunciada, que ya han construido precisamente las personas más afectadas", señaló el pasado miércoles la portavoz parlamentaria de la formación, Eva García Sempere.

Vivienda digna

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el primer trimestre de 2018 se cerró con un total de 15.907 desahucios. "La proyección es que a final de año serán 70.000 si no se adoptan medidas", estima Morote.

En cuanto a las viviendas en alquiler, el porcentaje de sueldo que se destina a pagar el arrendamiento llega hasta el 47,9% en comunidades como Cataluña, el 45,7% en Madrid, el 44,8% en Balears, el 36,3% en Canarias o el 34,7% en Euskadi, según datos de Business Insider. La ONU recomienda que el gasto no supere el 30% de los ingresos. Paralelamente, señala Morote, "el precio de compra de vivienda se está disparando mientras carecemos de parque público". En España el parque público de vivienda se sitúa en torno al 2%, mientras que el porcentaje en países como Francia es del 17% o el 30% en Países Bajos. Entretanto, subraya el activista, "son los fondos buitre los que se apropian de las viviendas vacías".

La ley de la PAH, dice Morote, "sirve para cumplir con los compromisos de España en materia de derechos humanos en relación con la vivienda". Recuerda, el activista, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU condenó al país en 2017 por vulnerar el derecho a vivienda. "Planteaba que no se puede desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional", señala. Lo que propone la ley, en ese sentido, atañe precisamente a la paralización de desahucios. Propone, entre sus medidas para evitar desahucios, atender a las circunstancias particulares de cada caso para asegurar que el desalojo no menoscaba el derecho a vivienda digna o la obligación de alquiler social por parte de grandes tenedores.

La regulación de la dación en pago con carácter retroactivo es otra de las columnas que sostienen la proposición de ley. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha pronunciado en diversas ocasiones que la Ley Hipotecaria hace imposible la protección de los consumidores en los procesos de ejecución hipotecaria. Una ley, señala el activista, que ha afectado a "centenares de miles de familias que han perdido su casa y han quedado endeudadas de por vida con el banco".

La ley que plantea la PAH dicta que "si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda garantizada". En este caso, dice, "el tribunal dictará resolución autorizando la entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los intereses y costas". En el supuesto de las personas sobreendeudadas tras la pérdida de vivienda habitual, se procederá a la cancelación de la deuda. 

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En cuanto a la vivienda pública, la norma obliga a "la cesión obligatoria de las viviendas vacías" y de aquellos "edificios residenciales de titularidad privada que hayan permanecido sin uso y vacíos durante un plazo de un año en aquellos ámbitos territoriales en los que exista demanda acreditada de vivienda". 

También prevé, la propuesta, reformar la LAU y sugiere contratos de un mínimo de cinco años cuya rescisión también limita. Asimismo, permite un mayor margen a las corporaciones locales para frenar aumentos abusivos del alquiler.

Respecto a la pobreza energética, Morote recuerda que en España se calculan cerca de 7.000 muertes en relación a este fenómeno, de manera que la norma busca garantizar el "mínimo de subsistencia en agua, gas y luz", en cumplimiento con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y su definición de vivienda digna.