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Asedio al Gobierno

La 'guerra total' de Casado y Rivera contra Sánchez trata de bloquear los Presupuestos y ahogar la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El otoño caliente ya está aquí. Los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, suman fuerzas en todos los frentes para incrementar la presión contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el punto de mira de los dos está el proyecto de Presupuestos para 2019, convencidos ambos de que si Sánchez no consigue sacarlo adelante la legislatura tendrá los días contados y su intento de demostrar que otro gobierno es posible habrá fracasado.

Las dos sesiones de control de este curso político han sido de alto voltaje. La primera, hace una semana, porque en ella Albert Rivera puso en duda la tesis doctoral del presidente. La segunda, este miércoles, porque Casado ha elevado el tono para acusar al Gobierno de “autoritarismo”, lo ha comparado con la Venezuela de Maduro y ha exigido elecciones “cuanto antes”.

Ambas formaciones trabajan al unísono para seguir cuestionando el currículum académico del presidente, en particular la tesis doctoral que defendió en el año 2012, animados por el precedente de la dimitida ministra de de Sanidad Carmen Montón, que dejó su cargo después de que laSexta revelase que había plagiado parcialmente su trabajo de fin de máster. Casado, cuyo propio expediente académico le ha situado al borde la imputación en el Tribunal Supremo —un juzgado de Madrid cree que hay indicios de que ha cometido un delito de prevaricación administrativa y otro de cohecho impropio—, confirmó este miércoles que obligará a Sánchez a hablar de este asunto en el Senado. Y Rivera, que fue quien llevó el tema al Congreso pero cuyo currículo también está en cuestión, redobló su apuesta asegurando que “todo apunta a que hay un fraude”.

Sánchez ha acabado publicando en Internet el texto íntegro de su tesis, la universidad ha certificado que su tramitación siguió todos los requisitos legales y hasta el supuesto autor que, según algunos medios, habría redactado la obra haciéndose pasar por él ha asegurado no tener nada que ver. Nada de eso ha sido suficiente para PP y Cs, espoleados por sus principales aliados mediáticos, que insisten en sus acusaciones contra el presidente. El resultado es que Sánchez se verá obligado a afrontar un incómodo debate en la Cámara alta sobre su tesis.

El intento de recuperar la iniciativa proponiendo una reforma exprés de la Constitución que ponga fin a los privilegios judiciales de que gozan el Gobierno, los diputados y los senadores, dirigido a poner en evidencia las contradicciones del PP —su líder ya estaría imputado si no estuviera aforado—,  sólo consiguió hacerse hueco en el debate público durante unas horas.

La caída de dos ministros en solo cien días ha debilitado la imagen del Gobierno y ha alentado al PP y a Cs a situar en su punto de mira a otros miembros del Ejecutivo. En las últimos días han centrado su atención en dos: la titular de Defensa, Margarita Robles, desautorizada por Sánchez al cambiar su decisión de anular un contrato de venta de armas a Arabia Saudí, y la de Justicia, Dolores Delgado, afectada por una supuesta investigación que la vincularía al comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva. Los dos partidos que se disputan el liderazgo de la oposición saben que una nueva dimisión sería letal para la credibilidad del Gobierno.

Casado y Rivera compiten, además, a la hora de exigir una nueva aplicación del artículo 155 a Cataluña que no sólo destituya al actual Govern e intervenga la autonomía catalana y su Parlament sino que faculte al Estado para tomar el control de TV3 y de la escuela pública catalana. El líder del PP ha llegado incluso a proponer que, de forma permanente, las competencias en educación dejen de estar en manos de las Comunidades Autónomas.

Los dos dirigentes de los partidos de la derecha española saben que la única posibilidad que tiene Sánchez de prolongar la legislatura hasta 2020, tal y como pretende, es que consiga revalidar en los Presupuestos para 2019 el apoyo de los grupos políticos que sacaron adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y son muy conscientes de que el punto más débil de esa heterogénea alianza son los partidos independentistas, el PDeCAT y Esquerra Republicana, empeñados ahora en conseguir que el Gobierno pida a la Fiscalía la retirada de la acusación de rebelión que pesa sobre los líderes independentistas encarcelados o huidos al extranjero desde hace casi un año.

De ahí que tanto PP como Cs se esfuercen desde hace semanas en agitar el enfrentamiento social en torno a los lazos amarillos en las calles y denuncien siempre que tienen ocasión la existencia de pactos ocultos, que nunca han demostrado, entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas. El diálogo abierto entre el Gobierno y la Generalitat, a pesar de no haber dado todavía frutos, abona la posibilidad de que los independentistas acaben apoyando el proyecto de ley de Presupuestos, especialmente si la ampliación del techo de gasto atiende, siquiera parcialmente, las demandas financieras del Govern. Poner fin a ese diálogo es una prioridad para el PP y para Cs.

Un año clave

Casado y Rivera plantean estos días que la única solución al enrevesado escenario político pasa por la convocatoria de elecciones anticipadas. Y saben que, para llevar al Gobierno hasta el punto de tirar la toalla, su mejor baza es conseguir que no pueda sacar adelante el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2019. Si Sánchez se sale con la suya tendrá en sus manos una herramienta fundamental para desarrollar su propia política económica y social en un año clave desde el punto de vista electoral porque no sólo toca renovar la composición de numerosos parlamentos autonómicos sino los ayuntamientos y la representación española en Estrasburgo.

De ahí la importancia que tanto Casado como Rivera conceden a impedir que el Gobierno pueda cambiar las previsiones de estabilidad presupuestaria para 2019. La ley aprobada en 2012 por el PP, cuando Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta, otorgó al Senado capacidad para vetar cualquier modificación de las grandes cifras del presupuestos, especialmente el techo de gasto. Unidos Podemos PNV, PDeCAT, Esquerra y Compromís dejaron claro antes del verano que, sin esa reforma, es inútil hablar de presupuestos alternativos a los del PP.

De ahí que el Gobierno, el PSOE y sus aliados —con un protagonismo singular de Podemos— se estén empleando a fondo para sortear todas las estratagemas con las que PP y Ciudadanos, que controlan la Mesa del Congreso, están intentando demorar una reforma legal que ponga fin a la capacidad de veto del Senado. Sin esa modificación, el Gobierno dispondría de mucho menos margen —menos dinero— para tejer las alianzas que necesita con el fin de sacar adelante los Presupuestos de 2019 y prolongar la legislatura.

El propio presidente alimentó las esperanzas de la derecha al reconocer el domingo, en una entrevista en laSexta, que la duración de la legislatura está vinculada a la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante iniciativas en el Parlamento con el apoyo de otros partidos.

Esa es la razón por la que, en el PP, han ordenado zafarrancho de combate. Van a utilizar todas las armas a su alcance para frenar la tramitación de la enmienda con la que el PSOE pretende sortear los obstáculos que la Mesa del Congreso ha puesto a una reforma exprés de la ley de estabilidad y mantener vivo el veto del Senado lo suficiente como para entorpecer todo lo posible el proyecto de presupuestos del Gobierno. Saben que no pueden impedir la reforma de la ley, porque no tienen mayoría en el Congreso, pero cuentan con dificultar a su tramitación lo suficiente como para condicionar el alcance del proyecto de presupuestos del Gobierno para 2019. 

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Pedro Sánchez quería llevar al Congreso su primer proyecto de presupuestos a finales de noviembre o principios de diciembre, pero no está claro que vaya a poder cumplir sus deseos. Necesita que antes se haya completado la reforma de la ley de estabilidad para impedir el veto del PP en el Senado. En cualquier caso, todo apunta a que, como mínimo, 2019 comenzará como lo hizo 2017 con el PP, con una prórroga de los Presupuestos vigentes.

De ahí que este miércoles Casado y los principales dirigentes del PP no hayan ahorrados calificativos —“una salvajada”, un “escándalo”, un “atropello democrático”, Sánchez "se ríe de todos los españoles”, “ya tenía cara de Zapatero y ahora se le está poniendo de (Nicolás) Maduro”— para describir la treta con la que el PSOE ha impulsado la reforma de la ley de estabilidad que amenaza el veto del PP en el Senado. Es exactamente la misma maniobra que utilizó el PP en 2014 para aforar a Juan Carlos de Borbón ante el Supremo.

El primer paso que planea el PP es pedir a la Mesa de la Comisión de Justicia que no acepte la enmienda del PSOE y después solicitar amparo a la Mesa del Congreso, donde —con la ayuda de Ciudadanos— Casado tiene mayoría. Y no descartan acudir al Tribunal Constitucional: todo con tal de impedir que el borrador de Presupuestos que el Gobierno ya está negociando con los grupos políticos del Congreso no vea nunca la luz.

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