La suspensión del impuesto de generación rebajará el recibo de la luz un 3,5%

El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, anunció este miércoles la "suspensión" del impuesto del 7% a la generación eléctrica establecido en 2012 por el Ejecutivo del PP, puesto en duda por las grandes compañías eléctricas –a quienes se les cobra– y que ha sido judicializado prácticamente desde su creación. El objetivo, según ha explicado en sede parlamentaria la ministra Teresa Ribera, es reducir el precio de la factura de la luz con urgencia, ante las alarmantes cifras que se están alcanzando este septiembre en el mercado regulado. El efecto en el recibo, sin embargo, será menor: los expertos estiman que la distorsión del pool, el mercado de la electricidad, lo dejará en un 3,5%.

El anuncio ha sido acompañado de otros de relevancia, como la ampliación del bono social a la calefacción, y el ya previsto fin del impuesto al sol, como parte de un plan de choque que se conocerá al detalle en las próximas semanas. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, Ribera ha ido más allá y ha anunciado una profunda reforma del mercado mayorista de la electricidad. La ministra ha sido muy crítica con el actual sistema: lo ha calificado como un "sistema sobredimensionado en costes fijos" que penaliza a las renovables y fue diseñado hace décadas, cuando las energías limpias eran marginales y el carbón no estaba mal visto como parte fundamental del mix energético: la situación ha cambiado y el diseño del pool es incompatible con la transición energética, considera.

El impuesto a la generación eléctrica no debe confundirse con el impuesto de la electricidad, que pagan los consumidores. La tasa que suspende el Gobierno la pagan las eléctricas, y la intención es que, al librar a las compañías del tributo, el precio a pagar en la factura se reducirá. En todo caso, tanto las subidas y bajadas del precio de la electricidad como esta rebaja solo afectan a los que están sujetos al mercado regulado, basado en el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y que pagan más o menos según el precio que marca cada día el pool. Aproximadamente el 40% de la población consume electricidad en base a este sistema. El mercado libre, que permite a las comercializadoras establecer la cuantía del Kw/h sin restricciones, no se ve afectada por estos cambios.

El Gobierno pretende "actuar de manera inmediata con la suspensión del impuesto, la medida más adecuada y más acertada para enviar una señal clara. Necesitamos aliviar el impacto", explicó Ribera. Sin embargo, pese a que la reducción es del 7%, la rebaja que disfrutará el ciudadano de a pie será menor. El experto en el mercado eléctrico Jorge Fabra estima que, tras unos meses de caída directa del 7% en el importe, posteriormente será de un 3,5%, y algo mayor, en torno al 5%, para los grandes consumidores de electricidad: grandes empresas o instalaciones industriales. 

Esta distorsión se explica por el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad. El precio diario del kw/h es el punto en el que coincide la oferta de las productoras, las centrales –nucleares, de carbón, de ciclo combinado o de fuentes renovables– que proporcionan la energía, y las comercializadoras, que presentan ofertas por la electricidad que necesitan comprar. El punto en el que se cruzan la oferta y la demanda es el precio al que se pagará la luz, y dicho punto coincide, generalmente, con la oferta más cara: las de las centrales de carbón, de gas o las hidroeléctricas.

Dichas centrales ofrecen su materia prima a niveles más altos lastradas por, entre otros factores, el precio de los bonos de derecho de emisiones de CO2, que han subido 14 euros por tonelada desde enero a agosto de 2018. Y ese es uno de los motivos de la subida del recibo de la luz, explica la CNMC: al subir de precio la oferta más cara, tal y como funciona el pool, sube el kw/h que pagan todos. La tecnología más ineficiente y más perjudicada por la regulación medioambiental, que grava el dióxido de carbono, marca al resto. Y por ello, librarlas del impuesto de generación tiene impacto directo en el precio final. Las empresas generadoras cargaban directamente al mercado el 7%, y ahora dejarán de cargarlo.

Sin embargo, el 7% no llegará al consumidor final, quedándose en el 3,5% según las estimaciones, porque al ser más barata la energía que las productoras ponen en el mercado, aumentan las exportaciones de electricidad a otros países. Al tratarse de energía más competitiva, aumenta la demanda de fuera, y al aumentar dicha demanda, deberán ponerse en marcha tecnologías de respaldo, cuyos costes de generación son más altos, como las centrales hidroeléctricas. La rebaja del 7% queda eclipsada en parte por la introducción en el pool de generación cara, que sube el punto en el que la oferta y la demanda coinciden.

Fuentes conocedoras del mercado eléctrico, en conversación con infoLibre, tachan de "arbitraria" la suspensión de la tasa anunciada por Ribera. Dado que las centrales de carbón, de gas o las hidroeléctricas marcan el precio de la electricidad en el mercado al ser las más caras, consideran que es mucho más eficiente, como medida de urgencia, librar de la tasa solo a este tipo de generación eléctrica. "La factura de la luz se rebajaría igual, y la caída en la recaudación sería mínima", ya que solo se aplicaría a la electricidad barata producida por renovables. En todo caso, y tal y como pretende el Gobierno, los expertos estiman que el impacto en el precio que pagan los consumidores en el mercado regulado será prácticamente inmediato.

Plan de choque

La suspensión del impuesto de generación es parte de un "plan de choque" que ha anunciado la ministra Ribera, y que pretende paliar el efecto de la subida de la luz en los sectores más "vulnerables", en palabras de la titular de la cartera de Transición Ecológica. En dicho plan tendrá una importancia vital el bono social, que ofrece rebajas a los consumidores de electricidad de rentas más bajas, y que el Ejecutivo pretende ampliar a la calefacción. No se quedará ahí: el Gobierno presentará, en un plazo máximo de seis meses, una Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética.

Además, el plan de choque, en palabras de la ministra, incluirá el fin del impuesto al sol y una estrategia de fomento del autoconsumo eléctrico. Más allá de la supresión del peaje de respaldo, una de las medidas estrella que anunció el Ejecutivo de Sánchez, se pretende reducir hasta el mínimo la burocracia y la lentitud en las gestiones para los autoconsumidores, una de las actuaciones más demandadas por el sector. "La necesidad de favorecer el autoconsumo ha sido un clamor en esta cámara. El autoconsumo compartido tiene que ser una realidad. Y no se trata solo de instalar una placa fotovoltaica", afirmó.

En cuanto a eficiencia energética, Ribera aseguró que se mejorará la información que se ofrece al ciudadano en contratos de venta y alquiler de inmuebles, el ámbito más sensible al ahorro, y anunció otra medida que alegrará a los consumidores pero no tanto a las eléctricas. Considera la ministra que en muchas ocasiones, por desconocimiento, el usuario firma en su contrato de suministro de electricidad una potencia mayor de la que necesita –si la potencia contratada es menor de la que se necesita, se corta el suministro: es lo que ocurre cuando encendemos varios electrodomésticos a la vez y saltan los plomos–. "Algunos consumidores incurren en gastos innecesarios cuando el servicio no se ajusta a sus necesidades. Hay que ofrecer mayor información al cliente y es necesaria una mayor flexibilización del valor de potencia a contratar", sentenció. En este sentido, el Ejecutivo pretende que las comercializadoras estén obligadas a informar, en el recibo, de la cuantía que sus clientes habrían desembolsado de haber contratado otra tarifa.

Las energías renovables, prioridad del Ministerio de Transición Ecológica, tendrán un hueco en el plan de choque. Sin entrar en muchos detalles, Ribera pretende "recuperar el atractivo de invertir en renovables", y, además de establecer un calendario "estable" para las subastas, fomentará la contratación bilateral: la que se establece directamente entre el generador de electricidad y el consumidor, y con una cuota de mercado mínima en España a diferencia, explica la ministra, de "países de nuestro entorno" como Francia y Alemania. El Ejecutivo, además, buscará promover "la estructura de recarga" de los vehículos eléctricos, alternativa sostenible a un parque móvil responsable de algo menos de la mitad de las emisiones de CO2 del país. Ribera, sin embargo, no ha detallado en qué consistirá el impulso.

Una revolución del mercado eléctrico

El anunciado plan de choque pretende, además de abaratar la factura eléctrica de los consumidores sujetos al mercado regulado, poner la primera piedra de la transición ecológica que da nombre a la cartera del Gobierno de Sánchez, que une competencias clásicas de medioambiente con las de energía al entender que deben formar parte de un mismo objetivo y una misma estrategia. Otra de las piedras en el camino, además de la largamente esperada Ley de Cambio Climático, será la reforma integral del sistema eléctrico que adelantó Ribera en su comparecencia del miércoles en el Congreso.

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El Ejecutivo considera que el mercado mayorista de electricidad está desfasado. Explicó la ministra que se ideó cuando las energías renovables eran caras, poco eficientes y la tecnología para desarrollarlas estaba en pañales, y la generación de electricidad se apoyaba, fundamentalmente, en combustibles fósiles. La situación ha cambiado y tiene que seguir evolucionando, considera. "El diseño de los mercados fue concebido para otra época y otro momento, con un número de actores limitados y más homogéneo. Genera distorsiones e impactos injustos, dificultando la transición, así que hemos de actuar. Hemos perdido tiempo precioso y tenemos que recuperarlo", afirmó Ribera, que antes de formar parte del Gobierno de Sánchez criticó duramente el empeño de su antecesor, Álvaro Nadal, de mantener contra viento y marea las centrales de carbón.

Ribera aseguró que hay que sacar a las centrales contaminantes, con especial fijación en las de carbón, del mix. "No tiene sentido mantener en el modelo de generación actual el carbón, que produce el 17% de la electricidad y el 58% de las emisiones", cifró. No solamente por su impacto y potencial contaminante: también porque, considera, influyen negativamente en la volatilidad y en el alza de los precios del mercado regulado. Las "distorsiones e impactos injustos" a los que hace referencia la ministra son los que se han explicado párrafos atrás: el precio de cada día lo marca la generación más cara, que suele ser la más perjudicial para el medioambiente. El Gobierno pretende idear un sistema en el que el abaratamiento progresivo de las renovables, cuyo coste de generación es prácticamente cero, tenga influencia directa en el mercado y atraiga inversores, innovación y conocimiento.

La "reforma estructural" se ha prometido para antes de 2019. Por ahora, más allá de las intenciones de la intervención, se sabe poco de las medidas concretas a través de las cuales se modificará el funcionamiento del poolpool. Ribera ofreció pocas pistas, salvo alusiones vagas a un "modelo de remuneración atractivo", la regulación del almacenamiento de la electricidad generada por renovables –clave para que el modelo sea competitivo– y la revisión de los pagos por capacidad, que reciben las centrales, habitualmente alimentadas por fósiles, que están en letargo y no participan de la producción hasta que la demanda aumenta y son necesarias como "respaldo" del sistema. En el mercado, afirmó, "falta visión de conjunto y se han puesto parches cada vez más difíciles de gestionar". Está por ver si los cambios convencen a generadores, comercializadoras, usuarios, ecologistas y demás actores, y si cumplen su objetivo: energía barata en un sistema sostenible y limpio.