Junts per Catalunya y ERC buscan un pacto 'in extremis' para evitar las elecciones

A los independentistas catalanes se les agota el tiempo para alcanzar un acuerdo que les permita salvar su mayoría en el Parlament. El primer pleno tras la vuelta del verano está programado para el próximo día 2 de octubre, cuando dará comienzo el debate de política general –el equivalente al debate sobre el estado de la nación–, y por el momento Junts per Catalunya y ERC no han llegado a un acuerdo sobre qué hacer con los siete diputados a los que el juez Pablo Llarena suspendió de sus funciones en julio tras ser procesados por rebelión. Y el problema es que, sin los siete diputados afectados, los grupos independentistas en el Parlament solo suman 63 votos, dos menos que la suma de Cs (36), PSC (17), Catalunya en Comú (8) y PP (4).

El pasado julio, el juez Llarena decidió suspender de sus funciones a Puigdemont y Toni Comín, residentes en Bélgica, y a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, los cinco líderes secesionistas encarcelados que siguen siendo diputados. Cuando un diputado es suspendido sólo caben dos opciones: o su escaño permanece vacío o el afectado renuncia y es sustituido por el siguiente en la candidatura, si bien los letrados del Parlament abrieron la puerta a aplicar una solución intermedia: la de suspender de sus funciones a los siete parlamentarios pero sin hacerles renunciar al acta, lo que implicaría que otros diputados asumirían el derecho a voto de los suspendidos.

Dicho método garantizaría a los independentistas no incumplir la resolución de Llarena –estarían apoyados en el dictamen de los letrados del Parlament– y, a la vez, les evitaría ofrecer la imagen de que acatan la resolución de la Justicia y consienten con que los principales líderes independentistas queden inhabilitados. Junts per Catalunya y ERC están de acuerdo en aplicar este método a seis de los siete dirigentes, pero el motivo que ha evitado que los dos partidos hayan alcanzado ya un acuerdo tiene nombre: el de Puigdemont. ERC insiste en que quede suspendido pero sin renunciar a su acta, como el resto de los parlamentarios, pero Junts per Catalunya se niega a transigir con esa solución para el expresident.

La situación, por tanto, no ha variado desde hace dos meses, y lo que en julio parecía un desencuentro con solución ahora se presenta como un entuerto que puede dar al traste con la mayoría independentista en el Parlament. Este miércoles, las cúpulas de Junts per Catalunya y ERC se reunieron con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y con Sànchez, Rull, Turull, Junqueras y Romeva en la cárcel de Lledoners para tratar de alcanzar un acuerdo, pero el encuentro se saldó con un fracaso.

La mayoría relativa depende de Puigdemont

El problema para los independentistas es que las matemáticas no les sonríen en el Parlament: tienen 70 diputados y la mayoría absoluta está en 68, por lo que perdiendo siete diputados perderían la mayoría absoluta e incluso la relativa, frente a los 65 escaños que suman Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú Podem y el PP. No obstante, incluso aplicando la suspensión provisional a todos los diputados salvo a Puigdemont –lo único en lo que están de acuerdo Junts per Catalunya y ERC–, los independentistas tendrían problemas para sacar adelante las leyes, habida cuenta de que la CUP –con cuatro diputados– se niega a apoyar a sus socios secesionistas si no es para romper unilateralmente con el Estado. Y, sin los anticapitalistas y sin Puigdemont, ERC y Junts per Catalunya se quedan con 65 escaños, los mismos que la suma del resto del Parlament.

Así las cosas, la pérdida de la mayoría independentista y el bloqueo del Parlament es una opción posible, y las fuentes consultadas no cierran la puerta a que una eventual obstrucción pudiera terminar llevando a elecciones. Fuentes parlamentarias no secesionistas aseguran que el sector de Junts per Catalunya más próximo a Puigdemont –que controla el grupo parlamentario, pero no los órganos internos del PDeCAT– no ve con malos ojos esta opción. Pero dirigentes independentistas tanto de ERC como de Junts per Catalunya sostienen que adelantar los comicios es, al menos por el momento, una posibilidad que se debe evitar a toda costa.

Estas fuentes dan tres argumentos para explicar por qué a los independentistas no les interesan ahora mismo unas nuevas elecciones. En primer lugar, la mayor parte del secesionismo considera que unos eventuales comicios arrojarían unos resultados muy similares a los del 21 de diciembre del año pasado, por lo que los independentistas tienen poco que ganar y, además, se exponen a otra eventual victoria de Ciudadanos. Por otra parte, las fuentes consultadas son poco optimistas con respecto a la posibilidad de que la justicia permitiera a Puigdemont volver a encabezar una candidatura electoral, con el daño que eso supondría para las aspiraciones de Junts per Catalunya.

Pero el pilar más importante de la estrategia independentista a largo plazo es su convencimiento –según las fuentes consultadas– de que el momento preciso para convocar unas elecciones en las que sacar muchos más réditos tendrá lugar dentro de unos meses. El Tribunal Supremo aún no ha fijado la fecha en la que se celebrará el juicio contra los líderes independentistas encausados, pero las fuentes secesionistas consideran que unas eventuales sentencias condenatorias dentro de unos meses podrían generar una corriente de opinión favorable al independentismo en Cataluña que beneficiase a Junts per Catalunya y ERC en un adelanto electoral.

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Habida cuenta de esta situación, Junts per Catalunya y ERC tienen apenas dos semanas para ponerse de acuerdo si no quieren verse abocados a una situación incierta. Por ahora, las posiciones se mantienen igual que hace dos meses, y aunque fuentes independentistas no descartan que Puigdemont termine cediendo y transija con ser suspendido, sí dejan claro que, de hacerlo, será lo más tarde posible. El objetivo de ello, señalan estas fuentes, sería desgastar la figura de Roger Torrent, que como presidente del Parlament es quien tiene la responsabilidad última de hacer cumplir la suspensión establecida por el Tribunal Supremo y que Junts per Catalunya considera uno de los dirigentes con más opciones de ser el próximo candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat.

Mientras tanto, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sigue del lado de Puigdemont y mantiene la presión a los partidos independentistas. Este sábado, la dirección de la ANC tenía prevista una reunión para discutir la posibilidad de dar al president de la Generalitat, Quim Torra, un últimatum: o "fijar una única y nítida estrategia de gobierno, para la implantación de la república, antes del 21 de diciembre", o convocar elecciones. No obstante, la filtración del documento ha provocado que este jueves la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, haya aplazado el encuentro.