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Reforma constitucional

El Gobierno no divulga los "criterios" de la reforma constitucional de los aforamientos que encarga al Consejo de Estado

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

El Gobierno puso este viernes en marcha su proyecto de modificación de la Constitución para limitar el derecho de los ministros, los diputados y los senadores a ser juzgados exclusivamente por el Tribunal Supremo. La ministra portavoz, Isabel Celáa, anunció que el objetivo es “reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público para que deje de ser un privilegio y exclusivamente garantizar el ejercicio de la función constitucional que se desarrolla” pero evitó dar detalles sobre el alcance de la propuesta. De hecho, el Ejecutivo ni siquiera ha redactado una: se la ha encargado al Consejo de Estado “en los términos que se contienen“ en un documento que también trasladó al órgano consultivo. El Gobierno no dio a conocer el documento a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. infoLibre solicitó posteriormente el escrito, también sin éxito.

La ausencia del documento y las escasas explicaciones que dio Celáa tras el Consejo de Ministros impiden conocer el verdadero alcance de los “principios y criterios” que el Gobierno quiere aplicar a la reforma. Especialmente respecto a los delitos de corrupción. En relación con ellos, indicó la ministra, “no renunciamos. Es decir, sí consideramos que, efectivamente, los ministros, senadores y diputados deben tener una aforamiento restringido a las funciones de su cargo durante el tiempo de su mandato y sí, obviamente, hemos de sacar los delitos de corrupción. Esta es la voluntad política del Gobierno”.

El objetivo, añadió, “es el anunciado: se trata de reducir el alcance de los aforamientos políticos en España y así asimilar nuestra regulación constitucional a los restantes países europeos. En prácticamente todos los Estados de la Unión”, precisó, “se prevé el aforamiento de los miembros del Gobierno, pero sólo para el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que precisamente buscamos ahora. El aforamiento de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones también se prevé en algunos Estados europeos”, pero “no en todos”, añadió.

"Mejora de la calidad democrática"

La ministra situó este proyecto en el marco de la política del Gobierno “de mejora de la calidad democrática en España” y justificó el recurso al Consejo de Estado en dos motivos: que se trata de un organismo que contribuirá “a la calidad normativa del texto” y que su trabajo “puede favorecer el logro del consenso para culminar esta reforma constitucional”.

Sobre este último punto, Celáa no mostró dudas: “Puedo afirmar con total determinación que cuando el Gobierno actúa con decisión para hacer política, como en este caso para iniciar una reforma constitucional, lo hace con el convencimiento de que la va a sacar adelante”. ¿En qué se basa, teniendo en cuenta las reservas que han mostrado, por diversos motivos, el PP o Podemos?  “Hasta ahora lo que hemos venido viendo es una gran demanda social para retirar los aforamientos” y “un gran acuerdo político genérico dentro de las Cámaras” para poner fin a los aforamientos. “Por eso pensamos que las fuerzas políticas no tienen por qué tener a priori un veto a esta medida”, señaló.

La ministra aseguró que la idea del Gobierno es que la redacción del precepto constitucional prohíba “al legislador, el que sea, ampliar el alcance del aforamiento penal. Actualmente, el régimen del aforamiento del cargo público en España es mucho más amplio, pues se vincula a la condición de cargo público sin otras consideraciones y además puede ser ampliado por ley orgánica”, explicó.

La Constitución, añadió, deberá “remitir a la ley las cuestiones procesales. Es decir: la Constitución lo marcará y será la ley después la que en desarrollo normativo de la Construcción aborde las cuestiones procesales vinculadas a esa nueva redacción del texto constitucional”.

Aprobado por mayoría y un voto en contra la propuesta del Consejo de Estado para reformar los aforamientos

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Sin tocar la inviolabilidad del rey

La reforma, aclaró una vez más Celáa, sólo se refiere a los aforamientos de parlamentarios y de miembros del Gobierno, es decir, los que están residenciados en la Constitución. No afecta al fuero especial de otros cargos o autoridades a los que no se hace mención en la Constitución como las fuerzas y cuerpos de seguridad, los presidentes de órganos constitucionales o “familiares del rey”. De hecho, excluye expresamente tocar la inviolabilidad del rey, prevista en un artículo de la Constitución cuyo procedimiento de reforma es mucho más complejo que el de los aforamientos. En cualquier caso, “es importante que el rey mantenga su inviolabilidad”, aseguró la portavoz del Gobierno. rey Podemos planteó como una condición para apoyar la reforma que se ponga fin a la inviolabilidad del rey.

“Una vez culmine el proceso de elaboración del proyecto, el Consejo de Ministros lo remitirá a las Cortes Generales. Es ahí donde pensamos que, si hay voluntad de acuerdo por parte de las fuerzas políticas que han venido demandando esta medida, en sesenta días podríamos tener ya la reforma realizada”, explicó la ministra.

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