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El futuro de Cataluña

La Mesa del Parlament desafía al Supremo y decide someter a votación la suspensión de diputados ordenada por Llarena

  • El órgano de gobierno de la Cámara catalana mantiene paralizada la actividad de sus plenos desde que el magistrado instructor de la causa contra el procés suspendió a Puigdemont, Junqueras, Romeva, Sànchez, Turull y Rull
  • Sin ellos, los grupos independentistas en el Parlament solo suman 64 votos (30 de Junts per Catalunya, 30 por Esquerra y cuatro por la CUP), uno menos que la suma de Cs (36), PSC (17), Catalunya en Comú (8) y PP (4)

Fernando Varela
Publicada el 25/09/2018 a las 18:00 Actualizada el 25/09/2018 a las 18:23
El presidente del Parlament, Roger Torrent.

El presidente del Parlament, Roger Torrent.

Efe
La Mesa del Parlament de Cataluña puso en marcha este martes un acuerdo suscrito por JuntsxCat y Esquerra para solucionar el problema de los seis diputados procesados por rebelión suspendidos por el juez Pablo Llarena que, al menos formalmente, supone un desafío a la decisión del Tribunal Supremo. El acuerdo consiste en someter a votación del Pleno de la Cámara lo que previamente decida al respecto la comisión parlamentaria que se ocupa de los derechos y obligaciones de los diputados.

El órgano de gobierno de la Cámara catalana mantiene paralizada la actividad de sus plenos desde que en junio el magistrado instructor de la causa contra el procés aplicó a los seis parlamentarios —Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull— el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y les suspendió en sus funciones. Sin ellos, los grupos independentistas en el Parlament sólo suman 64 votos (30 de Junts per Catalunya, 30 por Esquerra y cuatro por la CUP), uno menos que Cs (36), PSC (17), Catalunya en Comú (8) y PP (4).

Desde entonces, JuntsxCat y Esquerra no se ponen de acuerdo acerca de cómo resolver el problema. Los neoconvergentes quieren desafiar expresamente la decisión de Llarena en lo que hace referencia a Carles Puigdemont porque la justicia alemana no ve indicios de rebelión, pero los republicanos se niegan a hacer distinciones.

Lo singular del acuerdo adoptado este martes por la Mesa es que pretende que el Pleno, del que forman parte los seis diputados suspendidos por el Supremo, decida si es pertinente o no la ley que el juez Llarena ya ha les ha aplicado. El simple hecho de que los parlamentarios suspendidos participen en la votación ya supondría, por sí mismo, un desafío a las decisiones del Alto Tribunal, aunque la decisión final del Parlament fuese favorable a aplicar la suspensión.

La Mesa, controlada por JuntsxCat y Esquerra, se resiste a aceptar la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a sus diputados y antepone su propio reglamento interno, según el cual la suspensión de diputados sólo puede ser decidida por el Pleno.

Sin embargo, los seis parlamentarios están suspendidos por orden judicial desde el día en que el Supremo ordenó su procesamiento. Eso significa que no pueden votar ni delegar voto, lo que deja a los independentistas en minoría.

La ‘solución’ de Llarena

Para evitar que esta situación altere la representación política de la Cámara y no obligar a los procesados a renunciar a sus actas, el juez Llarena sugirió una solución que se sale de las previsiones constitucionales: según él, “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento”.

El problema es que tal cosa no está prevista en el reglamento del Parlament ni en ningún otro de los que rigen el funcionamiento de las asambleas autonómicas ni de las Cortes Generales, en los que la condición de diputado es estrictamente personal.

El presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, defendió, tras la reunión de ls Mesa que acordó trasladar la decisión final al Pleno, que de este modo será posible conseguir que Puigdemont, Junqueras y los otros cuatro diputados conserven sus actas de diputados, que el independentismo mantengan su mayoría y que los acuerdos sean legales y no puedan ser impugnados. Lo que no hizo Torrent, a pesar de las preguntas de los periodistas, es explicar cómo va a conseguir que se cumplan esas tres condiciones.

El PSC lamentó que la cuestión de fondo —la situación de los seis diputados suspendidos por el Supremo— siga sin ser resulta y advirtió de que el Pleno no tiene otra opción que hacer caso al tribunal: “Debatir y votar una resolución judicial no corresponde al Parlament, que tiene obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir”. Los socialistas catalanes interpretan el acuerdo de la Mesa como un intento de “disimular” que acatan la voluntad del Supremo presentándola como una decisión del Pleno.

Ciudadanos, en cambio, sí observa un posible delito de la Mesa: “Nos planteamos acudir a la vía penal por la posible comisión, a nuestro tenor muy clara, de un delito de desobediencia judicial”.

La mayoría independentista necesita resolver este asunto lo antes posible: el día 2 de octubre tiene previsto reanudar las sesiones plenarias en el Parlament, precisamente con el primer debate de política general de la legislatura. JuntsxCat y Esquerra no pueden permitirse el lujo de llegar a ese Pleno sin mayoría parlamentaria.
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