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Desahucios

Pepi vence, de momento, al fondo buitre que quiere echarla de su casa en Lavapiés

  • El edificio donde se encuentra la vivienda está en manos de un fondo que tendría intención de levantar apartamentos turísticos o de lujo
  • El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha exigido la paralización del mismo de manera "indefinida"

Publicada el 28/09/2018 a las 10:20 Actualizada el 28/09/2018 a las 18:55
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El desahucio de Pepi Santiago, de 65 años, y de sus dos hijas de 27 y 28 años, ha sido paralizado de forma temporal en la calle Argumosa, en el barrio madrileño de Lavapiés.

El desahucio de Pepi Santiago, de 65 años, y de sus dos hijas de 27 y 28 años, ha sido paralizado de forma temporal en la calle Argumosa, en el barrio madrileño de Lavapiés.

El desahucio de una familia de su vivienda de la calle Argumosa, 11, en el barrio de Lavapiés (Madrid), que estaba programado para la mañana de este viernes, ha sido suspendido de manera indefinida tras recibir el juzgado una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según ha informado Europa Press.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exigió en la tarde de este jueves la paralización del desahucio de esta vivienda situada en Lavapiés previsto para este viernes a las 9.30 horas de manera "indefinida" y hasta que la Administración Pública "no garantice una alternativa habitacional", según ha explicado la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la familia, Alejandra Jacinto.

En la tarde de este jueves, la PAH remitió ese escrito al Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid. A las 9.37 horas de este viernes el juzgado ha ordenado la paralización sin fecha del desahucio ante esta resolución, según la abogada. A esa hora había un fuerte despliegue policial entorno a la vivienda, donde también acudió la comisión judicial, decenas de personas para parar el desahucio y el Samur Social.

Se trata del tercer desahucio al que se enfrenta esta familia compuesta por Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años, y sus dos hijas de 27 y 28 años. Estas llevan viviendo de alquiler en el cuarto piso de este edificio desde hace más de 20 años. Durante este verano se han producido dos intentos de desahucios que se han aplazado al no tener alternativa habitacional. Pepi Santiago ha pasado de pagar 300 euros de alquiler a los 1.300 que le exige la nueva empresa propietaria del edificio, un fondo buitre que pretendería vaciarlo de inquilinos para convertirlo en un bloque de pisos turísticos. 

Decenas de personas han pasado la noche en tiendas de campaña en la puerta del edificio para tratar de parar el desahucio. Del mismo modo, se han acercado hasta el lugar ediles del Ayuntamiento de Madrid como Rita Maestre, Jorge García Castaño y Rommy Arce, además de algunos miembros de Podemos del Congreso de los Diputados.

En torno a las 6 horas, la Policía Nacional ha montado un cordón policial en los alrededores del edificio que sobre las 8.40 horas ha sido retirado por orden de la Delegación del Gobierno, según miembros de la PAH.

Parte del bloque fue adquirido por la empresa Inversión en Proindivisos SL, que, según Pepi, la única intención que tienen es "especular y hacer pisos de alquiler vacacional". La vecina explica que la empresa propietaria le puso muchos problemas para pagar el alquiler como cambiar la cuenta donde debían ingresarlo sin avisar.

La vecina de este piso se ha mostrado emocionada y muy agradecida con todas las personas que se han acercado a apoyarla. Pepi ya tenía casi todas sus cosas empaquetadas a espera de que fuese desalojada.

Para la abogada "la pelota está en el tejado de la administración pública". "La administración tiene que garantizar el derecho a la vivienda y tendrá que ser la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de la Verdad Social, que de manera sistemática rechaza las solicitudes de vivienda a pesar de tener más de 500 vacías, o la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid", ha expresado.
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