La protesta en la calle protagoniza el aniversario del 1-O y deja en segundo plano la fractura del independentismo

Un año después del 1 de octubre, la unidad de acción de las fuerzas políticas y sociales independentistas que protagonizaron la organización del referéndum e hicieron posible la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre hace agua. Junts per Cataluña, la marca política construida en torno al liderazgo del entonces president, Carles Puigdemont, Esquerra Republicana, la formación presidida por Oriol Junqueras, el que fuera número dos del Govern, los anticapitalistas de la CUP y las dos organizaciones civiles que aún hoy llevan el peso de las movilizaciones sociales, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, disimulan cada vez menos las grietas de un movimiento cada vez más fracturado.

Más allá de la retórica que reivindica “hacer república”, de la demanda de un referéndum pactado con el Gobierno central que ponga fin al conflicto y de reivindicar la anulación del proceso abierto en el Supremo contra los principales impulsores de la independencia —algunos en prisión, otros huidos al extranjero—, la gestión diaria de los desacuerdos entre todas las partes se ha convertido en un problema que, de momento, partidos y organizaciones sociales van resolviendo sobre la marcha.

Un buen ejemplo son los diputados procesados por el Tribunal Supremo, a los que el juez instructor ha aplicado el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que implica que quedan automáticamente suspendidos en sus funciones. El juez Pablo Llarena comunicó el 10 de julio la suspensión al Parlament y, desde entonces, JuntsxCat y Esquerra no habían sido capaces de ponerse de acuerdo acerca de cómo gestionar una decisión que les deja en minoría en las sesiones plenarias, a menos que arbitren un mecanismo —no previsto en las leyes ni el reglamento de la Cámara, pero que les fue sugerido por el propio juez— para que los afectados puedan delegar provisionalmente sus funciones a la espera de que se resuelva su situación judicial.

Dos meses y medio después, el Parlament se dispone a tratar de resolver el problema en una votación en la sesión plenaria prevista para este martes. En vez de limitarse a tomar nota de la situación, la Cámara someterá a votación “acordar por mayoría absoluta la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios” de los diputados procesados por el Supremo. Si en la votación participa por delegación alguno de los seis diputados ya suspendidos por el Supremo —así ocurrió la semana pasada en la Comisión del Estatuto del Diputado—, la Cámara catalana se estará negando a acatar la resolución del juez.

La fórmula trabajosamente pactadatrabajosamente por JuntsxCat y Esquerra el Parlament para tratar de preservar su autonomía sin desafiar frontalmente al Supremo pasa porque ambos, con la ayuda de la CUP, voten en contra de la suspensión de los diputados encarcelados o huidos y que, a continuación los dos primeros —con la ayuda de Catalunya en Comú y la oposición de los anticapitalistas— decidan “que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados ​​designen”.

La situación es tan compleja que cada día los grupos o los letrados se ven obligados a improvisar soluciones. Si el viernes el letrado mayor, Joan Ridao, aseguraba sin ningún genero de dudas que esta resolución tiene que ser aprobada en el Pleno por mayoría absoluta, lo que planteó serios interrogantes acerca de que pudiese salir adelante, este lunes el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, precisó a los grupos que bastará con mayoría simple. Y eso que la propia resolución que se va a votar indica que debe ser aprobada “por mayoría absoluta”.

Los términos de la resolución son tan singulares que Ciudadanos ya ha anunciado su intención de denunciar en los tribunales a la Mesa y a los diputados que participen en cualquier decisión que no pase por asumir la suspensión dictada por el Supremo.

En el fondo de este debate se pueden ver las diferencias que, cada vez más, separan a los tres partidos independentistas. La CUP no acepta nada que no sea implementar ya la república proclamada y acusa a JuntsxCat y Esquerra de haber aceptado gestionar la autonomía y de someterse a los poderes del Estado.

La CUP acusa a las instituciones catalanas, controladas por JuntsxCat y Esquerra, de haber frustrado la “victoria” que obtuvo el independentismo en el referéndum del 1-O en lugar de haber materializado la república. Los anticapitalistas criticaron en un comunicado recogido por Europa Press que “la potencialidad” del 1-O “quedó neutralizada por las gesticulaciones simbólicas del soberanismo gubernamental”, como la declaración de independencia del 27 de octubre, porque el Govern no aplicó ninguna medida para hacerla efectiva.

Los anticapitalistas acusan a las otras formaciones independentistas de haber sustituido el objetivo de ruptura con el Estado por la negociación: la república catalana “está a día de hoy en el congelador”. “Acatando las leyes y las reglas de juego nunca tendremos suficiente fuerza para impulsar los cambios profundos que implica la autodeterminación”, lamentan los anticapitalistas.

Frente a la posición de la CUP se mueven, en distintos planos, JuntsxCat y Esquerra, que mantienen desde el año pasado una guerra sorda por la hegemonía y el liderazgo del independentismo. Los primeros, bajo la dirección de Carles Puigdemont, que ultima en Bruselas la puesta en marcha de lo que ha bautizado como Consell de la República, han diseñado una estrategia que pasa por unificar bajo el mismo paraguas —la Crida Nacional per la República (CNR)— a todo el independentismo catalán que choca frontalmente con Esquerra.

Torra pide a los CDR que “aprieten”

El president de la Generalitat, Quim Torra, mantiene, de momento, dentro de la legalidad constitucional la gestión del Govern pero ha asumido una retórica cada vez más dura con el Gobierno central. Preside una autonomía, pero defiende estar construyendo una república y planea poner en marcha un debate constituyente, aunque sin efectividad legal. Este lunes, en pleno aniversario del 1-O, se permitió arengar a los Comités de Defensa de la República que a esa hora cortaban carreteras y vías de ferrocarril: “Apretad, hacéis bien en apretar”. Horas después, tras la manifestación que recorrió por la tarde Barcelona, Quim Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent, fueron recibidos con pitos y abucheos. Y con gritos de "¡Desobedeced!".

JuntsxCat es quien más siente la presión de la ANC, cuya presidenta, Elisenda Paluzie, pidió este lunes que el Govern y su president, Quim Torra, tengan “iniciativa y autoridad” para cumplir el mandato del 1-O y que “no estén esperando a las sentencias, como si eso fuese la clave. Que definan una estrategia para hacer efectiva la república”, exigió. “El Govern y el Parlament tienen que pasar de la retórica a los hechos”.

La principal diferencia entre JuntsxCat y Esquerra está en las líneas rojas. Los republicanos de Oriol Junqueras mantienen la estrategia que pusieron en práctica tras la intervención de la autonomía catalana: aparcar cualquier tentación de volver a intentar la independencia de manera unilateral —a la vista, sobre todo, del fracaso de la internacionalización del conflicto— y centrar todos los esfuerzos en ampliar la base social del independentismo. Una gran mayoría social, que Esquerra reconoce no tener todavía, es para los republicanos el camino seguro hacia un referéndum pactado y reconocido internacionalmente.

Junqueras insistió en esta idea esta misma semana en una entrevista en La Vanguardia en la que volvió a marcar distancias con JuntsxCat y la CUP: “Queremos representar la centralidad de este país y ERC no necesita gesticular para explicar que es independentista, advirtió frente a quienes desde ambos lados del arco político independentista les acusan de tibieza.

El vicepresidente del Gobierno catalán, el republicano Pere Aragonès, evocó este lunes “el camino que queda hacia adelante, el camino mayoritario de autodeterminación”. Y la vicesecretaria de ERC, Marta Vilalta, llamó a “seguir hacia adelante en el camino para consolidar y hacer real esta república”.

Las grietas en el bloque independentista, en comparación con la unidad que dio lugar a la declaración unilateral hace un año no son el único cambio relevante en la política catalana. En el extremo contrario del tablero político, la pugna entre el PP y Ciudadanos por el liderazgo de la derecha ha hecho subir las apuestas. Pablo Casado y Albert Rivera compiten a diario por defender las medidas más extremas para frenar a sus adversarios: un nuevo artículo 155 o, incluso, la ilegalización de los partidos independentistas a los que acusan de defender la violencia.

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Con todo, JuntsxCat, Esquerra y hasta cierto punto la CUP comparten en última instancia la defensa de un referéndum pactado como única manera de resolver el conflicto, además de la anulación del procesamiento de los líderes del procés. Las grietas no están en los objetivos sino en los ritmos, además de en en la política concreta y en la gestión del Govern.

Por eso cobra tanta relevancia el Debate de Política General que a partir de este martes medirá la sintonía de JxCat, ERC y la CUP. Será el primero de una extraña legislatura sobre cuya duración nadie se atreve a hacer apuestas.

El debate servirá para que el Govern explique sus planes del curso político que empezó tras las vacaciones de verano y también para que todos los grupos presenten propuestas de resolución que intenten orientar la actividad del Ejecutivo en los próximos meses. La votación de estas iniciativas, que no se conocerán hasta el miércoles, será la que ponga a prueba la unidad de acción del independentismo.