El Gobierno confirma que no actuará contra el rey emérito por los posibles delitos fiscales filtrados por Villarejo

El Gobierno de Pedro Sánchez confirma, en respuesta a las preguntas enviadas por el senador de Compromís Carles Mulet García, que no va a adoptar ninguna medida contra la posible evasión de patrimonio y de obligaciones fiscales que salieron a la luz con las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, que señalaban al rey emérito, Juan Carlos I.

En estas grabaciones, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, durante años amiga del entonces jefe de Estado, revelaba que el rey emérito la usaba como testaferro para ocultar propiedades y pidió comisiones por el AVE a la Meca. Por esto, el grupo parlamentario ha preguntado al Ejecutivo si piensa iniciarse alguna investigación o procedimiento sancionador, o si el Gobierno ha cuantificado (o piensa cuantificar) todo el capital posiblemente evadido, defraudado o apropiado.

El Gobierno, en su respuesta por escrito, ha dirigido la responsabilidad a la Agencia Tributaria, sin dar más detalles. "La Agencia Tributaria potenciará las actuaciones de información e investigación mediante diferentes líneas de acción, encaminadas en última instancia al objetivo común de la detección de bienes, derechos ocultos y rentas no declaradas con el objeto de regularizar la situación tributaria de los contribuyentes incursos en actuaciones calificadas como defraudatorias", reza el escrito.

Previamente, el día 4 de septiembre, PP, PSOE y Cs impidieron tramitar la comisión de investigación sobre las cuentas suizas de Juan Carlos y el cobro de comisiones –sobre las actividades del rey emérito al hilo de las revelaciones de Corinna– que pidieron Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto a finales de julio. A pesar de ello, los mismos grupos demandantes solicitaron días después que la decisión fuese reconsiderada.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 12 de septiembre negó que el Gobierno hubiese dejado de investigar o de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes posibles casos de corrupción, tras ser acusada por Podemos de no hacer nada ante las presuntas irregularidades de las que fue acusado Juan Carlos I. En ese momento, Montero argumentó que "ningún grupo político puede suplantar al poder judicial" o las labores que lleven los órganos pertinentes, como la Agencia Tributaria; por lo que se escudaba, de nuevo, en la misma justificación que la dirigida actualmente a Compromís.

Este debate sobre la monarquía está marcando las distancias entre el PSOE y Podemos. Las diferencias entre sus puntos de vista están dificultando las relaciones y pactos políticos. 

 

 

Respuesta del Gobierno