El Gobierno apuesta por las cuotas para combatir la desigualdad laboral frente al rechazo de los empresarios

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, quiere que las mujeres lleguen a la cima de sus empresas. Así lo sostuvo el martes, durante la inauguración de Forbes Summit Women, un evento en el que líderes empresariales analizaron el papel de las mujeres en las empresas del país. Durante la cita, la ministra se comprometió a acelerar los trámites para impulsar una ley de igualdad que obligue a las empresas a incluir a mujeres en los puestos directivos. Una propuesta, la de las cuotas, que echa raíces ya en países como Noruega, Bélgica o Italia.

"En el Congreso de los Diputados actualmente tenemos registrada una ley de igualdad laboral para resolver no sólo el problema de la brecha salarial, sino que pretende afrontar también, de manera global, todos los problemas de discriminación de la mujer, así como la compatibilidad de la posible maternidad y la corresponsabilidad de la vida personal y laboral", señaló Calvo durante su intervención. Con ello, añadió, "se establece la obligación legal de que la mujer esté en los lugares de decisión y así España se incorpora a los países del mundo que ya no están en el debate sino en las soluciones".

La norma a la que se refiere la ministra es aquella que presentó el PSOE en la pasada legislatura, relativa a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Se trata de "una de las más de 40 leyes que estaban vetadas", confirman fuentes del Ministerio de Igualdad, y cuyo veto "se levantó en verano". Será, añaden, "en la tramitación cuando se puedan concretar las distintas cuestiones".

La noticia no ha sido especialmente bien recibida en determinados sectores. El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresó este miércoles su disconformidad con el anuncio. Para el empresario, imponer cuotas sobre la presencia de mujeres en los consejos podría perjudicar a la competitividad de las empresas. Garamendi se ha mostrado partidario de promocionar a las mujeres pero no establecer mecanismos legales para convertir la actual recomendación que contempla la Ley de Igualdad de 2007 en obligación.

Legislar para equilibrar la presencia femenina

Según el informe Women in Business 2018: ¿cumplir o liderar?, elaborado por Grant Thornton, el porcentaje de mujeres directivas en las empresas españolas se sitúa en el 27%, cifra que se repite por segundo año consecutivo.

Alemania, por su parte, ha logrado un aumento en la proporción de puestos de alta dirección ocupados por mujeres, pasando del 18% al 23% en este último año. En cuanto a Reino Unido, el porcentaje de mujeres en puestos directivos transitó del 19% al 22%. Francia, según el estudio, registra el dato más alto de los últimos tres años en la proporción de puestos de alta dirección ocupados por mujeres, con un 33%. Polonia ha logrado un 34% de mujeres directivas y Rusia un 41%.

Para evitar los porcentajes que muestran el desequilibrio de género en los puestos decisivos, algunos países han decidido tomar cartas en el asunto.

Es el caso de California, que este mismo mes ha fijado una cuota mínima de mujeres en los consejos de las compañías cotizadas en algún mercado estadounidense, con sede en California. Las multas por incumplimiento oscilarán entre los 100.000 y los 300.000 dólares.

Aunque la norma es pionera en Estados Unidos, determinados países europeos tienen tradición a la hora de practicar políticas similares. Noruega decidió obligar a las empresas cotizadas a reservar al menos el 40% de sus asientos de dirección para mujeres en el año 2008. En Bélgica, Francia e Italia las empresas que no cumplan con un mínimo pueden enfrentarse a importantes represalias, si bien la gran mayoría de países, como hasta ahora España, optan por la fórmula de la recomendación.

El citado informe señala que "la autorregulación es un sistema que ha funcionado bien en países como Finlandia o Suecia por lo que no se han planteado la imposición de cuotas". A la estela de Noruega le siguieron en 2011 Francia, Holanda, Italia y Bélgica, con leyes que obligan a contar con un porcentaje mínimo de mujeres en los órganos de decisión de sus empresas y Alemania se sumó en 2016.

Además, la Comisión Europea estableció en 2012 la recomendación de que al menos el 40% de los puestos no ejecutivos de los consejos de administración estén ocupados por mujeres en el año 2020.  

Techo de cristal y suelo pegajoso

Los empresarios españoles, indica el estudio, rechazan de forma clara aplicar un sistema de cuotas obligatorio por ley. De hecho, ocho de cada diez empresas no creen en las cuotas "como medida para lograr la igualdad de género entre los directivos".

Mónica Grau, experta en igualdad e investigadora en la Universitat de Barcelona (UB), comenta en conversación con infoLibre que la reacción de los empresarios es entendible. Se trata de "grupos privilegiados que no van a aceptar unos cambios que afecten a sus privilegios", de manera que la reacción no es otra que la que cabía esperar. A lo largo de la historia, señala, se han producido cambios necesariamente propiciados "a través de las leyes y siempre han supuesto resistencia".

Es necesario, no obstante, "romper este círculo vicioso que está siendo provocado por reglas del juego que protegen a los hombres y expulsan a las mujeres". En este contexto, las cuotas "no dejan de ser una herramienta de aquello que erróneamente se llamaba discriminación positiva y que debería llamarse acción positiva".

Para lograr la incorporación de mujeres a los puestos directivos, ¿es necesario legislar o basta con recomendar? Para Grau la respuesta es evidente. "Es necesario que haya leyes, una ley que introduzca cambios estructurales en materia de igualdad" porque de lo contrario los cambios que podrían alcanzarse serán efímeros. "Con recomendaciones solamente no se van a conseguir cambios en el ámbito estructural" y por ello es "necesario desmontar el mito de la meritocracia" que germina en "los sectores neoliberales". 

Los beneficios de hacerlo no son pocos. "Para las mujeres está claro", dice la investigadora, al tiempo que menciona la "mayor participación" y el disfrute de la "igualdad de oportunidades". Pero desde una perspectiva empresarial, el impacto económico también será una realidad. Existen beneficios, dice, en contar con grupos tradicionalmente no representados. "Hay una tendencia bastante positiva a la hora de defender que cuando los grupos son más diversos, pueden conseguir mejores resultados", reflexiona. Incorporar, además, "nuevas perspectivas, nuevas visiones y nuevas realidades" es igualmente beneficioso porque supondrá "conectar con esas realidades que están siendo invisibles".

Romper el techo de cristal, sin embargo, no se articula como una solución útil para las mujeres mientras el suelo que pisan siga estando pegajoso. Es la teoría que sostiene gran parte del movimiento feminista, esa rama especialmente crítica con su devenir neoliberal. En el libro Un feminismo del 99%Un feminismo del 99% (Lengua de Trapo, 2018) la activista feminista Fefa Vila cita a la pensadora Nancy Fraser y sus reflexiones en torno a "un feminismo que en sus derivas de los últimos años ha terminado apoyando o asumiendo de facto un discurso y práctica neoliberal".

El suelo pegajoso tiene que ver con las dificultades de las mujeres a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, la doble carga de trabajo que alimenta el invisible trabajo doméstico y la feminización de los empleos precarios. La imposibilidad del grueso de las mujeres de cambiar sus condiciones sociales y laborales.

La autora escribe, citando la teoría de Fraser , que "el feminismo que más se ha escuchado en estos años se ha vuelto corporativo y ha asumido los valores de una sociedad capitalista basada en la competencia y en el desarrollo de carreras y logros personales". Es decir, apela a un feminismo que "se dirige fundamentalmente a romper los techos de cristal" pero que "rara vez se detiene en los suelos pegajosos y mucho menos incluiría una agenda transformadora".

Fefa Vila atiende a infoLibre al otro lado del teléfono. "Lo que está ahí es la tensión que siempre ha existido con el feminismo liberal, que en España no existe pero que está representado por los intereses de cierto feminismo institucional", considera la activista. La Ley de Igualdad, recuerda, habla de las cuotas para asegurar un equilibrio en los puestos de autoridad en empresas públicas y privadas, algo que "tiene que ver con una cuestión de reconocimiento y redistribución, que es positivo".

Otra cosa, añade, es que "se convierta en una cuestión de un lobby muy concreto de mujeres que se distancian de la precariedad brutal existente en el mercado de trabajo". La obligación legal de integrar a mujeres en los puestos directivos, "dejando atrás los problemas estructurales y coyunturales que la gran mayoría de mujeres tienen en este país", agrega la activista, "responde a una medida aislada y muy dirigida a una élite privilegiada y descontextualizada de los efectos que esa medida podría tener en el conjunto del mercado de trabajo español". Se trata, por tanto, de un "brindis al sol y un brindis a las mujeres que ya gozan de privilegios sociales".

El feminismo, considera Vila, sirve para "tensar esos privilegios y avanzar hacia una sociedad más justa y más igualitaria". En ese sentido, subraya, la Ley de Igualdad hay que desarrollarla porque "está muerta en casi todo su articulado". Para ello, es necesario dotarla de presupuesto y recursos, revisarla. "Da la sensación de que a nivel legislativo vivimos en un país muy igualitario, pero es un espejismo", lamenta la activista.

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Con ella coincide Elena Blasco, secretaria de Igualdad de CCOO. "Hay muchísima igualdad formal como tal, pero todas las leyes lo que hacen es recomendar", relata, "no hay ninguna que de alguna forma obligue a conseguirla". La sindicalista celebra la propuesta de Carmen Calvo, aunque matiza: "Desde luego las leyes están muy bien como una herramienta más, pero no podemos olvidar el objetivo final, que es la paridad total".

A su juicio, si se aplicara "transversalidad de género no existiría una cultura patriarcal hegemónica", de manera que se hace fundamental "plantear a los propios empresarios que la transversalidad no es que sea una obligación, sino una necesidad de justicia social". Blasco llama no sólo a incluir a mujeres en los órganos directivos, sino a repensar los motivos de su infrarrepresentación. "En la carrera profesional que yo he tenido que pasar existen un montón de obstáculos y barreras que los hombres no tienen que superar", insiste.

Mónica Grau zanja el debate con una reflexión. "Lo que sí está claro es que la ausencia de mujeres o su baja representación es un problema complejo y que tiene en su base esta ideología patriarcal, a la que se han sumado características del sistema neoliberal, competitivo, individualizado, donde aspectos como la crianza están completamente olvidados".