La fractura entre JxCat y Esquerra deja de nuevo en suspenso el Parlament sine die

El empeño de Carles Puigdemont y de otros tres diputados de Junts per Catalunya en mantener sus derechos parlamentarios a pesar de la suspensión decidida por el Tribunal Supremo bloqueó este jueves de nuevo la actividad del Parlament. Indefinidamente. El president de la Cámara, Roger Torrent, se resiste a dar por buena una decisión que le obligaría a cometer un delito de desobediencia, que la legislación española castiga multa y hasta dos años de prisión.

La jornada que debía cerrar el debate de política general que reinauguraba la actividad parlamentaria con la votación de las propuestas de resolución de los diferentes grupos se convirtió en una montaña rusa en la que se pasó, sucesivamente, del acuerdo al desacuerdo, de nuevo al acuerdo y finalmente al desacuerdo.

El debate sigue siendo el mismo que se inició en el mes de julio, cuando el juez Pablo Llarena comunicó a la Cámara la suspensión de seis diputados —dos de Esquerra y cuatro de JxCat— como consecuencia de su procesamiento por un delito de rebelión. Carles Puigdemont es uno de los afectados y, desde el primer momento, se niega a reconocer la autoridad del Supremo. Quiere mantener intactos todos sus derechos como parlamentario y por eso no acepta acogerse a la salida que el propio juez sugirió a la Cámara: que sean sustituidos provisionalmente por compañeros de grupo. Después de complicadas negociaciones, JxC y Esquerra cerraron el martes una salida que pone en práctica la sugerencia del juez y que, a pesar de no tener apoyatura legal, permite que un diputado pueda ser sustituido en sus derechos y obligaciones.

Oriol Junqueras y Raül Romeva, los dos diputados de Esquerra, se acogieron a esta fórmula, que los letrados del Parlament consideran legal. Pero Puigdemont , Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez no lo han hecho e insisten en querer seguir votando por delegación, como si conservaran los derechos parlamentarios que el Supremo suspendió el pasado mes de julio.

El telón de fondo de este desencuentro es la voluntad de Esquerra de mantenerse dentro de la legalidad, sin renunciar a su objetivo de independencia, y la disposición de Puigdemont a desafiar las leyes en defensa del mismo objetivo. Con la CUP, además, demandando cada vez con más insistencia la implementación inmediata de la república. Un divorcio a tres que se remonta a la destitución del Govern por mariano Rajoy el 27 de septiembre, el mismo día que el Parlament proclamó la independencia.

El disenso entre los dos socios del Govern movió a Torrent a aplazar el pleno, originalmente convocado para mediodía. Siete horas después, los portavoces del JxC y Esquerra, Eduard Pujol y Sergi Sabrià, convocaron a la prensa para tratar de escenificar un acuerdo que, en síntesis, consistía en que cada grupo haría lo que quisiera, lo que en última instancia trasladaba la responsabilidad de nuevo a la Mesa, porque el grupo parlamentario de Puigdemont seguía sin asumir la sustitución de los diputados suspendidos por el Supremo.

Dos vías

La idea, en palabras de los portavoces independentistas, era suscribir un acuerdo político que garantizase las mayorías parlamentarias pero que “formalmente” seguía ha “dos vías distintas”.

JxCat tenía claro que lo que trasladaba a la Mesa era que sus diputados no estaban “ni suspendidos ni substituidos”, tal y como publicó en Twitter Albert Batet, representante del grupo de Puigdemont. A través de esa red social, el expresident ya haba dejado clara su postura: “El pleno del Parlament es soberano y ha decidido no suspendernos. Somos diputados a todos los efectos”.

Fue en ese momento, mientras Sabrià y Pujol se esforzaban en explicar un acuerdo que no cambiaba el fondo de la discrepancia, cuando los letrados del Parlament advirtieron que lo pactado seguía siendo ilegal. Y, aunque en un primer momento se informó de que la Mesa iba a reanudar el pleno sin tener en cuenta a los letrados, Torrent acabó suspendiéndolo sine die.

Los letrados consideran que el formato del escrito de JxCat no es válido, porque no habla explícitamente de “designar” a un sustituto para que ejerza el voto de los diputados procesados, algo que sí hicieron el pasado martes los diputados de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva.

Consumada la suspensión, el presidente Pedro Sánchez, también a través de Twitter, recordó que “el Parlament es la casa donde hablan y se escucha a todos los catalanes. Hay que superar el conflicto, construir convivencia, dentro del respeto a la Constitución y al autogobierno catalán”.

Los partidos de la oposición catalana coincidieron en que la jornada constituyó un “espectáculo”. Inés Arrimadas (Cs), tachó lo ocurrido de “bochornoso”, y lo consideró la culminación de “una semana negra para Cataluña”, después del intento de asalto al Parlament del lunes. “¿Esto es normalidad, señor Sánchez? ‚Qué más tiene que pasar para que actúe?”, preguntó.

“Lo que mal empieza, mal acaba”, resumió la portavoz del PSC, Eva Belmonte. Tienen “un programa imposible”, han “engañado a la gente” y ahora “se engañan entre ellos. Estamos pasando mucha vergüenza”. Da la sensación, subrayó, “que el independentismo y el Govern han colapsado”.

“Esperamos”, advirtió, “que la Mesa tome una decisión que no pase por hacer votar diputados suspendidos que no pueden delegar el voto. Si Torrent dice que pueden votar, entenderemos que se está cometiendo un acto que no es legal y pediremos amparo al Tribunal Constitucional”.

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Silvia Sirvent, de la CUP, insistió en que para su formación los diputados procesados “no están suspendidos y conservan sus derechos”, peor no tuvo más remedio que lamentar también “el espectáculo”. Sirvent, en alusión a Torrent, aseguró que la CUP es “consciente de que el procés tendrá costes personales y políticos”. Y recordó expresamente a la anterior presidenta del Parlament, Carme Forcadell, encarcelada, dijo. “por aplicar la voluntad de la Cámara”.

Jéssica Albiach (Catalunya en Comú-Podem) acusó a ERC y JxCat de estar “degradando las instituciones. El pueblo de Cataluña no merece pasar esta vergüenza" Si no son capaces de garantizar la estabilidad, “que convoquen elecciones”, concluyó. Exactamente la misma petición que hico el portavoz del PP, Xavier García-Albiol.

Los portavoces de los grupos que respaldan al Govern ni siquiera salieron después a dar explicaciones.