'Business as usual': cómo entiende la derecha española la lucha contra el cambio climático

El término business as usual, traducible como “negocios como siempre”, se refiere a un sistema de funcionamiento de una empresa o una organización que se opone a los cambios y que apuesta por los métodos tradicionales, presentes o pasados. Utilizado sobre todo en el ámbito económico, está empezando a oírse de boca de ecologistas y otros activistas de la lucha contra el cambio climático para definir la actuación en la materia de la derecha y, en especial, del partido que ha ostentado el poder hasta el pasado junio: el Partido Popular.

La crítica se basa en que, al igual que con el feminismo, la derecha se apropia de ciertos conceptos y luchas que se convierten en hegemónicos por el empuje del progresismo para obtener rédito electoral, sin acudir a la raíz del asunto ni proponer avances y cambios reales. Y es la crítica que se le ha hecho a la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética que este martes ha presentado el PP en el Pleno del Congreso, y que ha sido rechazada. El portavoz de Ciudadanos, José Luis Martínez, del partido que ofreció su apoyo al anterior Ejecutivo de Rajoy, ha resumido la oposición de la mayoría del arco parlamentario al movimiento de la formación conservadora: “Incumple los tres principios que exigen todo experto en la materia: no es ambiciosa, no es consensuada y no es participativa”.

La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular ha sido cuestionada en fondo y forma. En el fondo, se trata de la máxima expresión del business as usual: hacer que cambias todo para que nada cambie. El texto aglutina una serie de medidas sin concretar en el ámbito medioambiental, económico, energético, político o fiscal: la mayoría a expensas de su desarrollo en decretos ley, en planes o en estrategias por definir. Tras una exposición de motivos en las que se explica la urgencia y la importancia de la acción climática, y la vulnerabilidad de España por su dependencia de los recursos hídricos y su situación geográfica, la proposición aborda su medida estrella: los objetivos de implantación de renovables y de reducción de emisiones.

El PP se limita a transcribir los objetivos recientemente adoptados en el seno de la UE como parte del paquete de Energía Limpia para Todos los Europeos, aprobado en junio de 2018 tras una larga negociación a tres bandas, sin especificar una meta para el país. El paquete establece que el 32% de la energía  consumida debe ser procedente de fuentes renovables para 2030. El texto asegura que el número final estará incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, cuya elaboración es obligada por la normativa comunitaria, y que será coherente con la cifra aprobada por la UE.

En cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el PP asume una cuota de disminución de los llamados sectores difusos, como la agricultura o el transporte, del 26% con respecto a 2005. Es, exactamente, la cuota que le tocó a España en el reparto de esfuerzos, cuando la Unión Europea formuló su posición con respecto a este tema. Transport & Environment, una de las ONG más influyentes con respecto a la acción climática europea, aseguró entonces que el acuerdo es de todo menos “ambicioso” y que no ayuda a lograr los objetivos del Acuerdo de París. “Para cumplirlos, deberíamos llegar casi a un 90% de reducción de emisiones en 2050. ¿En 20 años vamos a pasar del 30 al 90?”, se preguntaba.

El resto de propuestas incluyen la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética, la aplicación de los fondos obtenidos por la subasta de derechos de emisión de CO2 a lo contenido en la norma –sin definir a qué exactamente–, la apuesta por una fiscalidad verde que tenga como premisa el principio de quien contamina, paga –sin definir qué impuestos, si serán finalistas o no, a quién se gravará–, la intención de considerar el cambio climático como un factor transversal en todas las decisiones del Consejo de Ministros y la movilización de un 20% de los recursos de las Administraciones Públicas a la acción climática, como medida ejemplarizante. “No se toman en cuenta los principios de precaución y prevención a la ciudadanía, no se toma en consideración el autoconsumo, no se habla de turismo ni de biodiversidad”, aseguró Martínez en el debate parlamentario. “Esto no es una proposición de ley, es un plan estratégico que establece dónde tenemos que poner la mira. No es un texto jurídico”, afirmó el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea.

¿Y la energía?

Más allá de defender la necesidad de una transición energética hacia un modelo descarbonizado, la proposición de ley no incluye la necesidad, tantas veces defendida por el Ejecutivo de Rajoy, de tener en cuenta “todas las fuentes de energía”, incluyendo el carbón, el gas natural o la nuclear, en aras de garantizar la “seguridad de suministro” en el mix. Solo en el apartado destinado a la eficiencia energética, el texto llama a tener en cuenta “el desarrollo de todas las fuentes de energías renovables, energía nuclear y las técnicas de captura y almacenamiento de carbono”.

Durante el Gobierno de los conservadores, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, promovió modificaciones legales de urgencia para evitar que las grandes compañías eléctricas desistieran de cerrar centrales de carbón o nucleares. En el primer caso, intentando que todo cierre de una instalación tuviera que pasar por el visto bueno de su cartera: no lo consiguió. En el segundo caso, mediante un decreto, cargando a las empresas con los gastos de la gestión de los residuos nucleares, para que no les saliera rentable la clausura.

La tímida referencia a la energía nuclear es lo que queda del empeño de Nadal. El papel de este tipo de generación de energía es, posiblemente, el gran desencuentro en términos de transición. Sus defensores, entre los que se encuentra el PP, arguyen que se trata de una generación que no emite CO2, segura y estable, con mínimo riesgo de accidente tras las mejoras legislativas, que necesita menos terreno disponible para la misma cantidad de electricidad y que los residuos son fácilmente gestionables para que no entrañen ningún peligro.

El movimiento ecologista y, dentro del Parlamento, Unidos Podemos, defienden el cierre de las centrales una vez se agote su vida útil: alargarlas podría significar una disminución de la seguridad, los residuos nucleares permanecen radiactivos durante cientos de miles de años y la revolución verde que plantea implica el fin de la extracción de combustibles fósiles.

Las formas

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Las críticas a las formas y al “cinismo político” del PP, en palabras del PSOE, a la hora de presentar la proposición de ley han sido la constante en la sesión plenaria. El Gobierno del PP y la titular de la cartera de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, atrasaron continuamente la publicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró en sede parlamentaria, tras meses de largas, que debían esperar a la publicación del Paquete de Energía Limpia de la Unión Europea, una necesidad negada por el resto de partidos.

Tras perder de forma precipitada el poder, el PP tardó 29 días en registrar el texto. “Hay que tener poca vergüenza”, afirmó el portavoz del PSOE, Marc Lamuà. “Este texto no es del PP”, aseguró, sino de los funcionarios del extinto Ministerio de Medio Ambiente que ahora ha aprovechado la formación para colgarse la medalla. Un caso de “patrimonialización del Estado”, según el diputado. “Creen que todo es suyo y se llevaron un texto de todos, creado por dinero y tiempo de todos, para sus propios intereses partidistas”, sentenció.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, aprovechó su intervención para meter prisa al Ejecutivo socialista, augurando que el Gobierno puede tener los días contados. “Sería una pena que la legislatura pasase sin que se apruebe la ley”, afirmó. La publicación de la tan esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética aún no ha llegado. Es de esperar que el Ministerio de Transición Ecológica la presente antes de que acabe el año. Lo que está claro es que el ansiado consenso de una norma que marcará, o debería marcar, el desarrollo económico, político y social del país este siglo no va a existir. Lo ocurrido este martes en el Congreso lo demuestra.