Primer paso en el Congreso para recuperar el derecho al aborto para las menores de 16 y 17 años

El Congreso apoyó este martes la moción presentada por Unidos Podemos para permitir a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso paterno. La moción, consecuencia de interpelación urgente y por tanto no vinculante, salió adelante en los términos de la enmienda transaccional rubricada por PSOE y Unidos Podemos, con 163 votos a favor, 137 en contra y 39 abstenciones. 

Entre los detractores, grupos como el PP o UPN hablaron del aborto como una "horrible realidad" que "no es un derecho, sino un fracaso". Por contra, otros como ERC o EH Bildu apostaron por un aborto "libre, seguro y gratuito". Ciudadanos y el PSOE, por su parte, coincidieron en señalar "estrategias" y "fines electoralistas".

La moción, defendida por la diputada Sofía Castañón, secretaria de Feminismos de Unidos Podemos, presenta una veintena propuestas relativas a un "aborto seguro, gratuito y libre para todas las mujeres". La primera y más importante medida que plantea el grupo confederal tiene que ver con realizar los cambios necesarios para extender la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres de 16 y 17 años, "previa puesta en conocimiento de al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades". No obstante, la moción de Unidos Podemos arroja la posibilidad de prescindir de tal información "cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave". También suprime los tres días de reflexión previos al aborto.

La interrupción voluntaria del embarazo era una opción para las menores de entre 16 y 17 años hasta que en 2015 el Gobierno impulsó una reforma de la ley que modificaba el régimen de consentimiento de las menores. En la exposición de motivos de la reforma de 2015, el Partido Popular decía que el permiso paterno respecto a las menores "es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo". Los conservadores hablaban entonces de proteger a las menores y del cuidado por parte de sus progenitores.

En conversación con infoLibre, la parlamentaria de Unidos Podemos defiende la legislación previa a 2015 "que reconocía la posibilidad de que mujeres de 16 y 17 años pudiesen interrumpir voluntariamente el embarazo sin necesidad del permiso paterno". La formación, recuerda, defiende la libertad en la toma de decisión de menores, también en relación a cuestiones como el derecho a voto. "Si con 16 se puede trabajar, también se puede tener madurez suficiente para responsablemente interrumpir tu embarazo".

Castañón dice, además, que en caso de que las mujeres no quieran informar a sus familias "es por algo, y de ese algo no se tiene que hacer cargo el Estado", sino que responde a la necesidad de "otro modelo relacional y afectivo".

Con el objetivo de hacer del aborto un derecho universal, el documento también prevé garantizarlo para las mujeres migrantes, según lo recogido en el real decreto ley sobre el acceso universal al sistema sanitario que lanzó el Gobierno a finales del pasado mes de julio. El grupo confederal también llama a que la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual.

Castañón recuerda que una propuesta similar fue rechazada en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde el grupo parlamentario trató de permitir la interrupción voluntaria del embarazo de menores víctimas de violencia de género. Pese a contar con el respaldo del PSOE, la iniciativa no salió adelante a consecuencia de la oposición del PP. Castañón celebra que ahora "la España del 8M tenga representación suficiente en la Cámara para no volver a leyes regresivas".

Formación e información

Unidos Podemos incluye en su moción diversas propuestas relativas a la información que debe recibir una mujer y a la formación de todos los actores que intervienen en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo.

Lo hace, relata Castañón, para evitar la violencia que sufren las mujeres en el ámbito sanitario. "Existe la violencia obstétrica y es violencia que no te informen", al mismo tiempo que es "violencia institucional que no te dejen escoger libremente y de manera informada entre un aborto quirúrgico o farmacológico". Violencia, insiste la diputada, "es que te den unas pastillas y que te dejen en un cuarto abortando sólo porque el personal no se quiere hacer cargo".

Pero también es una forma de violencia "que se te quiera tutelar, tratar con condescendencia y paternalismo". Sin formación y sin información, por tanto, "no se pueden practicar interrupciones voluntarias del embarazo" de la misma manera que "no se puede estar llevando consultas sin una perspectiva de género, es absolutamente absurdo", reitera la diputada en conversación con este diario.

Por este motivo, entiende Castañón, "lo mejor es contar con personal formado y que las mujeres puedan disponer de toda información a su alcance para elegir libremente".

En este sentido, Unidos Podemos llama a mejorar la información y el acceso a los medios anticonceptivos y a la píldora del día después mediante campañas específicas, además de estudiar cómo mejorar la comprensibilidad y accesibilidad de la información suministrada previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo.

El grupo reitera la necesidad de implantar un programa de formación obligatoria para los profesionales implicados en centros sanitarios públicos. Pero también cree necesario formar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para una correcta protección respecto a casos de acoso y coacción en los centros.

La moción del grupo parlamentario no olvida tampoco a las víctimas de violencia de género. Apuesta por incluir información sobre la ayuda y las medidas disponibles para su atención "cuando hubiere indicios de violencia machista".

Descenso del número de abortos

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Los datos en cuanto al número de abortos registrados en el país revelan un descenso continuado. Durante 2016 se realizaron 93.131 interrupciones voluntarias del embarazo, 1.057 menos que las 94.188 del año anterior, lo que supone un descenso del 1,12%, según datos del Ministerio de Sanidad. Se trata del quinto descenso consecutivo desde 2011, cuando se registraron 118.359 abortos, y la cifra más baja en los últimos once años.

Las organizaciones feministas achacan la caída al éxito de la ley de plazos impulsada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Colectivos por los derechos de las mujeres ven probado que una legislación no restrictiva hace bajar el número de abortos, pero las expertas llevan tiempo advirtiendo de la repercusión negativa de la reforma conservadora en los derechos de las menores. También el Comité de las Naciones Unidas de derechos del niño y sobre la discriminación de la mujer advirtieron, a través de un informe en 2014, que "la exigencia del consentimiento de un tercero en el caso de las niñas menores de 18 años es contraria a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño", de modo que manifestaron su preocupación por la modificación de la ley del 2010, y exhortaron al Estado español a que la retirase por ser "incompatible con las normas internacionales de derechos humanos".

Ocurre además que las diferencias territoriales lastran el acceso al aborto en condiciones de igualdad. Del total estatal, sólo un 11,73% de los abortos se realizaron en 2016 en la red pública. Existen territorios, por otro lado, donde las diferencias se acentúan y el porcentaje de abortos en clínicas privadas supera el 95%. Es el caso de Andalucía (99,9%), Aragón (99,76%), Asturias (96,74%), Canarias (97,48%), Castilla-La Mancha (100%), Castilla y León (99,43%), Comunitat Valenciana (100%), Madrid (99,94%), Murcia (99,94%) o Navarra (99,35%).