Un paso más en la lucha contra la violencia machista y sexual en el pacto

La lucha contra la violencia de género, en todas sus formas, se ha consolidado como prioridad para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así lo han constatado Gobierno y Unidos Podemos a través del acuerdo firmado este jueves para los Presupuestos Generales del Estado. El documento conjuga dos aristas fundamentales para combatir la violencia: ampliar el presupuesto del Pacto de Estado y promover una ley contra la violencia sexual.

"Es necesario desarrollar de forma completa y ambiciosa el Pacto de Estado de Violencia de Género, y por ello se va a tramitar en el Congreso un proyecto de ley que dé más protagonismo a los ayuntamientos devolviéndoles competencias en esta materia". En estos términos expresan ambas partes su compromiso contra la violencia machista y la voluntad de cumplir el mandato del pacto acordado por todas as fuerzas parlamentarias en septiembre de 2017. La devolución de las competencias a los ayuntamientos es, precisamente, una demanda ampliamente defendida por organizaciones feministas y expertas en violencia sobre la mujer. El motivo, es que se trata de las "administraciones más cercanas a las víctimas" y por tanto las más capacitadas para atajar el problema. 

"Así, la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias y se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en 2018 a 40 en 2019", reza el texto. Los 200 millones de euros acordados en un primer momento pasarán entonces a ser 220, según lo anunciado.

Unidos Podemos y Gobierno apuestan asimismo por fortalecer "la tutela judicial y el acceso a la justicia para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas". Un mayor acceso a la justicia y una formación específica de los agentes especializados es también una de las peticiones tradicionales de la sociedad civil. 

Tal y como adelantó el Gobierno en agosto a través de un real decreto ley –que terminó tramitándose como proyecto de ley–, también se facilitará la acreditación de víctima de violencia de género a través de distintas instituciones, como los servicios sociales municipales, sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial. El problema de las denuncias atraviesa a las víctimas: en lo que va de año sólo once de las 40 víctimas mortales habían denunciado a su agresor.

Asimismo, el documento blinda la protección de los menores como "uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado". Por ello, se modificará el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista un proceso penal por violencia de género. Ésta es también una de las medidas anunciadas por el Gobierno en agosto.

Violencia sexual

Sólo sí es sí. Bajo este lema –que el movimiento feminista ha hecho suyo en las calles desde el pasado 8M–, ambas partes muestran su compromiso contra un tipo de violencia contra las mujeres habitualmente relegada a los márgenes. "Para erradicar la violencia sexual se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación", además de implicar "la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de agresiones sexuales".

El acuerdo recoge, en esencia, lo planteado por Unidos Podemos el pasado mes de julio, cuando registró su proposición de ley contra las violencia sexuales. De esta manera, apuesta por impulsar "una serie de políticas públicas a la que puedan acceder quienes sufran violencia sexual, igual que ocurre con la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja". En este contexto, se trabajará sobre una reforma del Código Penal "con el objetivo de garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no". La falta de consentimiento expreso de la víctima, por tanto, se convierte en clave nuclear en los delitos sexuales.