La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que juzgará la presunta "caja B" del PP, ha preguntado al juez instructor José de la Mata si ya puede señalar fecha para enjuiciar la parte relativa al
pago en negro de la
reforma de la sede del partido o si bien debe esperar a que termine la total investigación del caso, después de que éste fuera reabierto tras unas revelaciones del líder de la Gürtel, Francisco Correa.
Los magistrados María José Rodríguez Duplá (presidenta), Fermín Echarri y María Riera, se han dirigido al titular del Juzgado Central número 5, ya que "está llevando a cabo una instrucción complementaria". En este sentido, en una providencia han pedido conocer si la investigación que se está desarrollando de "
los papeles de Bárcenas" "se encuentra directamente relacionada" con la parte que está pendiente de juicio, o bien no existe una "conexión" y pueden ya fijar una fecha para
celebrar la vista oral y admitir las pruebas solicitadas por las partes.
En un principio, la Audiencia Nacional
investigó el pago en negro a los populares que se destinaron para la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid, algo que el anterior juez instructor del caso,
Pablo Ruz, dejó concluido en marzo de 2015. El magistrado concluyó que existen "indicios sólidos y fundados" para
llevar a juicio a los extesoreros populares Luis Bárcenas, al fallecido Álvaro Lapuerta -exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de
Gürtel por demencia sobrevenida-, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.
Además, consideró al partido político responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica.
18 años de "caja B"
Ruz también aseguró en un auto que el PP "se sirvió durante 18 años -desde 1990 hasta al menos 2008- de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de
entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas". Algo similar manifestó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), en la que afirmó que
ha quedado acreditado que la formación política contaba, al menos desde 1989, con una "caja B".
Precisamente en este juicio, el cabecilla de la red corrupta,
Francisco Correa, declaró ante el tribunal que
había mediado ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que algunas
constructoras resultasen beneficiarias en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones de "entre el dos y el tres por ciento"
abonadas al extesorero popular Luis Bárcenas. Estas afirmaciones llevaron al actual juez instructor José de la Mata a reabrir la causa e investigar los apuntes manuscritos por Bárcenas sobre las aportaciones y entregas al partido y políticos. Está previsto que la investigación dure
hasta el 31 de diciembre de 2019 debido a la "gran cantidad de investigados" y la "abundante documentación" a analizar.