La Fiscalía se inclina por mantener la acusación de rebelión contra los presos del 'procés' pero pidiendo la pena mínima

La Fiscalía mantendrá la acusación por un delito de rebelión para los presos independentistas pidiendo condenas mínimas. El Código Penal establece para el delito de rebelión de 15 a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Según avanza la cadena Ser, estas serían las intenciones del Ministerio Público de cara a la apertura del juicio oral para Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Jordi Cuixart. Los encarcelados también están acusados de desobediencia y malversación. Se espera que el juicio que arranque en el Tribunal Supremo dentro de unos meses.

Este escrito que avanza la Ser será presentado en los próximos días, aunque antes deberá ser revisado por la Fiscalía General del Estado. La intención, además, es mantener la acusación contra los líderes encarcelados al margen de la petición de cárcel, inhabilitación o multa que pueda realizarse por malversación de caudales públicos contra los que formaban parte del Govern de Carles Puigdemont.

Se mantendría así el criterio que ha venido manteniendo el juez Pablo Llarena. Según el magistrado del Supremo, para que haya delito de rebelión no basta con "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La Justicia española exige la concurrencia de un ingrediente esencial: alzarse "violenta y públicamente". La existencia de violencia en la intentona secesionista de octubre se ha convertido en el centro de un debate jurídico que afecta a los principales responsables del procés, especialmente después de que la Justicia alemana afirmase que no se podía imputar a la conducta de Carles Puigdemont, tal y como intentó demostrar el alto tribunal para conseguir su entrega a las autoridades españolas.

La aplicación de estas penas obedece, siempre según el borrador de la Fiscalía al que también ha tenido acceso Europa Press, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.

Un primer nivel de penas, de entre 20 y 25 años de prisión, se baraja pedirlas tanto para Junqueras como para el resto del exGovern en prisión, según las mismas fuentes, esto es, para los exconsejeros Joaquim Forn (principal responsable de los Mossos de'Esquadra) y el resto de los que se encuentran en prisión que son Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.

En un segundo nivel de penas, se estudian pedir entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no tienen malversación, que son la exvicepresidenta Carme Forcadell y los responsables de los movimientos civiles Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural). 

Mientras que el resto del exGovern procesado y otros diputados que también lo fueron por Llarena podrían aparecer en el escrito con penas más bajas, de entre 5 y 10 años, o incluso quedar fuera de la petición fiscal según las mismas fuentes.

Pese a que este procedimiento tiene 25 procesados, el escrito que preparan los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno no se dirigirá contra todos ellos, debido a que el propio Puigdemont, cinco de sus exconsellers y las mandatarias de ERC y la CUP Marta Rovira y Anna Gabriel, se encuentran huidos de la Justicia española y se prevé que sean juzgados en otro procedimiento diferente. Por otro lado, Trapero se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos de sedición y uno de organización criminal; mientras que César Puig y Pere Soler sólo están imputados por un delito de organización criminal y de sedición. La intendente Laplana solo responderá por un delito de sedición.