Igualdad

Cuotas, acciones positivas y multar a las empresas que discriminen: así es la ley de igualdad laboral que propone el PSOE

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

Pedro Sánchez y su equipo han llegado al Gobierno con un propósito: "Hacer políticas feministas con propuestas de transformación". Así al menos lo prometía la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, el pasado mes de julio. El Ejecutivo trata ahora de dar un paso más en su compromiso sacando adelante la Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, cuya toma en consideración se debate este martes en el Congreso.

El proyecto registrado por los socialistas, que fue vetado en un primer momento por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuenta con 49 artículos que afectan a siete leyes, tres reales decretos y siete directivas comunitarias. Unidos Podemos ya ha confirmado su voto a favor, mientras que el PP se ha manifestado abiertamente en contra y Ciudadanos dice no tener todavía decidido el sentido de su voto, según ha podido saber este diario.

"Hay una realidad que comprobamos todos los días y es que la igualdad efectiva no es tal". Habla Pilar Cancela, diputada del PSOE, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja y encargada de defender la propuesta este martes. "Hay un marco legislativo que en su momento fue pionero, pero es cierto que es necesario dar un paso más", comenta en conversación con infoLibre. La intención, añade, es que complemente la proposición socialista respecto a la equidad salarial. Cancela recuerda que la negociación colectiva quedó "muy debilitada" tras la reforma laboral del PP, de manera que uno de los principales propósitos de la propuesta trata de recuperar y fortalecerla como bastión contra la desigualdad.

Además, añade la parlamentaria gallega, el proyecto "garantiza la igualdad en el trabajo dependiente, autónomo, cooperativo y del sector público", de forma que abarca "prácticamente todos los ámbitos".

infoLibre repasa algunas claves de la propuesta que pretende acabar con la desigualdad de género en la esfera laboral.

Acciones positivas

Una de las prioridades que defiende la norma labrada por el Grupo Socialista tiene que ver con una presencia equilibrada de mujeres en las empresas. Esto incluye no sólo a las empresas privadas, sino también a la Administración Pública. "Los poderes públicos deberán cumplir con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan en los consejos, órganos, comités o comisiones con competencias", dice la propuesta.

La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres es "un derecho básico de las personas trabajadoras". Y por ello el PSOE apuesta por establecer lo que denominaacciones positivas a favor de las mujeres "para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres", siempre que éstas sean "razonables y proporcionadas". Tales acciones, detalla Cancela, "se derivan en el ámbito de la negociación colectiva", de manera que "queda en manos de los agentes sociales y la representación de los trabajadores". El objetivo, subraya, es en cierto modo "obligarles a que establezcan métodos correctores o cuadros de posibles actuaciones".

Promete, asimismo, garantías en el sistema de clasificación profesional, uno de los grandes lastres para la igualdad efectiva. "Se presumirá que un sistema de clasificación profesional cumpla con la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres cuando incluya un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones", sostiene el Proyecto de Ley.

Conciliación

La conciliación, que ocupó titulares el pasado jueves tras el acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos de ampliar los permisos de paternidad, se presenta como uno de los ejes sobre los que se articula la norma. "Para poder conseguir ese famoso mantra, que es el derecho a la conciliación, tenemos que incidir en el sistema de permisos de reducción de jornada y controlar las modificaciones de las condiciones contractuales que hace muchas veces el empresario", relata Cancela. Ahora, añade, el empresario deberá "tener el cuenta la situación personal y familiar del trabajador".

El PSOE llama a reconocer el derecho a solicitar "la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, incluida la prestación del trabajo a distancia, para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral".

También blinda el derecho a reducción de jornada por cuidado de lactante menor de nueve meses o para el cuidado de hijos en caso de parto prematuro. "Las personas trabajadoras tienen derecho a ausentarse del trabajo o a reducir su jornada, con disminución proporcional del salario, en caso de nacimiento prematuro de hijos o hijas, o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto", subraya.

El texto plantea incorporar bonificaciones para la reincorporación efectiva de las mujeres al trabajo después de haber sido madres. "En los términos establecidos en la legislación sobre empleo, la reincorporación efectiva de las mujeres al trabajo tras la suspensión de su contrato por parto, cuidado de menor de doce meses o excedencia por cuidado de hijo o hija dará lugar a una bonificación en la cuota empresarial de la Seguridad Social", indica la norma que se debate este martes.

Violencia de género

La violencia machista echa raíces como una de las principales preocupaciones de la calle y las instituciones. La igualdad, pilar de las políticas feministas, se convierte en la única vía posible para solucionar el problema. Y por ello la violencia que sufren las mujeres –ya no sólo la simbólica– está muy presente en la norma que proponen los socialistas.

Se incluye la violencia de género como "causa de interrupción de la duración de los contratos formativos y, en caso de acuerdo, del periodo de prueba", pero también se incorpora la "nulidad en las extinciones empresariales objetivas o disciplinarias de contratos de trabajadoras víctimas de violencia de género como consecuencia del ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva", de nuevo en lo que atañe a los periodos de prueba o contratos formativos. Hasta ahora, esta medida se encontraba contemplada "de forma más genérica" en la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y en el Estatuto de los Trabajadores, y de hecho existe jurisprudencia al respecto. La intención ahora es ampliarla para cubrir modalidades laborales más específicas.

En uno de sus artículos, el Grupo Socialista detalla que será nula la decisión empresarial de extinguir el contrato laboral de una trabajadora víctima de violencia de género, en los términos previstos en la Ley de 2004.

Información y seguimiento

El PSOE apuesta, asimismo, por la información y el seguimiento como base del buen desarrollo de las políticas de igualdad. En ese sentido, plantea la elaboración de informes de impacto de género en los presupuestos de las instituciones, organismos y entidades del sector público, que "deberán individualizar las partidas presupuestarias consignadas a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto de forma directa como indirecta". El documento resultante "deberá analizar y valorar los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de las desigualdades y de su contribución para hacer efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres".

Se lanzarán además estadísticas y estudios con perspectiva de género a través de las unidades de igualdad de los ministerios competentes en asuntos de empleo y ocupación. De esta manera, las instituciones incluirán de forma sistemática "la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo".

El Gobierno creará también una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación. Quedará integrada en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, "como órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, en especial las retributivas, y en las de despido".

Multas de hasta 50.000 euros

Una de las novedades más llamativas respecto a la ya consolidada Ley de Igualdad de 2007 es que la propuesta laboral no sólo sugiere cambios, sino que obliga a su efectivo cumplimiento. En este sentido, el documento registrado incorpora sanciones de diferentes tipos. Se trata, defienden los socialistas, de hacer obligatorio lo que hasta ahora han sido sugerencias. "Hay dos medidas que se complementan", observa Cancela: "El cuadro de infracciones y ligarlo a la Inspección de Trabajo a través de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación".

Entre las infracciones catalogadas como muy graves, con multas de entre 6.251 y 50.000 euros y dirigidas a administraciones, empresas, cooperativas y autónomos, se encuentra impedir el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación; la no interrupción de un contrato formativo por riesgo durante el embarazo o la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba por razón de embarazo o maternidad.

También penalizarán a quien obstaculice el principio de composición equilibrada en las comisiones negociadoras, descendiendo del 20% la presencia de personas de alguno de los dos sexos.

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