Corrupción

La empresa pública Mercasa canceló un contrato en favor del cuñado de Ignacio González a la semana de su ingreso en prisión

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a su llegada para comparecer ante la Comisión de Investigación este martes.

Las redes tejidas por Ignacio González y su clan durante su estancia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo beneficiaron a su familia con negocios en España. Un informe pericial recién incorporado al sumario del caso Mercasa destapa cómo la empresa pública de mercados centrales cuyos manejos en el extranjero investiga la Audiencia Nacional también favoreció a los González con un contrato en Argentina. El contrato quedó pulverizado a contrarreloj y sin explicaciones en cuanto Ignacio González, su hermano Pablo –que lo había firmado en nombre de Mercasa– y su cuñado José Juan Caballero –directamente ligado a la empresa agraciada con la operación de Buenos Aires– fueron detenidos en la Operación Lezo

Suscrito a finales de  2016, el contrato garantizaba comisiones de intermediación a la mercantil ECSA, filial rioplatense de Auditel, la firma de ingeniería que dos años antes había fichado a José Juan Caballero como conseguidor de contratos públicos. 

El cuñado de Ignacio y Pablo González ya había sido una pieza clave en el entramado societario con que la familia logró a finales de la pasada década dar un pelotazo con un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II en el centro de Madrid. En ese momento –2007 y los años sucesivos– Ignacio González no solo era vicepresidente en el Gobierno de Esperanza Aguirre sino que llevaba personalmente las riendas del Canal, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid. 

Ahora, el informe pericial –lo que se conoce en el argot de los auditores se conoce como un forensic– elaborado por la consultora Ernst&Young (EY) a petición de Mercasa e incorporado a la causa homónima ha colocado de nuevo en el escenario el nombre de José Juan Caballero. La secuencia de los hechos denota la libertad de movimientos de que gozaba Pablo González como director de Estrategia y Operaciones de Mercasa. El contrato con ECSA, para la consecución de contratos en Argentina a cambio de comisiones de hasta el 5%, fue firmado el 2 de diciembre de 2016. Al día siguiente, llegó la firma de otro contrato, aquel por el que un grupo local –Athenee– encomendaba a Mercasa la asistencia técnica para la implantación del llamado Mercado Minorista Gourmet de Buenos Aires. Athenee se comprometía a abonar 524.000 euros a Mercasa, que a su vez había rubricado el día antes el pacto que la obligaba a desembolsar comisiones en favor de ECSA.

Una comisión a cambio de no se sabe qué

El forensic detalla cómo el 28 de abril de 2017, de mutuo acuerdo y a instancias de Mercasa, ambas partes cancelaron el contrato. Aunque el informe no establece ninguna relación causal, lo cierto es que una semana antes de aquella rauda e inexplicada ruptura del contrato –el documento de resolución ni siquiera argumenta por qué Mercasa decidió cancelarlo–, Ignacio y Pablo González habían ingresado en prisión tras su arresto en la Operación Lezo. El documento que consagra la anulación se limita a señalar esto: "Que Mercasa ha comunicado a Estrategias Competitivas su voluntad de resolver el citado contrato". 

Para entonces, ECSA ya había cobrado el primer plazo de su comisión: 2.620 euros, equivalentes al 5% de 52.400 euros, que era lo que el grupo Athenee le había abonado ya a Mercasa. La filial argentina de Auditel le devolvió a Mercasa aquellos 2.620 euros una vez cancelado el contrato. ¿Trataban ambas partes de borrar el rastro que conducía al cuñado de los González? El informe no dice nada al respecto.

La investigación del caso Lezo, que en ciertos puntos converge con la de otros dos casos de corrupción que afectan básicamente a altos cargos del PP –Mercasa y Púnica–, ya hizo aflorar que Ignacio González pretendía hacerse con parte del accionariado de Auditel. Su arresto dio al traste con aquel plan. Y los registros efectuados en empresas y domicilios sacaron a la luz documentos que refuerzan la estrechísima conexión de la familia con esa firma de ingeniería. Por ejemplo, José Juan Caballero guardaba una copia del contrato entre Mercasa y el grupo argentino Athenee, con el que la empresa pública española ya estaba negociando seis meses antes de la firma del contrato de mediación que aseguraba a Auditel-ECSA una comisión.

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El hecho de que Mercasa comenzara a pagar la comisión de ECSA, pese a que la cronología de los hechos indica que la filial de Auditel no hizo en realidad nada, evoca la operativa seguida en el campo de golf de Madrid. Entonces, la familia González consiguió no menos de 600.000 euros a través de la empresa Tecnoconcret, cuya presencia como empresa intermediaria definió así ante el juez uno de los socios de la sociedad que realmente montó el campo de golf: "El único sentido –declaró el testigo– que pudo tener la intermediación de Tecnoconcret era para robar y malversar".

Los autores del forensic dejan constancia de tres factores relevantes en el mapa de "potenciales irregularidades" relacionadas con el episodio de ECSA. El primero, que "Pablo González González es cuñado de José Juan Caballero Escudier". El segundo, que Caballero Escudier figura entre los destinatarios de un correo enviado por Pablo González al ejecutivo que había firmado el contrato en nombre de ECSA. Y el tercero, que en la fecha en que se firmó ese contrato Caballero Escudier "habría sido director comercial de Auditel Ingeniería y Servicios SL, empresa que opera en Argentina a través de una delegación bajo la denominación de Estrategias Competitivas SA (ECSA)".

Como publicó infoLibre, la firma de ingeniería Auditel ya había cerrado en marzo de 2014 un pacto con el cuñado de González para que actuase como conseguidor de contratos oficiales en Madrid, donde Ignacio González, hermano de su mujer –la diputada autonómica por el PP Isabel González– presidía el Gobierno regional.  Entre los objetivos señalados figuraba un contrato multimillonario de Metro de Madrid que aún no se había anunciado y cuya adjudicación obtuvo Auditel por 9,5 millones cuatro meses y medio después de haber fichado a Caballero. El cúmulo de irregularidades acreditadas en el procedimiento de adjudicación fue de tal envergadura que el contrato fue finalmente anulado por un tribunal administrativo.

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