El Gobierno contesta a Bruselas que el ajuste será mayor que en los cuatro últimos años de Rajoy

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha dado prisa en contestar a la Comisión Europea. Aunque tenía de margen hasta este lunes 22 de octubre, el Ministerio de Economía no ha querido esperar y ya ha remitido una respuesta al requerimiento de información adicional sobre el plan presupuestario. La carta, fechada este mismo viernes y a la que ha tenido acceso infoLibre, está firmada por Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro, y se dirige a Marco Buti, director general de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. 

En esta respuesta a Bruselas se aclaran los tres interrogantes planteados por la carta remitida por la Comisión Europea: el cumplimiento del déficit estructural, la reducción de la deuda y el crecimiento del gasto primario. En la misiva enviada por Bruselas a Madrid se solicitaba "toda la información necesaria sobre las distintas medidas" que pretende poner en marcha, "especialmente en lo que se refiere a su impacto presupuestario, con el fin de facilitar la evaluación", porque el documento remitido "todavía no ofrece una imagen completa de las medidas previstas".

El Ejecutivo asegura que su propuesta presupuestaria es "el mayor esfuerzo estructural implementado por España desde 2013". Según se recoge en la carta, las "premisas macroeconómicas y presupuestarias subyacentes" de los Presupuestos para 2019 son "prudentes" y ya cuentan con el aval de la Autoridad Fiscal Independiente, según se especifica en la propia carta firmada por el secretario general del Tesoro.

Con respecto a la tasa de crecimiento del gasto primario, "la diferencia con respecto a la recomendación en términos del PIB es inferior al margen de flexibilidad del 0,5% previsto en el Pacto". "Además, -añade- el aumento del gasto primario está por debajo de la tasa de crecimiento potencial a medio plazo".

En relación a la reducción de la deuda, la carta explica que la determinación del Gobierno para acelerar el ritmo se ha expresado "claramente" y se demuestra "por la ambición de las medidas estructurales previstas y la prioridad otorgada a lograr un superávit primario en 2019". 

San Basilio enumera en la respuesta a Bruselas los decretos en materia fiscal aprobados este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Se trata de los de creación delimpuesto sobre los servicios digitales —popularmente conocido como tasa Google—, el de creación del impuesto sobre transacciones financieras —a su vez conocido como tasa Tobin—, y un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Las tres iniciativas son esenciales para dar soporte a los ingresos presupuestarios con los que el Ejecutivo quiere construir sus políticas para el año próximo, tanto en materia de redistribución económica como en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos de déficit y deuda pactados con Bruselas.

En la carta también se recuerda que la preparación de las cuentas para el próximo año se ha llevado a cabo en un entorno "especialmente desafiante". Por ello, también aclara que se proporcionarán más detalles para "subrayar la coherencia" entre los presupuestos y los objetivos fiscales del Gobierno. "Este escenario generaría un déficit de al menos el 2,2% del PIB en 2019 y ninguna mejora en el balance estructural. Esto confirma que las medidas adoptadas por el actual Gobierno son fundamentales para mejorar la situación de las finanzas públicas en España", asegura el secretario general del Tesoro. No es lo único que esperan explicar más detalladamente: las medidas de ingresos y gastos y su impacto, así como aclaraciones adicionales sobre el impacto presupuestario del aumento salarial mínimo acordado, son algunos de los otros puntos que refleja esta respuesta a Bruselas. 

La carta termina reiterando el compromiso del Gobierno con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de presentar ante el Congreso estas cuentas "lo antes posible". 

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ya aseguró que estaba en situación de aclarar todos los detalles que se solicitaban desde Bruselas, entre ellos que la voluntad del Gobierno de Rajoy era prorrogar los presupuestos de 2018, lo que inevitablemente hubiese conducido España el año próximo a un déficit del 2,2. Y es que, a expensas de las aclaraciones solicitadas, la Comisión afirmaba en su misiva que "el esfuerzo estructural previsto para 2019" del "0,4% del PIB es inferior al 0,65% del PIB exigido en la Recomendación del Consejo de 13 de julio de 2018". "Basándonos en la limitada información disponible, no podemos excluir el riesgo de alguna desviación del esfuerzo requerido", explicaba Marco Buti.

La Comisión tomaba "buena nota de que la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 al Parlamento español no tuvo lugar paralelamente a la presentación del plan" en Bruselas. "En caso de que existan diferencias sustanciales entre el plan y el proyecto de ley de presupuesto finalmente presentado al Parlamento, le invitamos a que presente lo antes posible un plan actualizado a la Comisión Europea y al Eurogrupo y a que nos informe sobre cualquier evolución fiscal o decisión que se vaya a tomar en las próximas semanas". En cualquier caso, concluía Marco Buti, "la Comisión Europea pretende continuar un diálogo constructivo con España para llegar a una evaluación final".

Preguntada sobre la carta de Bruselas, Montero subrayó que la carta se limita a pedir a España aclaraciones en relación con su plan presupuestario en "un trámite normal y habitual de solicitar información complementaria. Entendemos que [Bruselas] dará el aval y, cuando se haga el presupuesto lo remitiremos como es habitual". La misiva enviada esta semana "no cuestiona el cálculo del objetivo de déficit" de este Ejecutivo, subrayó la ministra, "cosa que sí se hizo con los planes anteriores del Gobierno del PP". Sin contar además con otro "rasgo diferencial": las cartas al Gobierno del PP las enviaba el comisario Pierre Moscovici; la del Gobierno de Pedro Sánchez lleva remite de un director general, lo que según la ministra ya revela que se trata de exclusivamente de “cuestiones técnicas”.