Una ley preconstitucional sirve a los políticos de excusa para no dar detalles de sus viajes privados con fondos públicos

Muchas de las promesas de Transparencia de los políticos se quedan en papel mojado cuando llega la hora de la verdad. Cuando pasan del discurso a la realidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los desplazamientos de los presidentes del Gobierno que pueden enmarcarse en lo privado. El debate no está en poner en riesgo la seguridad de los políticos desvelando una serie de datos, como a veces intentan reconducirlo ellos mismos para justificar la opacidad, sino en la rendición de cuentas. 

En las últimas semanas, el registro del Congreso de los Diputados y del Senado ha recibido múltiples respuestas escritas del Gobierno respecto al uso del Falcon oficial por parte de Pedro Sánchez. Parlamentarios de diferentes grupos se habían interesado por los detalles del viaje a Castellón a finales de julio para asistir a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Festival Internacional de Benicàssim (FIB)

El grueso de las respuestas responde al mismo patrón: "Los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre".

El Gobierno, pues, como han venido haciendo otros Ejecutivos anteriores, recurre a una ley preconstitucional para mantener el velo sobre esta parte del gasto de dinero público. Y destaca, además, que este oscurantismo está avalado por la Audiencia Nacional en una sentencia de 2017 y por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 2016.

"Suspenso" en transparencia

Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, es uno de los parlamentarios que intentó obtener más detalles del viaje de Pedro Sánchez a Castellón. Fue el pasado mes de julio, tras conocerse el polémico desplazamiento que culminó con la asistencia del presidente al concierto de The Killers, cuando el senador trasladó una batería de seis preguntas: desde el coste económico del vuelo en sí al de la seguridad pasando por los gastos en "hospedaje" de Sánchez y sus acompañantes.

La respuesta, apuntando a que se trata de materia clasificada, irritó al parlamentario. "Es gravísimo que Sánchez diga que es materia reservada saber el coste que ha tenido el viaje al FIB, o saber si iba acompañado o no. O que use esa excusa igualmente para no

solidarizarse con las huelgas de trabajadores o trabajadores del sector, así como para explicar si ha existido coste de hospedaje", lamenta.

A ojos de Mulet, el presidente Sánchez "ha actuado como un nuevo rico al abusar del Falcon presidencial, pero ahora actúa como representante de la vieja política y suspende en transparencia al no dar la mínima explicación. Ninguna de las preguntas efectuadas afectan a la seguridad, más cuando hablamos en algún caso de usos de hace siete años". Entre sus preguntas, el senador había aprovechado para cuestionar al Gobierno por el uso de estos aviones desde 2011, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno.

"Gasto en vino y en licores"

Para la única pregunta que Mulet tuvo una respuesta específica, breve y poco concreta en todo caso, fue cuando demandó una "relación del gasto en vinos, licores y catering diverso para el Falcon por año desde 2011". 

Sobre este punto, la Moncloa respondió que "las relaciones de cantidades solicitadas se corresponden, como siempre ha sido, con los gastos de catering de los vuelos".

En conversación con infoLibre, Mulet considera que la ley de secretos oficiales "es la excusa".

"Estamos hablando de cosas que han pasado. No afecta a la seguridad ni se pide que se desvelen datos que pongan esa seguridad en riesgo", relata.

El senador Mulet considera que en sus preguntas al Gobierno no demandó nada que no sea de interés general. "Se trata de dinero público. Es rendición de cuentas", sentencia. Además, considera que estamos ante un problema de "falta de voluntad". "Es falta de voluntad. No es un problema de legislación", mantiene al tiempo que recuerda que las respuestas que obtiene ahora, con el PSOE en el Gobierno, son las mismas que obtenía cuando preguntaba cuestiones similares al PP con Rajoy en la Moncloa. "No es cotilleo. Es interés general", concluye.

El diputado del Partido Popular José Antonio Bermúdez de Castro también se interesó, por escrito, por cuestiones relacionadas con este desplazamiento de Sánchez. Y, en tres de sus preguntas, obtuvo una respuesta calcada a la que recibió Mulet. Entre otras cuestiones, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados quiso saber por qué motivos pernoctó Sánchez en Castellón tras el concierto y qué responsable de seguridad aconsejó "evitar desplazarse en AVE, por carretera o en avión comercial". También, "la delegación" que viajó con Sánchez.

El debate sobre la ley de secretos oficiales

Fue el pasado marzo cuando la Mesa del Congreso desbloqueó una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales. La iniciativa había sido admitida a trámite a finales de 2016 pero había estado congelada por prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas.

En la sesión de control al Gobierno del pasado 19 de septiembre, el diputado de los nacionalistas vascos Aitor Esteban quiso interesarse por el estado de la cuestión en una pregunta al presidente Sánchez.

"¿No le parecen contradictorios los anuncios que está haciendo sobre la memoria histórica cuando su Gobierno no está dando ningún paso para modificar o minimizar en impacto de la vigente ley de secretos oficiales de 1968?", fue la pregunta registrada.

Sin entrar en cuestiones relacionadas con este asunto, el presidente mostró su conformidad a la hora de reformar la citada iniciativa y avanzó que el Ejecutivo estaba estudiando la posibilidad "de autorizar con carácter general la consulta de documentos integrantes del Archivo General Militar de Ávila".documentos integrantes del Archivo General Militar de Ávila

En respuesta, Aitor Esteban exigió ir mucho más adelante suprimiendo dos acuerdos, uno de 1986 y otro de 2010, en los que se han basado los sucesivos gobiernos a la horade "negar mucha información".

Por encima de la Ley de Transparencia

Es precisamente ese acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986 por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales al que recurre la Moncloa para no facilitar los detalles de los desplazamientos del presidente. Un acuerdo que, salvo excepciones, se impone a la Ley de Transparencia de 2013.

Ya en la réplica, Sánchez se mostró convencido de que se puede llegar a conjugar "la defensa de los intereses generales" y, de paso, "contribuir a la recuperación cabal de nuestra historia y al conocimientos de los asuntos públicos".

"Todos los Estados democráticos disponen de normas para proteger la información que pueda afectar gravemente a la seguridad del Estado y a la defensa de sus intereses generales y también contemplan un periodo de prescripción tras el cual esta información se desclasifica y se hace pública. Lo hace el conjunto de países de nuestro entorno y lo hace también España", justificó Sánchez su postura. 

Antedentes

El pasado enero, El País publicó la lista de los más de 500 pasajeros que habían volado en los aviones oficiales durante los últimos tres años. Una relación que veía la luz en aplicación de la Ley de Transparencia. En el listado figuraban, entre otros pasajeros, la hija del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que fue en vuelo oficial con su padre a Bruselas en el año 2016, e Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien la acompañó en su avión de Estado en un viaje a Australia en 2017.

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En esa misma información de daba cuenta de que, por ejemplo, el marido de la canciller alemana Angel Merkel se paga su billete cuando viaja en avión oficial. En Alemania, los viajes del consorte se enmarcan en la esfera de lo privado y deben ser pagados de su propio bolsillo.

La documentación facilitada no incluía los vuelos de Rajoy o de la Familia Real porque el Gobierno los había declarado secretos.

A mediados de 2009, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero recibió también duras críticas por usar un avión Falcon del Ejército para desplazarse a dos mítines del PSOE.