Memoria histórica

El Gobierno estudia reformas para que sea delito la apología del franquismo

Imagen de archivo de fascistas manifestados en el Valle de los Caídos.

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El Gobierno estudia reformar la Ley de Memoria Histórica para declarar ilegales asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo y quiere modificar el artículo 510 del Código Penal para que dicha apología se considere delito, informa Europa Press.

En una respuesta por escrito con fecha de 11 de octubre a una pregunta del senador de Comprimís Carles Mulet, el Gobierno subraya que en la reforma de la ley "se incluirán las modificaciones legales oportunas, para que se declaren ilegales las Asociaciones y

Fundaciones que realicen apología del franquismo, e igualmente se está estudiando la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir dicha apología como delito".

Mulet preguntaba concretamente al Gobierno sobre qué haría con las siguientes fundaciones: Fundación las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Ramiro Ledesma Ramos, Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Serrano Suñer.

Fundación Francisco Franco

Destaca sobre las ocho fundaciones la pregunta sobre la Fundación Nacional Francisco Franco, ya que, según detalla la pregunta el senador, no habían presentado las cuentas de 2008 a 2010, ni de 2002, ni de 2003. A esto, el Ejecutivo señala en su respuesta del 15 de octubre recogida por Europa Press que, "si en las actividades que desarrolle la fundación se encontraran por el Protectorado de Fundaciones indicios racionales de ilicitud penal, se daría traslado de los mismos al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente".

¿Es congruente pedir que se despenalice el enaltecimiento del terrorismo y reclamar que sea delito la apología del franquismo?

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Asimismo, el escrito del Ejecutivo recalca que "si se advirtiera una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, se podría solicitar de la autoridad judicial la intervención temporal de la fundación".

Además, el Gobierno responde al senador del Grupo Mixto que el Ministerio Cultura y Deporte "es el competente en materia de Protectorado de Fundaciones" y que "no puede dar información que afecte a la privacidad de una determinada fundación". Mulet ha lamentado esta respuesta por "contradictoria" y desde Comprimís destacan que el Gobierno de Mariano Rajoy sí que informó puntualmente siempre que se le pregunto sobre esas fundaciones.

Recuerdan también desde el Ejecutivo que la Ley de Fundaciones "atribuye al Poder Judicial, y no al Gobierno, la extinción de una fundación cuando concurran las causas establecidas en las leyes".

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