Armas bajo sospecha

El PSOE se opone a suspender la venta de armas a la dictadura saudí y critica que Alemania tome “iniciativas individuales”

Felipe de Borbón conversa con Mohámed bin Salmán, príncipe heredero saudí y principal sospechoso de haber ordenado el asesinato del periodista Yamal Jashogi.

Fernando Varela

El PSOE antepone los puestos de trabajo en la bahía de Cádiz, que dependen de la continuidad del contrato de construcción de cinco fragatas para Arabia Saudí, a la presión contra la monarquía absoluta de Salmán bin Abdulaziz para que dé explicaciones sobre la desaparición y asesinato del periodista Yamal Jashogi en Estambul (Turquía). Esa es la posición que defendió este martes en la Comisión de Defensa del Congreso el diputado socialista sevillano Antonio Gutiérrez Limones, según el cual “las decisiones que se tomen tendrán que ser colectivas, como miembros de la Unión Europea, no valen iniciativa individuales como ha tomado Alemania”, que el lunes anunció la suspensión de la venta de armas al régimen saudí y pidió a sus socios de la Unión Europea que hiciesen lo mismo.

Gutiérrez subrayó que España es un país que “cumple sus compromisos y asume los acuerdos internacionales” y sugirió que “lo más fácil seria esperar y apoyar las medidas que se pueden tomar contra Arabia Saudí” en el marco de Naciones Unidas o de la Unión Europea.

El portavoz socialista apoyó en nombre del PSOE la creación de “un régimen global de sanciones en la UE contra quienes abusen de los derechos humanos en todo el mundo”y sugirió que no “sería lógico castigar nosotros a Arabia Saudí cerrando una factoría que genera 6.000 puestos ese trabajo en nuestro propio país”.

Gutiérrez pidió a los demás grupos “un poco de responsabilidad. Estamos jugando con una de las zonas más deprimidas, con mayor desempleo, como 6.000 puestos de trabajo. Creo que nosotros no podemos anticipar una respuesta colectiva como Unión Europea”.

El portavoz socialista reveló la posición de su grupo en el debate de una propuesta de Compromís que reclamaba, entre otras medidas, “embargar la venta de armas a Arabia Saudí, como solicitó el Parlamento Europeo en una resolución del pleno de la Eurocámara en noviembre de 2017, o a cualquier otro Estado cuando exista un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

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La posición contraria del PSOE a esta petición se sumó a la de PP, lo que determinó que la Comisión de Defensa del Congreso acabase rechazando  —con la abstención de Ciudadanos— pedir al Gobierno que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí. Aunque sí  acabó abogando por reforzar los controles del material exportado a otros países para garantizar que no se utiliza vulnerando los derechos humanos ni la legislación internacional. A favor votaron PDeCAT, ERC, Unidos Podemos y Compromís.

Los socialistas también se opusieron no sólo al embargo de armas a la dictadura saudí sino a revisar la legislación para “reforzar los mecanismos de trasparencia, control de las exportaciones, el control parlamentario y donde se tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil”, así como a “reforzar los controles sobre las exportaciones y sobre la retransferencia de armas, así como llevar a cabo las investigaciones en profundidad pertinentes que esclarezcan cualquier tipo de duda ante las denuncias de presuntas violaciones de la legislación sobre la venta de armas por parte del estado español cuando exista el riesgo de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

 

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