Sánchez se ampara en la ausencia de un embargo internacional y en el desempleo en Cádiz para seguir vendiendo armas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este miércoles en el Congreso que su Gobierno no suspenderá la venta de armas a Arabia Saudí. Ni ante las evidencias acerca de su utilización por parte de la dictadura del golfo en la guerra civil de Yemen ni como medida de presión para que los autores e inductores del asesinato del periodista Yamal Jashogi.

Y no lo hará, explicó, por “responsabilidad” y porque en política no siempre “los ideales se pueden hacer realidad”. Su principal preocupación en estos momentos, subrayó, son las empresas españolas que operan en Arabia Saudí y los trabajadores de la Bahía de Cádiz, una zona deprimida y castigada por el desempleo, en donde 6.000 empleos dependen de la construcción de fragatas para la dictadura saudí.

Sánchez admitió la gravedad de los hechos por los que está siendo acusada Arabia Saudí, pero apeló al comercio internacional de armas como “un ejemplo de la complejidad de la política”. Por eso pidió expresamente a todos los partidos, y en especial, sin mencionarlo, a Unidos Podemos, que es quien encabeza la solicitud de un embargo, “que tengan en cuenta el peso de las relaciones estratégicas con otros países”. “Hoy y aquí”, concluyó, tengo que estar en la defensa de los intereses de España y en la defensa de sectores estratégicos afectados por el el desempleo”.

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias,no estuvo de acuerdo. En su primera intervención aseguró que España tiene “dos problemas muy graves”: su relación con Arabia Saudí, condicionada por la relación “impresentable” de la monarquía española con el “régimen criminal” de Salmán bin Abdulaziz. Iglesias defendió, en contra de los afirmado por el presidente, que sí es posible suspender al venta de armas a Arabia Saudí simplemente aplicando el derecho español, porque incumple la legislación que regula esta materia.

“Hay que revocar los contratos del anterior Gobierno porque la ley obliga” a hacerlo. Y, para evitar las consecuencias económicas de esa decisión, “hay que buscar un comprador alternativo” para las fragatas de Cádiz y, “si no aparece, demostrar que la cuarta economía de la Unión Europea puede asumir la carga de trabajo en los astilleros”. Respetar los derechos humanos “tiene costes”, asumió el líder de Unidos Podemos. “Y si hay que pagar una factura, la pagamos todos apostando por el sector industrial de los astilleros”, no sólo los trabajadores de la Bahía de Cádiz.

“Yo sé que en el fondo está de acuerdo y sabe que no debemos vender armas” a Arabia Saudí y que se pueden revocar los contratos”, aventuró Iglesias. “Sé que está recibiendo enormes presiones, pero le pido que rectifique y dé una lección que los ciudadanos le van a agradecer: que estamos dispuestos a defender derechos humanos” y apostar al mismo tiempo por una “política industria seria”.

Al lado del presidente, en cambio, se posicionó esta vez el líder de Ciudadanos. Albert Rivera defendió el mantenimiento de los contratos de venta der armas a Arabia Saudí y, aunque no lo explicó, aseguró que esta decisión es compatible con la defensa de los derechos humanos.

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Rivera, sin embargo, criticó la ausencia de una propuesta de Sánchez sobre el futuro de este comercio. “Hay que replantearse qué hacemos en el futuro. ¿Miramos hacia otro lado? ¿No vigilamos? ¿Tenemos una posición común?”, preguntó. La cuestión, sostuvo, es “si Europa debe tener una cláusula de derechos humanos en la venta de armas”.

Y, al igual que el líder del PP, Pablo Casado, el presidente de Cs se desentendió el resto de su intervención de Arabia Saudí y se concentró en exigir al presidente que defienda los derechos humanos en Cuba, durante la visita que va a realizar a la isla, y que apoye que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea juzgado en el Tribunal Penal Internacional.