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Abuso sexual

El Ejército expulsa a Alfonso Jesús Cabezuelo, el soldado de La Manada condenado por abusos sexuales

  • El militar del Ejército de Tierra, Cabezuelo, se encontraba en servicio activo desde su puesta en libertad condicional, sin posibilidad de asignación de destino
  • Tras valorar el Ministerio de Defensa el artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar, ha hecho público un comunicado en el que zanjaba su expulsión de las Fuerzas Armadas
  • El guardia civil de La Manada, Guerrero, espera sentencia firme y según el Cuerpo su caso"no es el mismo" según una Ley de la Carrera Militar

infoLibre
Publicada el 25/10/2018 a las 09:38 Actualizada el 25/10/2018 a las 20:26
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Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los componentes de la manada a su salida del juzgado de guardia de Sevilla, uno de los requisitos impuestos por la Audiencia Provincial de Navarra que les permitió abandonar la cárcel bajo fianza.

Alfonso Jesús Cabezuelo, el exsoldado del ejército de Tierra y uno de los componentes de 'La Manada' a su salida del juzgado de guardia de Sevilla, en libertad provisional bajo fianza por el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra.

El soldado del Ejército de Tierra Alfonso Jesús Cabezuelo condenado por los abusos sexuales cometidos contra una joven en los Sanfermines de 2016 junto con otras cuatro personas, ha causado baja en las Fuerzas Armadas, ha informado el Ejército en una nota de prensa. Según informa Europa Press.

En la actualidad se encontraba adscrito administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla en la situación de servicio activo sin posibilidad de asignación de destino. La Audiencia de Navarra condenó en abril a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada', a los que absolvió del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

El Ministerio fiscal pidió para los acusados 22 años y 10 meses de prisión por agresión sexual, además de por un delito contra la intimidad y por robo con intimidación; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, habían pedido la absolución de los cinco acusados.

Los acusados, naturales de Sevilla, estuvieron en prisión desde que fueran detenidos como presuntos autores de los hechos, que tuvieron lugar el 7 de julio de 2016 después de que se desplazaran a Pamplona con motivo de los Sanfermines y conocieron en la noche del 6 al 7 de julio a la víctima, una joven madrileña.

En junio, los condenados quedaron en libertad según un auto de la Audiencia navarra, aunque en la actualidad uno de ellos sí está en prisión al ser acusado del robo de unas gafas de sol en un establecimiento en Sevilla.

El abogado dice que la expulsión del militar "no es firme"  

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado que ejerce la defensa del soldado, Agustín Martínez Becerra ha reaccionado al comunicado emitido por el Ministerio de Defensa como solución al expediente administrativo incoado en contra del militar por un delito doloso derivado de la condena que pesa sobre él, cuando dicha sentencia está pendiente de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el que resuelva los recursos interpuestos contra la misma.

Según el Ministerio de Defensa, Cabezuelo se encontraba en situación de servicio activo desde que la Audiencia de Navarra decretase su puesta en libertad condicional junto a los restantes miembros del grupo de WhatsApp de La Manada, en espera de que mediase sentencia firme sobre el asunto, siendo adscrito a la Subdelegación de Defensa de Sevilla. Sin embargo, el militar no recibió destino alguno al aplicar el Ministerio de Defensa el artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar, que permite adoptar esta decisión tras una condena y valorando "los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio".

Ante el mencionado comunicado, el abogado del militar de La Manada ha advertido de que la resolución del Ministerio, que zanja la expulsión de su cliente de las Fuerzas Armadas, se formaliza pese a que aún no media una sentencia firme sobre el asunto. A su juicio, la condena "en primera instancia" emitida por la Audiencia de Navarra y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad "no puede ser tomada como una verdad absoluta", lo que le ha llevado a criticar esta "aplicación extensiva e injustificable" de las normativas, más aún cuando la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, "es miembro de la carrera judicial".

El abogado del soldado ha advertido este jueves de que la resolución del Ministerio de Defensa relativa a su expulsión de las Fuerzas Armadas "no es firme" y ha criticado una estrategia de "marketing político, populista y propagandístico" que, a su juicio, impregna la difusión de una nota de prensa "con el nombre y los apellidos" del citado militar. Estima que la actuación del Ministerio vulnera "de forma flagrante la Ley de Datos y la protección que esta persona sigue mereciendo". Ha afirmado también que la propia resolución de expulsión es recurrible tanto en el plano administrativo, como por la vía Contencioso Administrativa, por lo que se trata de una decisión que aún "no es efectiva".

El caso del guardia civil, Guerrero, es diferente

El guardia civil miembro de La Manada, Antonio Manuel Guerrero Escudero, no puede ser expulsado del Cuerpo hasta que haya sentencia firme sobre el abuso sexual cometido a la joven víctima en las fiestas de los Sanfermines en 2016. La condena por abusos sexuales fue recurrida tanto por la víctima como por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Pamplona, pero el caso del Guardia Civil, Guerrero, no es el mismo, según argumentan desde el Cuerpo.

Jesús Cabezuelo tenía compromiso con las Fuerzas Armadas hasta cumplir los 45 años, lo que se denomina Compromiso de Larga Duración (CLD). Esto ha hecho posible que el Ministerio de Defensa haya decidido rescindir este compromiso, en virtud de la Ley de Tropa y Marinería. Sin embargo, esa figura de contrato temporal no existe en la Guardia Civil, por lo que el Cuerpo no puede decretar la expulsión de Guerrero sin sentencia firme, según el artículo 3.2 de la Ley de la Carrera Militar. Desde su salida de prisión el pasado mes de junio, el guardia civil se encuentra en situación de servicio activo aunque no se le ha asignado ningún destino.
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