Precariedad laboral

Empleadas del hogar, camareros y temporeros en España sufren un alto nivel de trato humillante, según un estudio de Cáritas

Un temporero en la vendimia.

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Un 12,5 por ciento de personas empleadas en el hogar, la hostelería y la agricultura acompañados por Cáritas aseguran haber recibido un trato humillante, un porcentaje que aumenta hasta el 22,5 por ciento entre los temporeros, según el informe de Cáritas Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar.

El estudio, que se ha presentado este jueves 25 de octubre en la sede de Cáritas Española, se basa en más de 900 entrevistas realizadas en toda España a temporeros, empleados de la hostelería y trabajadores del hogar.

El director del área de Comunicación de Cáritas, Paco Cristóbal, ha indicado que en estos tres sectores han detectado situaciones de "explotación y vulneración de derechos" que se han "arraigado" y a las que la población española se ha "acostumbrado".

Entre las conclusiones del estudio, destaca que un 30 por ciento de los trabajadores de estos tres sectores cobran menos del salario que les correspondería legalmente, que el 24 por ciento realiza horas extra no remuneradas y que el 50 por ciento de los temporeros cobran todo o parte del salario en "negro". Cáritas considera especialmente preocupantes las vulneraciones penales. En concreto, de los datos se desprende que un 10 por ciento de los encuestados han sufrido amenazas, situaciones de violencia física y retención de su documentación.

Además, atendiendo a las vulneraciones graves de tipo penal en el sector agrícola, que sufren un 22,5 por ciento de los trabajadores consultados, Cáritas alerta de que detrás de este porcentaje "hay posibles situaciones de trata con fines de explotación sexual". En cuanto a la situación administrativa de los empleados, el informe constata que en el sector de la agricultura es donde hay más trabajadores extranjeros en situación irregular (25,8 por ciento), frente al casi 3 por ciento de los empleados del hogar y un 1 por ciento de la hostelería.

La experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española, Hilde Daems, ha precisado que tener un permiso de trabajo "no excluye" a los trabajadores de la posibilidad de sufrir vulneraciones de derechos laborales, pero ha añadido que "encontrarse en una situación administrativa irregular incrementa el riesgo de sufrirlas".

Denuncian la vulneración de derechos laborales

Además, el estudio revela que el 25 por ciento de los entrevistados es consciente de que se están vulnerando sus derechos, pero solo un 5 por ciento se ha atrevido a denunciar. El resto no lo hacen por miedo a perder el empleo o porque creen que no merece la pena, según ha puesto de manifiesto Daems, quien ha hecho una llamada de atención para acabar con la "normalización" de estas vulneraciones.

Ante esta situación, Cáritas urge en el ámbito legislativo a que España ratifique el Convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de 2011 y a incluir a estos empleados del hogar en el Régimen general de la Seguridad Social, promoviendo la plena equiparación de derechos con el resto de trabajadores.

En el sector agrícola, la organización propone poner en marcha las medidas del Protocolo Vinculante P029 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, que entró en vigor en España el pasado 20 de septiembre, y modificar el Código Penal para tipificar de manera autónoma el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral.

Asimismo, sugieren revisar la disparidad en los convenios provinciales que regulan el sector. Con relación a los tres sectores, Cáritas avisa de que la actual Ley de Extranjería impide el ingreso al mercado laboral de los extranjeros en situación irregular, lo que "les aboca al empleo sumergido, con todo tipo de abusos y vulneraciones".

En este contexto, plantea la necesidad de "flexibilizar el sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo desvinculando dicho permiso con el territorio o la actividad" y considera que sería positivo "replantearse el acceso a autorizaciones de residencia de personas que ya están en España pero en situación irregular". Además, urgen a impulsar una Ley Integral contra todas las formas de trata.

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En primera persona

Durante la presentación de los resultados del informe, ha intervenido Samira El Allali, una mujer de origen marroquí de 40 años que lleva 13 viviendo en España. Empezó como trabajadora del hogar en domicilios y ha denunciado lo "mal valorado y poco remunerado" que está este trabajo para la cantidad de labores que desempeñan -cuidado de mayores, limpieza, enfermería, trabajo social, psicología-, aunque reconoce que ella ha vivido experiencias tanto positivas como negativas. Actualmente, trabaja en una Fundación que acompaña a personas refugiadas.

Por su parte, desde la empresa agrícola Berries de los Mimbrales (Huelva), que ha participado en un proyecto con Cáritas para ofrecer a las personas que viven en los asentamientos un trabajo decente y una vivienda digna, su director financiero, Eugenio Zambrano, ha explicado que con esta iniciativa han querido "romper una barrera". En Berries contrataron a 25 subsaharianos y Zambrano ha asegurado que el proyecto "funciona" no solo desde el punto de vista de la RSC sino también desde la perspectiva económica. "Son trabajadores responsables que quieren un futuro", ha zanjado.

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