Lesmes debilita aún más al juez que ordenó revisar la sentencia de las hipotecas al desmarcarse de su decisión y pedir disculpas públicas

La posición de Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo y que el viernes ordenó revisar el nuevo criterio que asigna a la banca la obligación de pagar el impuesto de las hipotecas, se ha debilitado aún más tras la intervención pública con que el presidente del tribunal, Carlos Lesmes, se desmarcó este jueves de lo sucedido.

A primera hora de la mañana y ante un grupo de periodistas, Lesmes pidió  disculpas públicas por cómo ha gestionado el Supremo este asunto, afirmó su desacuerdo con la convocatoria de un pleno de la Sala de lo Contencioso para abordar los recursos pendientes sobre esa misma materia y, en respuesta a una pregunta, remarcó que no ha recibido ninguna llamada de ningún banco.

El presidente del Supremo contó a los periodistas que, el viernes de la semana pasada, aconsejó a Díez-Picazo que difundiese una "nota aclaratoria" sobre la sentencia porque, a diferencia de la convocatoria de pleno, esa vía "no genera incertidumbre". Pero a Díez-Picazo "no le pareció oportuno, no estaba de acuerdo" y no solo se negó a hacer lo que le pedía Lesmes sino que convocó el pleno.

Las declaraciones de Lesmes, sorprendentes por cuanto ponen distancia oficial y pública con la decisión de un subordinado en medio de una crisis aguda de confianza ciudadana hacia el alto tribunal y le presentan así como una pieza aislada, intensifican los interrogantes sobre lo que sucederá en el pleno del 5 de noviembre.

El presidente del Supremo llegó a sugerir, aunque de manera vaga, que ese pleno, al que están llamados los 31 integrantes de la Sala de lo Contencioso, no tiene por objeto "revisar" el nuevo criterio. Según sus palabras, ha habido una "percepción" de que lo que se pretende es rectificar la doctrina marcada por la sentencia conocida el jueves de la semana pasada y por otras dos que le han seguido en la misma dirección. Pero esa percepción "no se ajusta a la realidad", dijo, aunque también recalcó que, como siempre, el pleno es "soberano".

Fuentes jurídicas sondeadas por infoLibre consideran improbable, por el riesgo de que ello dispare de manera exponencial la sospecha de parcialidad en favor de la banca, que la Sala busque alguna fórmula que implique tumbar el nuevo criterio en beneficio del que regía hasta ahora: que es el prestatario quien debe abonar el impuesto de escrituración de la hipoteca. Entre las hipótesis que estos días se abren paso figura la de que la sala circunscriba la posibilidad de reclamar la devolución a los clientes cuyas hipotecas lleven fecha, como máximo, de hace cuatro años. Cuatro años es el plazo a partir del cual caducan las eventuales reclamaciones tributarias.

Díez-Picazo llegó en julio de 2015 al cargo tras un proceso de designación cargado de polémica y durante el que su antecesor, el magistrado José Manuel Sieira, sugirió que Lesmes había movido hilos e intrigas para, de forma inédita, impedir que un presidente de Sala optase a un segundo mandato quinquenal.

Ahora, con el Supremo golpeado en su imagen por los pasos de Díez-Picazo, Lesmes ha abandonado a su suerte a quien fue uno de sus grandes protegidos. Al hombre, en resumen, a quien aupó a la cúpula de una sala clave al ser la encargada de dirimir los litigios que afectan al Gobierno y al conjunto de las administraciones públicas. 

El presidente del Supremo trazó una defensa del perfil del magistrado que sonó más fría que tibia y con la que volvió a poner distancias y a señalarle en la práctica como único responsable del laberinto en que se ha enredado el alto tribunal. Es "un buen jurista", dijo, y ha realizado una labor "encomiable". "Yo, desde luego, no le voy a pedir su dimisión", remató. En línea con la diplomacia política habitual, podía haber dicho, por ejemplo, que el magistrado sigue teniendo todo su apoyo. O que no hay ningún motivo para pensar siquiera en que deba abandonar el cargo. Pero no lo hizo. 

De momento, no hay ningún signo de que Díez-Picazo se proponga marcharse. "Pero después de las palabras de Lesmes –analizaba este jueves un jurista que presta servicio en el Supremo– sabe que tiene enfrente no solo a quienes ya eran sus detractores sino también a los fieles al presidente del tribunal".

Sobre la mesa del Supremo está, además y pendiente de ser admitida o rechazada ahora por la llamada sala del 61, la querella por prevaricación de Podemos contra el presidente de la Sala de lo Contencioso. La querella destaca como causa de un potencial conflicto de intereses el hecho de que, como desveló infoLibre, Díez-Picazo permaneciera seis cursos contratado como profesor de Cunef, un centro universitario propiedad de la banca.

Archivada este jueves por la Sala de lo Penal con el argumento de que es la del 61 la que tiene encomendada la instrucción de cualquier acción penal que afecte al presidente de una sala, y presentada nuevamente de inmediato con la única diferencia del encabezado, la denuncia reclama al tribunal que obtenga el listado de llamadas recibidas por el juez entre el 16 de octubre, fecha en que la Sección Segunda de lo Contencioso dictó la primera de las tres sentencias que obligan a los bancos a asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y el 19 de octubre, que es cuando anunció la convocatoria de un pleno de la Sala por la "enorme repercusión económica y social" de esa sentencia.

Una gestión "deficiente"

La caída en desgracia de Díez-Picazo se constató en cuanto Lesmes se colocó frente a los micrófonos. En un encuentro con periodistas al comienzo de la jornada de puertas abiertas de la institución, el magistrado reconoció que ha habido una gestión "deficiente" del asunto y que ese error ha causado un "gran daño reputacional" y una desconfianza hacia el alto tribunal, institución que lleva "206 años trabajando, ni a favor ni en contra de ningún sector", la misma –recordó– que ha liquidado las cláusulas suelo y que no se merece sufrir descrédito.

El presidente del Supremo relató cómo a lo largo del jueves de la semana pasada, cuando se hizo pública la sentencia que atribuye a las entidades financieras, y no al cliente, el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso, cuya sección segunda es la que emitió el fallo. Díez Picazo –narró con detalle inusual Lesmes– le explicó que había tenido conocimiento de la resolución de la sección segunda por la prensa, y que ciertos medios habían comenzado a difundir "cuestiones inciertas, como si eran las comunidades autónomas las que tenían que hacerse cargo del impuesto, o los bancos directamente".

El viernes volvieron a hablar por teléfono. Y fue entonces cuando, según sus propias palabras, Lesmes sugirió a Díez Picazo que se redactase una nota aclaratoria, porque "no genera desconfianza sino que despeja incertidumbres, quizás no todas pero sí algunas", pero el presidente de la sala optó por convocar una reunión del pleno para el próximo 5 de noviembre y resolver así los asuntos pendientes.