El Ministerio del Interior acapara el 25% de las negativas a dar información en el Portal de la Transparencia

El Ministerio del Interior lidera las negativas a ofrecer información en el Portal de la Transparencia, una herramienta que cumplirá cuatro años el próximo 10 de diciembre y que constituye uno de los ejes de la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Del análisis de la información detallada que ofrece este portal se desprende que el 25% de las "resoluciones denegatorias" corresponden al departamento que hoy está en manos de Fernando Grande-Marlaska. En total, se detallan 210 casos entre marzo de 2015 y abril de 2017, cuando gobernaba el PP. Lidera el ranking Interior, con 53 expedientes publicados, y le siguen Fomento (37), Industria (27) y Economía (15). Entre quienes menos resoluciones denegatorias emiten se encuentran los departamentos de Sanidad (6), Educación (6) y Presidencia (2).

Intereses económicos y comerciales

La causa más esgrimida desde la Administración para no facilitar la información demandada por los ciudadanos es la de evitar un perjuicio a los intereses económicos y comerciales. En total, esta causa es mencionada por los distintos departamentos ministeriales en 58 de los expedientes. No obstante, a la hora de denegar información, pueden ser varios los motivos que se especifiquen. 

El punto 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que "las causas que pueden dar lugar a la denegación del derecho de acceso son aquéllas que puedan suponer un perjuicio" para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente".

Tras el perjurio para los intereses económicos y comerciales, las causas a las que más recurren los ministerios para dar carpetazo a las peticiones de información son la de preservar la seguridad pública y la de evitar un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Con 2.633 solicitudes de información, a fecha de septiembre de 2018, el de Interior es el ministerio que más recibe. Le sigue muy de cerca, con 2.591, el de Hacienda y Función Pública. En el otro extremo están la Casa del Rey (300) y la Agencia de Protección de Datos (186).

Los expedientes de Interior

Buena parte de las resoluciones denegatorias que fueron dirigidas al departamento de Interior evitaron facilitar información relacionada con la casa real.

"A cuánto asciende el gasto anual en seguridad de los reyes (don Felipe y doña Leticia)? También lo que se gasta al año en agua, luz y calefacción en la Zarzuela", podía leerse en una pregunta que entró en el registro del Ministerio del Interior el 9 de enero de 2015. 

El secretario de Estado de Seguridad respondió en febrero de 2015 lo siguiente: "La difusión de información relativa a la estructura, organización, medios, técnicas operativas de los servicios de seguridad pudiera afectar a la eficacia de los dispositivos de protección y, por tanto, poner en riesgo a las personas protegidas". Por este motivo, y apelando al apartado 1 del artículo 14 de la Ley de Transparencia, en sus párrafos d) y e), se resolvió no conceder el acceso a la información solicitada.

El primero de los apartados se refiere a la seguridad pública; el segundo, a la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

En el mismo mes, un ciudadano demandó una serie de datos sobre las Comisarías Especiales del Cuerpo Nacional de Policía (la de la Presidencia del Gobierno, del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional). Se le concedió de forma parcial. Reclamaba el presupuesto específico 2010-2015 de esas comisarías y el listado del todo el personal asignado a cada una de ellas. Respecto a la primera de las cuestiones, la respuesta fue que no existen partidas específicas para esas comisarías, pero que podía consultar la información presupuestaria de la Dirección Nacional de Policía en el Portal de la Transparencia y en el BOE.

Sobre el listado de personal, no se le facilitó escudándose en la Ley de Protección de Datos y el artículo 14. d) de la ley de Transparencia. "Entendemos que la difusión de los citados datos supone un perjuicio para la seguridad pública, al ir en detrimento de la eficacia en la aplicación de los recursos humanos y las técnicas operativas de los servicios asignados, pudiendo poner en riesgo a las personas destinadas en las citadas dependencias".

También se han negado datos sobre los aeropuertos de origen, de destino, escalas, tripulación a bordo y coste total de los vuelos de repatriación de inmigrantes entre los años 2011 y 2015. Y sobre los costes de los contratos de seguridad privada en los centros penitenciariosseguridad privada.

¿Unos límites demasiado amplios?

En el momento de la redacción de la Ley de Transparencia y de puesta en marcha del Portal, los partidos políticos de la oposición y colectivos en defensa de la transparencia en la administración pública ya mostraron sus reservas al considerar demasiado amplios los límites para el acceso de la información.

Como norma general, las resoluciones dictadas son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de una reclamación previa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Desde la puesta en marcha del Portal de la Transparencia hasta el 30 de septiembre de 2018 –últimos datos que se facilitan– se han presentado un total de 1.159 reclamaciones antes el CTBG. De ellas, 464 fueron desestimadas o inadmitidas.

Algunas de estas quejas se saldan con el éxito de los demandantes y con una resolución judicial que obliga a las instituciones a quitar el velo de los datos demandados. Pero el Estado pelea en muchos de los casos para que la información siga guardada en un cajón, oculta a los ciudadanos. La base de datos del CTBG contabiliza 45 recursos de la Administración General del Estado contra sus resoluciones desde 2015.