La derecha redobla su retrato de Sánchez como rehén del 'procés' y el Gobierno endurece el discurso en defensa del Estado

El inminente pronunciamiento de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado sobre si los nueve dirigentes independentistas encarcelados deben o no ser acusados de un delito de rebelión ha movilizado a la derecha —Partido Popular y Ciudadanos— y a sus aliados mediáticos para denunciar un presunto intento del Gobierno de Pedro Sánchez de presionar al poder judicial, y en especial al Supremo, cuestionando supuestamente la acusación más grave que pesa contra ellos: haberse alzado violentamente para conseguir la independencia de Cataluña. Por este delito han sido imputados el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y los exconsellers  Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

El líder del PP, Pablo Casado, acusó directamente al Gobierno de España de estar “deslegitimando la labor del Tribunal Supremo”. Según el líder conservador, el Ejecutivo “sin ningún tipo de pudor y rubor", se ha "movido" para aparcar la rebelión y "para ir sólo por malversación" contra los dirigentes independentistas. Sin aportar una sola prueba de la existencia de estas presiones, Casado aseguró este viernes que el alto tribunal se ha "quejado de esas interferencias explícitas”, en referencia a una información del diario El Mundo en el que habla de quejas del Supremo sin citar a ninguno de sus integrantes.

En términos equivalentes se expresó a su vez el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, según el cual el presidente ha cometido una "injerencia intolerable" en la labor del Poder Judicial respecto a la causa contra el proceso independentista. De nuevo sin citar una sola prueba de sus afirmaciones, el líder de Cs afirmó que “parece que está habiendo presiones" por parte de miembros del Ejecutivo, incluido el presidente, para intentar "modificar la voluntad del poder judicial". “Le pido a Sánchez que saque las zarpas del Gobierno de la Justicia", añadió.

La ofensiva de la derecha se basa en las intervenciones públicas protagonizadas en los últimos días por el presidente y su número dos en el Gobierno, Carmen Calvo. Sánchez, en un debate parlamentario celebrado el pasado miércoles, y en el contexto de un toma y daca entre el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y el líder del PP, Pablo Casado, en torno a si lo ocurrido el año pasado en Cataluña fue o no un golpe de Estado, recordó una intervención del exministro conservador Francisco Trillo del año 1994 en el que este defendía que para hablar de golpe de Estado era necesaria la intervención de militares armados o de civiles armados siguiendo instrucciones de la milicia. Esta intervención, en la que Sánchez coincidió con Esteban en que la declaración unilateral de independencia no fue un golpe de Estado, fue interpretada en algunos medios como que el presidente no creía que hubiese habido rebelión. Y eso que este mismo viernes Ciudadanos y el PP difundieron el fragmento de una entrevista en televisión fechada semanas antes de la moción de censura, cuando Sánchez aún no había asumido la jefatura del Gobierno, en las que el ahora presidente afirmaba estar convencido de que los acusados cometieron un delito de rebelión.

Del mismo modo, la afirmación de Carmen Calvo en una entrevista radiofónica de que un “golpe de Estado requiere de unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas”, fue interpretado en el mismo sentido.

Es de ambas intervenciones de donde la derecha ha extraído la teoría de que el Gobierno está presionando al Poder Judicial. De nada sirve que desde hace meses el Ejecutivo se haya negado públicamente a atender la petición de los independentistas para presionar a la Fiscalía, aunque eso impida aprobar los Presupuestos para 2019, ni que sus miembros se hayan negado a opinar sobre las decisiones que han ido tomando el juez instructor del procés y la Sala de los Penal del Supremo: PP y Ciudadanos repiten un día sí y otro también que el Gobierno está intentando influir no sólo en el Ministerio Fiscal sino también en el Supremo.

A pesar de las afirmaciones de Casado, Rivera y algunos medios, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, confirmó que el Ejecutivo no tiene planes para promover ninguna reforma del delito de rebelión en el Código Penal y aseguró que se limita a estar “a la espera de conocer, como el resto de los ciudadanos, las calificaciones que puedan hacer la Fiscalía y la Abogacía del Estado” en relación con el caso del procés. La Fiscalía, insistió repetidamente en respuesta a las preguntas de los periodistas desplazados a Sevilla para cubrir la rueda de prensa del Consejo de Ministros, “no recibe instrucciones del Gobierno, actúa en defensa del interés general” y tiene autonomía en sus decisiones. “Jueces y fiscales son independientes”.

Celaá negó expresamente, cuando fue preguntada al respecto, la existencia de presiones sobre el Poder Judicial. “El Gobierno no ha hablado para nada del Poder Judicial ni pretende orientarle hacia ninguna parte”, recordó.

En este asunto, insistió la ministra, “el Gobierno se mantiene imparcial. Corresponde a los jueces y fiscales” tomar decisiones. “El Gobierno no marca el paso a nadie” y si “los tribunales son independientes no tiene porque alterar su paso”. Ni tampoco necesita hacer “gestos” hacia Esquerra y el PDeCAT, precisó cuando le preguntó una informadora. “Conocen los independentistas que el Gobierno no entra a determinar las decisiones del Poder Judicial”.

En este contexto, responsables de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) consideraron este viernes en respuesta a a preguntas de la agencia Europa Press que el momento actual para iniciar un debate político sobre el delito de rebelión es "inoportuno", ya que se puede entender como una presión a los jueces del Tribunal Supremo. Cristina Dexeus (AF) aseguró que las palabras de Sánchez y Calvo “no son prudentes porque pueden suponer una cierta presión, una cierta injerencia en lo que se está haciendo”. Miguel Pallarés, en nombre de AIF, consideró “inoportuno” que los políticos hagan cualquier tipo de declaración sobre este asunto. En la misma línea, Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente (FJI), instó al Gobierno a que se "abstenga" de hacer "cualquier tipo de comentario”.

Jueces “profesionales” y “celosos de su independencia”

En cambio, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González Vega, considera que el debate político, que es "abierto y libre", no significa ningún tipo de presión a los jueces. "Si la hubiera no me cabe la menor duda de que los miembros del Tribunal Supremo serán los primeros en ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial". "Los jueces del Tribunal Supremo son unos jueces profesionales, de acreditada experiencia, y son celosos de su independencia", subrayó González Vega.

En nombre del Gobierno, y en medio de esta ofensiva para señalar al Ejecutivo, su portavoz, Isabel Celaá, insistió una y otra vez en que la Fiscalía es una organismo independiente que tomará con absoluta autonomía la decisión que considere oportuna en relación con los dirigentes independentistas encarcelados —tiene de plazo hasta el próximo viernes—. E incluso aseguró que el Gobierno no ha dado a la Abogacía del Estado ninguna instrucción sobre este procedimiento más allá de que pedirle que adopte en este caso la decisión que considere más adecuada aplicando únicamente criterios técnicos y jurídicos.

Paradójicamente, las acusaciones de la derecha que intentan retratar al Gobierno como un rehén de los independentistas, coincide con un endurecimiento de la posición del Ejecutivo en relación con los soberanistas. Este viernes, el Consejo de Ministros decidió, en contra de la recomendación del Consejo de Estado, impugnar ante el Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña que el 11 de octubre reprobó la figura de Felipe de Borbón y cuestionó la monarquía.

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El recurso se basa en que, según el Gobierno, la resolución “supone un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlament de Cataluña de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional”. Y eso que el Consejo de Estado sostiene que se trata de una iniciativa de “naturaleza netamente política y no jurídica, pues no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos de ningún tipo”, por más que represente “un grave atentado al principio de lealtad institucional” y “una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra”, además de suponer “una total falta de respeto hacia la más alta Magistratura del Estado”.

La votación del Parlament sobre Felipe de Borbón ha abierto la puerta a resoluciones similares, a favor y en contra, en otras instituciones. Este mismo viernes el Ayuntamiento de Barcelona acordó en una resolución institucional "rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre" y apostó por la abolición de la monarquía. La declaración, promovida por la CUP, ha sido firmada por los concejales de Barcelona en Comú de la alcaldesa Ada Colau, por el  PDeCAT, ERC y dos concejales no adscritos. Cs, PSC y PP se  negaron a firmarla.

En el sentido contrario, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción del PP, apoyada por Ciudadanos y rechazada por Participa e IU, ante la que el PSOE se abstuvo, que reclama la defensa de los "símbolos" nacionales y de la monarquía parlamentaria, el español como "lengua vehicular y común" de la enseñanza en todas las comunidades autónomas y pide la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña "con la amplitud y duración que se requiera”.