Las ONG critican el reparto de menores migrantes solos: refleja el "egoísmo" de las comunidades autónomas

Sólo 199 de los 4.835 menores migrantes no acompañados registrados en 2018 en los sistemas de protección oficiales serán recolocados en otras autonomías. Es decir, el 4%. Las comunidades autónomas no han ofrecido más plazas. Han tenido tres semanas de margen –una más de lo previsto– para ofrecerse solidariamente a acoger a los miles de niños y niñas que han llegado durante los primeros nueve meses del año a nuestro país y que han generado un colapso del sistema de acogida de aquellas autonomías que, por situación geográfica, se han visto obligadas a tutelarlos. Especialmente de Andalucía, cuyos centros, como denunciaron las organizaciones, se veían saturados ante la llegada de 3.412 menores, según las cifras que maneja el Gobierno. 

Este reparto llegó con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto que permite la financiación de 40 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas por el "incremento del número de menores no acompañados acogidos durante el 2018". Los fondos, según explicó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, están destinados a "sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre comunidades autónomas".

De esta manera, explicaron desde el ministerio dirigido por María Luisa Carcedo, el sistema de reparto de fondos se basará en dos criterios. Por un lado, en función del "incremento" del número de menores inscritos entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior. Así, tal y como detalló la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, 38 millones se repartirán entre las autonomías que ya hayan tutelado o que se hayan ofrecido a colaborar en el reparto y los dos millones restantes se emplearán para "cubrir gastos derivados de la atención a los menores en comunidades que puedan sufrir un incremento estacional a partir de septiembre".

Por otro lado, a través del segundo criterio, las comunidades que acojan a menores de otras autonomías recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento, justifican desde la institución, "de la solidaridad mostrada".

Este concepto, el de solidaridad, es precisamente el que criticaron las ONG cuando la Mesa de coordinación interautonómica sobre menores extranjeros no acompañados acordó gratificar a las comunidades que se mostraran dispuestas a colaborar en la acogida de menores. Nuestro país no cuenta con ningún mecanismo que obligue a las autonomías a tutelar a los niños y niñas que llegan a las costas españolas, puesto que esta competencia no es estatal. Por tanto, temían entonces, muchas regiones no ofrecerían plazas. 

Efectivamente, su pronóstico se ha confirmado. Tanto, que ni Madrid ni La Rioja han ofrecido una sola plaza. Y eso que ninguna de las dos comunidades han recibido ni una llegada en estos nueve meses. Aun así, la consejera de Políticas Sociales y Familias de la Comunidad de Madrid, Lola Moreno, ha tildado de "vergonzoso" que el Ejecutivo no le haya asignado ningún fondo en el reparto.

"Es muy triste, son regiones que cierran los ojos al hecho de que hay menores que están llegando a nuestro país y que necesitan ser protegidos", critica Maite Pacheco, directora de Sensibilización e Incidencia política de Unicef. 

Pero el "egoísmo" no es sólo de ellas. Para Jennifer Zuppiroli, técnica de incidencia política en migraciones de Save The Children, las cifras de reparto conocidas este viernes no son más que el reflejo de la falta de conciencia de las comunidades. "No se ha conseguido hacer que entiendan que este tema es una cuestión que va más allá de sus competencias específicas", lamenta. Es una cuestión, afirman las expertas, de derechos humanos. 

Un problema de competencias

La corresponsabilidad entre comunidades autónomas en la acogida de menores extranjeros no acompañados aprobada por el Gobierno ha sido batallada por Ceuta, Melilla y, sobre todo, Andalucía. Y es que la diferencia entre las llegadas que asumen, en comparación con el resto de España, es considerable. Según el informe Los más solos [que se puede consultar en PDF en este enlace] publicado por Save The Children el pasado mes de mayo, el 34,4% de los menores llegados a España en 2017 vivían en Andalucía. En términos absolutos, 2.209 niños, niñas y adolescentes. 

Pero este año, según la propia Carcedo, el Ejecutivo había observado un "repunte" de los menores que habían llegado a nuestro país sin la compañía de un adulto. La cifra que dio alcanzaba ya las 11.174 personas. 

Frente a la situación, pocas soluciones, denuncian las organizaciones. Lo que parecía ser un acuerdo positivo se ha convertido, en cambio, en un fracaso. "Se ha puesto de manifiesto que no se ha conseguido consensuar una solución a nivel nacional", se queja Zuppiroli. Y el problema, insiste, es de todo el país, no sólo de las comunidades que hacen frontera con las llegadas. 

Pacheco va más allá. Es cierto que es un tema competencial, pero el problema es que el asunto "ha obrado en contra de un ordenamiento jurídico superior, que es la Convención de Derechos del Niño". "Esta obra por encima de las competencias que otorga la Constitución", añade. 

"Que sólo 199 menores hayan sido repartidos saca a relucir lo difícil que es conseguir que las comunidades sientan que esta es una cuestión de todos", critica Pacheco. Porque el problema empieza en el mismo sistema de acogida tradicional. Tal y como recuerda, las ONG han demandado mejoras en numerosas ocasiones y han achacado el problema de la saturación actual a la falta de respuesta ante sus peticiones. "Si al sistema ya le faltaban cosas, con el flujo actual ha colapsado totalmente", afirma. 

Y esto, dice, no es más que el reflejo de la insolidaridad y la xenofobia que crece en Europa. "Si las comunidades no acogen, es porque muchos ayuntamientos no permiten que se construyan centros para ello en sus municipios, y esto al final es porque los ciudadanos no quieren", lamenta. 

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Andalucía recibirá –según los datos de Sanidad, que se pueden consultar aquí– 25,5 millones de euros de las ayudas para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados, el 67% de los 38 millones en subvenciones aprobados por el Gobierno, seguida por el País Vasco y Cataluña, con algo más de dos millones de euros cada una. Les siguen la Comunidad Valenciana, que en 2018 ha registrado un incremento de 268 niños, niñas y adolescentes y que recibirá dos millones de euros; Melilla, con un aumento de 173 personas y 1,3 millones de euros; y Ceuta, con 146 menores más y 1,1 millones de euros.

Por su parte, Castilla-La Mancha, con un incremento de 59 menores solos, recibirá 665.256 euros; Castilla y León, con 23 personas más, obtendrá 545.660 euros; Cantabria, con 59 migrantes más, obtendrá 534.448 euros del reparto; las Islas Canarias, con 58 más, dispondrá de 433.538 euros; y Galicia, con 32 más, recibirá 426.063 euros.

Por debajo de los 400.000 euros se sitúan Asturias, que ha registrado un incremento de 11 niños y dispondrá de 371.871 euros; Aragón, que ha recibido a 20 nuevos menores extranjeros en 2018 y que obtendrá 336.365 euros del reparto; Navarra, con 18 menores más y 227.981 euros; y Murcia, con un incremento de 12 personas y 89.697 euros.