El TS archiva la querella de Podemos contra Luis María Díez-Picazo

La Sala especial del artículo 61 del Tribunal Supremo ha rechazado, por carecer de relevancia penal, la querella presentada por Podemos contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, a quien el partido imputaba una prevaricación por haber llevado a un Pleno que se celebrará el próximo 5 de noviembre la decisión final sobre quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados –conocido como impuesto sobre de impuesto de hipotecas–, según ha informado Europa Press.

En una resolución de 16 páginas hecha pública este miércoles, el alto tribunal rechaza además resolver sobre la suspensión del Pleno de la Sala Tercera del lunes, al estimar que esta medida cautelar solicitada por Podemos no procede una vez se rechaza la acción penal.

En los razonamientos jurídicos de su auto, el Supremo respalda de forma rotunda la decisión de Díez-Picazo –que supuso dejar en el aire la resolución ya firme que una sección de la Sala había dictado sobre este asunto– y afirma que no existe prevaricación porque "no cabe duda alguna" de su competencia para elevar como hizo el asunto al Pleno de 31 magistrados que deliberará el lunes.

Complejidad y trascendencia social del asunto

Dicha facultad se recoge en el artículo 264 de la Ley Orgánica el Poder Judicial (LOPJ) y además, en este caso "es notoria la complejidad y trascendencia social" del asunto a debatir por los 31 magistrados que conforman la Sala Tercera. Cita un antecedente de 2006 en relación con un debate "que afectaba a una empresa energética de ámbito nacional".

Existe además, añade la Sala especial –que preside el propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes– una "disparidad de criterios jurídicos de fondo en el caso concreto" ya indicada por Díez-Picazo . "No puede afirmarse que se ha infringido el procedimiento legal porque se convoca un Pleno después de dictarse el fallo del asunto. Es precisamente ese fallo lo que justifica la convocatoria del Pleno al poner de manifiesto, como la propia querella describe, un "cambio jurisprudencial".

Añade que la circunstancia de que el asunto sea llevado a Pleno tras haberse fallado otro semejante con anterioridad "no es tampoco manifestación de irregularidad alguna", porque en una cadena de asuntos de características similares "nada impide que tal avocación a Pleno tenga lugar una vez ya resueltos alguno o varios de los procedimientos para que se pueda plantear de nuevo la cuestión en otros asuntos semejantes en el futuro".

"No caducan ni tienen un momento preclusivo para su ejercicio ni la facultad del presidente para convocar un Pleno por su propia iniciativa ni la potestad del Pleno para decidir 'ex novo' un asunto o para replantearse el criterio ya fijado con anterioridad".

"En definitiva, no cabe apreciar el más mínimo indicio de la comisión del delito de prevaricación", concluye. "Aunque es evidente que esta Sala Especia del artículo 61 de la LOPJ no es la competente para determinar la corrección jurídica del contenido de esta resolución, ello sin embargo no impide que podamos valorarla a los solos efectos de determinar si puede considerarse injusta, y hemos de concluir que no lo es".

Dice también la Sala que la existencia de un móvil espurio en el presente supuesto "carece de cualquier apoyo mínimamente objetivo y lógico" conforme al contenido de la querella, que se sustenta en notas de prensa.

Sobre las notas de prensa de asociaciones de jueces aportadas a la querella por Podemos, la Sala del 61 afirma que "más allá de mostrar la opinión de quienes las suscriben, poco pueden aportar sobre el supuesto carácter injusto de la decisión cuestionada por los querellantes, que no puede ampararse sin más en apreciaciones personales o en la mera discrepancia con la misma o con los argumentos que la sustentan".

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Recuerda finalmente que la absoluta libertad de criterio de los componentes del Pleno que se reunirán el próximo lunes, "salvo que se entienda que también el presidente de la Sala estaría en condiciones de controlar la voluntad de todos ellos", algo que ni se menciona ni se atisba en la querella "ni es verosímil dado el funcionamiento de un órgano jurisdiccional colegiado".

La querella, presentada inicialmente por error ante la Sala de lo Penal del Supremo y después remitida a la especial del 61, sostiene que Díez-Picazo habría podido incurrir en un delito de prevaricación judicial al convocar el Pleno para que se ratifique o corrija la jurisprudencia sobre el mencionado impuesto después de que una sección de esta Sala Tercera fallara que es el banco quien debe abonarlo, cuando en febrero el mismo tribunal sentenció que la responsabilidad correspondía al ciudadano.

Argumentaba Podemos en su querella que no hay precedentes "de que se convoque un Pleno de una Sala después de una sentencia "con la excusa de que tiene repercusión económica y social". "Claro que la sentencia tiene repercusión económica y social, pero una repercusión que ha sido favorable a los contribuyentes particulares prestatarios", apunta la organización que dirige Pablo Iglesias, para incidir en que, sin embargo, su decisión "beneficia únicamente a las entidades financieras y no al conjunto de la sociedad".